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La situación de vulnerabilidad de muchas personas radicadas en Argentina aumentó a raíz de la pandemia. Distintas organizaciones sociales brindan asistencia a esta población, en especial para que accedan a la documentación.

 

Texto Rode Classen.

 

Trabajos precarizados, dificultad para acceder a viviendas en precios y condiciones justas, imposibilidad de obtener documentos: las problemáticas que afectan a las personas migrantes y refugiadas que viven en Argentina se profundizaron y visibilizaron en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.

El Espacio Agenda Migrante 2020 –conformado por más de cien organizaciones e instituciones académicas– realizó en abril pasado una encuesta a 1.266 personas que mostró que el 58 por ciento de esta población había perdido su trabajo o su fuente de ingresos desde el inicio de la pandemia. Otro 13 por ciento había visto disminuido su sustento, porque su actividad había sido interrumpida en forma parcial. Por otra parte, el 77 por ciento de las y los migrantes no recibió ningún tipo de ayuda social. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tenía como requisito contar con una residencia legal en el país no inferior a dos años, por lo que los recién llegados y quienes tienen dificultades para obtener su documentación se vieron excluidos. “La imposibilidad de acceder a los programas sociales y a los auxilios que brinda el Estado en este contexto se suma a otras cuestiones que son estructurales y profundizan la desigualdad para con los migrantes”, expresa Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).

 

Asistencia y acompañamiento

Frente a la situación de vulnerabilidad de este sector, muchas organizaciones redoblaron sus esfuerzos de asistencia. Caref brinda orientación y atención social y jurídica en forma gratuita a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. En el primer semestre de este año, las consultas –que pasaron a ser virtuales– se incrementaron en un 153 por ciento. “Los principales motivos fueron las dificultades para garantizar la alimentación, la falta de empleo y los riesgos inminentes de desalojo. Si bien hubo esfuerzos notables de parte del Estado para paliar los efectos de la crisis, resta incluir en ellos a las personas migrantes y refugiadas”, señala Liguori. “Esto, sumado a la imposibilidad de generar sus propios ingresos –ya que suelen ser parte de trabajos en el mercado informal–, generó que la alimentación de familias enteras quedara en manos de organismos internacionales, agencias de emergencia, Organizaciones de la Sociedad Civil y de base”, detalla.

Desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM) impulsaron una campaña de donaciones que logró proveer alimentos de forma mensual a entre 100 y 150 familias. En el grupo de senegaleses que participan de las clases de español que el BTM brinda desde hace dos años se creó un emprendimiento cooperativo al que llamaron La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, que significa “agarrarnos para trabajar” en wolof, su lengua. Si bien la tarea es realizada por un grupo de diez personas de Senegal, otros compañeros de la organización colaboraron para conseguir donaciones de bicicletas y una computadora, enseñarles a usar redes sociales y dar un primer impulso al proyecto.

 

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