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Persisten los reclamos de las organizaciones sociales por aranceles desactualizados, el incumplimiento del cupo laboral, los bajos montos de las pensiones y la falta de prioridad en la vacunación contra el Covid para miles de personas.

Texto Eduardo Santachita.

 

“Yo soy Mamá”, dice Julieta con firmeza. Y completa: “Tengo una hija con discapacidad de 42 años que está en un hogar.” Orgullosa, cuenta que hace algunos años sus otros hijos se fueron del nido porque formaron familias. “Ahí, ella nos planteó que no tenía que vivir más con papá y mamá porque ya era grande.”

Además de ser mamá, Julieta Blayer es presidenta de la Federación de Entidades Pro Atención de Personas con Discapacidad Intelectual (Fendim). “El Estado no tiene hogares. Sin privados o asociaciones de padres estos chicos no tendrían donde estar”, reclama. Fendim es una de las organizaciones que forma parte del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, conformado en 1997. El Foro nuclea a asociaciones de todo el país que trabajan, con o sin fines de lucro, en torno de la discapacidad. El 24 de febrero último se movilizaron a Plaza de Mayo con la consigna #DiscapacidadEnEmergencia.

Esa mañana, el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas debía reunirse para fijar un aumento. “Prometieron hacer un estudio de costos, pero cuando los números les empezaron a dar más alto de lo que pueden reconocer, dejaron de hacerlo y suspendieron la reunión. Siempre hacen lo mismo”, explica el sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro.

Las organizaciones denuncian un atraso en los aranceles, ya que el último aumento antes de la pandemia había sido de un 10 por ciento, en 2019. En diciembre de 2020 dieron otro 10 por ciento. “Con una inflación del 40 por ciento, es una miseria”, dice Molero, y se lamenta: “Últimamente, la problemática se tornó más económica que otra cosa”. Durante el gobierno de Cambiemos hubo un recorte de pensiones que dejó a muchas personas con discapacidad sin el único ingreso que tenían. Si bien el gobierno del Frente de Todos devolvió esa mensualidad a sus legítimos beneficiarios, la crisis y la pandemia desembocaron en un gran problema en torno de las prestaciones. Por eso, ahora el Foro exige un aumento inmediato del 30 por ciento.

 

Laberintos burocráticos

En el país hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad, y muchas de ellas quedan atrapadas entre números y burocracia, mientras esperan algo tan sencillo como ejercer sus derechos. “La gente necesita atención médica –dice Molero– y hay graves problemas en la entrega de medicación, sillas de ruedas, prótesis… no son lujos; a veces, en eso se juega la dignidad de la gente.” “Estamos luchando para que todas las instituciones que atienden a personas con discapacidad no queden abandonadas económicamente”, explica Blayer. Y agrega: “Si terminan cerrando, ¿dónde van a ir a parar esas personas que a veces ni tienen familia?”

Molero y Blayer coinciden en que el sector más golpeado económicamente fueron los transportistas. “El 30 por ciento ya se dedica a otra actividad porque no podía sobrevivir y, según nuestras proyecciones, otro 60 por ciento va a dejar de dar el servicio en dos meses”, dice Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (Ateacadis). Aunque durante el aislamiento continuaron repartiendo viandas, Pérez Brancatto afirma que Pami no paga desde hace 10 meses. “Estamos desapareciendo de a poco”, reflexiona, y reconoce que esta situación perjudica a los beneficiarios.

“Hay una deuda histórica con la población con discapacidad”, afirma Marcelo Betti, economista y presidente de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (Redi). “Lo que más necesitamos es trabajo”, dice. El Estado Nacional debería cumplir por ley un cupo de 4 por ciento de personas con discapacidad entre sus empleados, y la Ciudad de Buenos Aires, un 5 por ciento. “No sólo no lo cumplen, sino que no hay programas serios para incorporar a esta población o dar incentivos a empresas privadas para su contratación”, se queja.

 

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