Compartir
blank

Los talleres protegidos cumplen un rol fundamental para las personas con discapacidad. Las organizaciones sociales exigen mayor compromiso del Estado y de las empresas con la generación de empleo para esos grupos. Y que se reconozca a esos espacios como parte del sistema económico.

Texto Vera Lauckner.

 

Apagar la alarma, tomar un café, ir hasta el trabajo, conversar con los compañeros, cobrar un salario. Parece algo básico, pero para muchos es una situación inalcanzable. Según un estudio nacional realizado por el Indec en 2018, el 10,2 por ciento de la población argentina tiene alguna discapacidad. Estas 3,5 millones de personas terminan su formación educativa y no pueden entrar en el mercado laboral porque éste no está preparado para recibirlas.

Actualmente, en Argentina hay más de 250 talleres protegidos. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación son 259. Aunque desde la Federación Nacional de Talleres Protegidos (Fenatap) aseguran que hay cerca de 280.

Recuperación de plásticos, tercerización de servicios, catering, huertas, viveros, objetos de decoración, fabricación de textiles; las actividades realizadas en los talleres pueden ser muy diversas.

Estos espacios permiten a las personas con discapacidades “el pleno goce de sus derechos, el desarrollo de habilidades sociolaborales, el empoderamiento y visibilización de sus capacidades por sobre su situación”, dice Laura Pelagatti Rey, secretaria general de Fenatap.

Enrique Muntaabski, secretario de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (Fetap) y presidente del Taller Protegido Talita Kum, coincide: “Estos espacios son importantísimos para su socialización, para mantener su tiempo ocupado en actividades productivas y, en algunos casos, se ha conseguido que a partir de su habilidad laboral se hayan podido incorporar en un empleo formal”.

Talita Kum es un espacio de trabajo conjunto, entre vecinos de Lomas de Zamora y familiares de niños y adultos con diversas discapacidades, donde producen panificados, masitas, empanadas, prepizzas y galletitas.

 

No sólo trabajo

Los talleres protegidos forman parte de un Programa de Asistencia, gracias al cual, el Estado nacional entrega una suma mensual para sostener esos lugares y a sus trabajadores. Cada empleado del taller cobra 6.000 pesos. A eso se suma lo que cada institución pueda entregar como adicional, de acuerdo con sus ingresos.

“Lamentablemente, muchas veces y ante la merma o nulidad de ingresos derivados de la producción, no es posible entregar adicional alguno por parte de la institución, por lo que sólo perciben lo directo desde el Programa Nacional”, comenta la secretaria general de Fenatap.

“Los chicos vienen a trabajar normalmente 8 horas y cobran 4.500. ¿Dónde encaja que una persona que tiene derechos laborales cobre eso?”, cuestiona Rosita Muia, la directora de Talleres Protegidos Olavarría, creado en 1984 en esa ciudad bonaerense y al que asisten cerca de 70 personas con discapacidad a realizar sus tareas entre sobres de madera y telares.

Antes de la pandemia, los trabajadores de este taller entraban cerca de las 8 de la mañana y recibían un desayuno. Sus actividades laborales se intercalaban con ejercicios de integración, como expresión corporal, teatro, plástica y música, a elección de cada uno. Ahora, por los protocolos sanitarios, se acorta su horario y ya no pueden comer en el lugar. Además, deben mantener una distancia de casi un metro entre ellos.

En muchas cuestiones hubo que empezar de nuevo, después de casi dos años de encierro: “El trabajo tiene una motricidad fina que hay que recuperar, pero la cuestión es verlos otra vez acá. Sabemos que necesitan el taller y nosotros los necesitamos a ellos, porque no damos abasto para cumplir los pedidos”, dice Rosita Muia.

 

Una ley en suspenso

En tanto, las organizaciones que representan a los talleres protegidos en el país, como Fetap y Fenatap, llevan ocho años exigiendo el cumplimiento de la ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad. Si bien está aprobada desde 2013 y reglamentada parcialmente desde 2015, nunca se le asignó un presupuesto.

En ese sentido, Muntaabski explica que ha habido algunos avances en derechos laborales para personas con discapacidad, como la jubilación y ART, “pero son parches” que se agregan al Programa de Asistencia que está actualmente en funcionamiento.

“Tanto desde el Estado como del sector privado, no se toma real conciencia de la importancia de las actividades productivas que se llevan a cabo puertas adentro de nuestras instituciones, siendo éstas muchas veces minimizadas como meramente ‘ocupacionales’ o ‘de entretención’, y no como eslabón indispensable en la cadena productiva de la industria nacional”, explica Pelagatti Rey.

La secretaria general de Fenatap, no deja de recordar la deuda que tiene la sociedad con las personas con discapacidad: el no cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral de 4 por ciento en el Estado para este grupo, la ausencia de políticas públicas que promuevan la generación de vacantes en el sector privado y la carencia de conocimiento, sensibilidad y empatía por parte del entramado empresario para generar oportunidades laborales.

 

Cómo conectarse

Talleres Protegidos Olavarría: Facebook Talleres Protegidos Olavarría

Taller Protegido Talita Kum: Instagram Taller Protegido Talita Kum

Fetap: Facebook Fetap Talleres Protegidos

Fenatap: Facebook Fenatap

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here