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Un periodista argentino recorrió palmo a palmo ese país europeo antes de la invasión rusa y tejió vínculos con representantes de ONG internacionales. Una mirada sobre el costado social del conflicto que tiene en vilo al mundo.

 

Texto Ignacio Hutin.

 

Un hombre busca a su esposa desaparecida. Primero se perdió su hijo, detenido por las autoridades de la República Popular de Donetsk, en el oriente ucraniano; su mujer fue a buscarlo y la retuvieron también a ella. Al hijo pudieron ubicarlo, pero no a la mujer. Hoy sigue desaparecida. Jana Bauerova es Delegada de Comunicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ucrania y dice que, antes del inicio de los bombardeos rusos, había alrededor de 750 casos registrados de búsquedas de personas en todo el país. Aunque estima que tal vez hubiera más del doble de personas desaparecidas, considerando aquellas que no hicieron denuncias. “La búsqueda en sí es muy costosa y muchas familias han perdido su sostén económico. Es que, en Ucrania, a menudo es el hombre quien trabaja mientras que la mujer se ocupa de la casa, y alrededor del 80% de los desaparecidos son hombres, en general de 27 a 40 años. Un 40% de ellos son civiles. Pero también hay mujeres desaparecidas”, señala.

El Cicr tiene cinco subdelegaciones en la zona, tres del lado controlado por el gobierno ucraniano (Mariupol, Sloviansk y Severodonetsk), una en Donetsk y una en Lugansk, ciudades dominadas por separatistas. “Sabemos que muchas veces llaman a los familiares de desaparecidos y les piden dinero a cambio de supuesta información. Y ellos están desesperados, así que no es raro que terminen pagando. Nosotros advertimos que eso puede pasar, que es un fraude. Pero también consideramos este tipo de cosas entre los costos de la búsqueda”, dice Bauerova.

María Dolores Morcillo Méndez es la Coordinadora Forense Regional del Cicr. Es colombiana y llegó a Ucrania en enero de 2015, desde Chipre, en donde trabajaba en la identificación de cadáveres. Para ella, los familiares de desaparecidos se acercan al Cicr porque “no tienen respuestas de las autoridades o de la Policía. Hay falta de respuestas, pero también falta de confianza. Cuando las respuestas tienen inconsistencias o discrepancias, las familias dejan de creer en el sistema y ahí es cuando empiezan a buscar a otros. También nos buscan para suplir necesidades varias, más allá de la necesidad de saber qué pasó con sus familiares. Existen necesidades económicas, legales, administrativas, psicosociales. Entonces trabajamos paralelamente para que las autoridades incorporen programas para ayudar a las familias y, al mismo tiempo, ayudando a las familias nosotros mismos.”

Bauerova aclara que el objetivo del Cicr no es sustituir al Estado, sino trabajar en donde no hay estructura estatal, “donde nos damos cuenta que hay un hueco, una brecha.” Pero en el trabajo forense no es tan sencillo ocupar ese espacio. Recoger muertos, encontrar personas desaparecidas o identificar cadáveres sí debería ser responsabilidad del sistema médico legal local. El problema, dice Morcillo Méndez, es que el alto número de fallecidos  que hay en una guerra hace que un sistema no preparado colapse. Entonces hay falta de infraestructura, de coordinación, de información, de materiales.

Los miembros del Cicr y otras ONG no tenían mayores dificultades para cruzar de un lado al otro de la línea de contacto hasta el recrudecimiento de los combates. Morcillo Méndez dice que “en general trabajamos bien con las distintas autoridades, pero en lo que se nos permite. En el lado de Ucrania, las autoridades se han abierto poco a poco a escucharnos y permitirnos trabajar, pero hay limitaciones, existen estructuras muy burocratizadas que son difíciles de modificar. En el lado de Donetsk hemos tenido un poco más de aceptación. En Lugansk ha sido más complicado. El reto principal es lograr una aceptación de las recomendaciones que hacemos, pero no siempre es fácil. Por ejemplo, sabemos que hay nacionalidades que son más aceptadas que otras. Yo he tenido buena aceptación como colombiana, pero es más difícil para alguien de Estados Unidos”.

Roman, que prefiere no dar su apellido,  vive en Kiev y trabaja para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero hasta 2019 vivía en Sloviansk, una de las ciudades más grandes del oriente ucraniano que se encuentra bajo control del gobierno de Kiev, y a la que había llegado desde su Donetsk natal a comienzos de la guerra, en 2014. Trabajaba con la ONG checa People in Need y viajaba casi todas las semanas a pueblos en el frente de batalla a llevar alimentos y medicinas.

Su visión del conflicto está marcada por la experiencia en el tercer sector y pone el foco en la relación entre gobierno y sociedad civil: “Creo que lo que está haciendo el gobierno ucraniano es exactamente lo contrario a lo que podría resolver el conflicto. Nadie entiende que hay ciudadanos ucranianos al otro lado de la línea de contacto, ciudadanos que tienen los mismos derechos que los que viven de este lado. Lo mejor que podría pasar es que las personas en Donetsk volvieran a sentir que Ucrania es su hogar. Pero en lugar de eso se están construyendo nuevas fronteras y hacen insoportable cruzar las que ya existen”. La invasión rusa sólo potenció esa distancia.

 

 

Cómo conectarse

CICR Ucrania: Twitter @ICRC_ua

OIM Ucrania: iomkiev@iom.int

 

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