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Luego de años de lucha, las personas trans tendrán la posibilidad de acceder a puestos de trabajo estables en el Estado. Así se reconoce un derecho básico a un sector históricamente condenado a la marginalidad.

 

Texto Mariano Barragán.

 

Septiembre fue un mes histórico para la comunidad trans. El Poder Ejecutivo estableció, a través de un decreto, el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional. Esto significa que los cargos en el Estado deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1 por ciento por personas trans. Además de atender una urgencia, la medida se adelantó a varios proyectos de ley que aún esperan ser debatidos en el Congreso.

El primer antecedente lo había marcado la provincia de Buenos Aires. En 2015, el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses habían sancionado la Ley 14.783, que fijó el mismo porcentaje en la administración provincial para las personas trans que el decreto rubricado este año por Alberto Fernández.

Gracias al incansable trabajo de Lohana Berkins y Diana Sacayán, dos referentes históricas de la comunidad, fallecidas en 2016 y 2015, respectivamente, la normativa provincial tuvo pleno consenso y su sanción sirvió de faro para expandir esta reivindicación en todo el país. “Con Lohana y Diana comenzamos a militar el cupo laboral y nuestra lucha llevó a que hoy sea un tema a nivel nacional y municipal”, recuerda Daniela Ruiz, integrante de la Asociación Civil Siete Colores.

Dimensionar el cambio de paradigma no parece sencillo, sin tomar conciencia de la precariedad absoluta y los alarmantes índices de mortalidad que padecen las personas trans. En octubre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) realizó un relevamiento respecto de la Situación de los Derechos Humanos de las Travestis y Trans en la Argentina. Los resultados confirmaron que una de cada tres vive en hogares pobres, que el 83 por ciento fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial, que el 34 por ciento tiene VIH y que la expectativa de vida promedio de este colectivo es de tan solo 35 años. “Contar con vacaciones, obra social, aportes jubilatorios y derechos laborales garantizados es casi un sueño. Hoy tenemos un horizonte que años atrás no existía”, se emociona Ruiz.

 

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