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La Red Federal de Talleres Protegidos de la Argentina reclamó al Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero que el Gobierno implemente acciones en beneficio de esas entidades que generan empleo para más de 10 mil personas con discapacidad en todo el país.

 

La agrupación, que nuclea a más de 160 Instituciones de la Sociedad Civil, conformadas como Talleres Protegidos “sumamos voluntades para defender la fuente de trabajo de casi 10000 personas con discapacidad en todo el país que encuentran en ellas su lugar de pertenencia y desarrollo laboral”, señalaron voceros de la Red.

Los Talleres Protegidos son entidades estatales o privadas que dependen de asociaciones civiles o fundaciones con personería jurídica, reconocidas como de bien público y sin fines de lucro, que tienen como finalidad la producción de bienes y/o servicios y cuya planta está integrada por personas con discapacidad mental y/o intelectual.  Mediante el Programa de Apoyo a los Trabajadores de los Talleres Protegidos del Ministerio de Trabajo (Programa 385), el Estado asiste a los trabajadores con discapacidad con un incentivo que a la fecha asciende a $ 3300 mensuales (hasta abril era de $ 1600.00), “suma meramente simbólica ya que no se consiente que eso pueda ser considerado “sueldo” acorde a las tareas que cada uno realiza en el Taller”.

Los representantes de la Red, en diálogo con Tercer Sector  indicaron que decidieron lanzar este reclamo formal  “Las Instituciones que gestionan esos emprendimientos productivos, salvo una Provincia, no reciben asistencia económica por parte del Estado para hacer frente a sus obligaciones mensuales (sueldos, cargas sociales, pago de servicios, seguros, costos por mantenimiento de equipamiento o edilicio, etc.) Desde antes de la declaración de la cuarentena obligatoria que nuestras puertas están cerradas y nuestros trabajadores en casa cuidándose… Los Talleres Protegidos no tenemos recursos para sostenernos”, enfatizó Laura Pelagatti Rey, vocera de la agrupación.

 

La Red lanzó una campaña para visibilizar el reclamo de esas organizaciones se sostiene en el hecho de que “No somos empresas, ni PYMES, somos “empresas” de la economía social y solidaria en su gran mayoría Asociaciones civiles fundadas por padres o familiares de personas con discapacidad, quienes a través de los años seguimos sosteniendo económicamente la estructura de esas instituciones. El gran desafío es convertirnos en proyectos o unidades productivas inclusivas y autosustentables donde la dignidad de la persona se construya desde el concepto de trabajo, atendiendo a la autonomía, autodeterminación y sustentabilidad de las personas con discapacidad”, detallan en el comunicado que difundieron esta semana.

Según precisaron desde la Red, el Dr. Claudio Espósito, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, en reunión virtual del 30/04/2020 con la Comisión de Discapacidad de la HCDN comprometió fondos de Ley de cheques para la asistencia financiera para los Talleres Protegidos. “Dicho Programa debe ser autorizado por Decisión Administrativa mediante la firma del Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero según los propios dichos por parte del Dr. Espósito y el Sr. Etcheverry, Director Ejecutivo y Jefe de Gabinete de ANDis y de eso hace ya 2 semanas. Dos semanas sin novedades sobre los fondos dispuestos para los Talleres y sin tener explicación alguna válida para una demora que no dará tregua a muchas de las Instituciones que deberán cerrar DEFINITIVAMENTE sus puertas después de muchos años de ardua labor”.

Por otra parte, la agrupación organizó una campaña a través de Change.org para sumar adhesiones a su reclamo. Quienes quieran sumarse y compartirlo pueden hacerlo a través del siguiente enlace: Change  http://chng.it/CNMDJWtz

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