Esta iniciativa, por un lado, desdibuja la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir cuidado de calidad. En cambio, la reemplaza por trabajo voluntario, carente de formación profesional y sin compromiso de continuidad, lo cual puede producir nuevos abandonos en aquellos que ya pasaron por esta situación.
“La política pública de la Ciudad para la protección de derechos vulnerados de niñas y niños no puede estar en manos de voluntarios, ya que pueden producir nuevos abandonos entre otros daños. Esos recursos deben destinarse a la implementación de políticas públicas ya establecidas, como la Ley de Egreso”, expresó Mariana Incarnato, directora ejecutiva de DONCEL.
En la Ciudad de Buenos Aires, hay 767 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, de los cuales apenas 14 se encuentran en familias de acogimiento, de acuerdo al último relevamiento de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. “Esta cifra de institucionalización es alarmante, ya que todos los estándares internacionales recomiendan cambiar de los modelos de acogimiento institucional hacia modelos familiares. Sumado a ello, preocupan los tiempos excesivos de permanencia en las instituciones”, señaló Incarnato.
Ley de Egreso
La ley nacional 27.364 fue sancionada en 2017 pero lamentablemente aún no está en funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley garantiza, entre otros puntos, el derecho de adolescentes sin cuidados parentales a contar con un referente a partir de los 13 años que acompañe su egreso. Establece que las personas que realicen esta tarea deben tener experiencia en el trabajo con niñas, niños y adolescentes, aprobar una capacitación y percibir una remuneración. Este trabajo debe ser llevado adelante por un equipo y no por personas voluntarias aisladas que, con el afán de hacer un bien, pueden no comprender la complejidad de los contextos de vida de estos niños, niñas y adolescentes.
DONCEL exige al Gobierno porteño que cumpla con la implementación de la política pública de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales y que destine los recursos económicos suficientes para el personal que lleva adelante las políticas de protección de la niñez.
