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Organizaciones de la Sociedad Civil impulsan la tipificación de los delitos ambientales en el Código Penal. Cinco proyectos presentados en el Congreso buscan sancionar, como tales, los incendios intencionales de campos o la contaminación de ríos y mares, entre otras acciones.

 

Texto Mariano Barragán.

 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) estableció, en 2010, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica. El propósito era alentar a los países a disminuir la tasa de pérdida de la naturaleza, reducir las presiones sobre el medio ambiente promoviendo el uso sostenible de los recursos y proteger los ecosistemas, las especies y la multiplicidad genética.

A casi 11 años de su lanzamiento y en medio de una pandemia, cada día es más evidente la relación directa entre el daño ambiental y el bienestar de la población. Cuando se destruye un bosque, un humedal o una selva, se alteran las cadenas de relaciones que existen entre los distintos animales y seres vivos que mantienen a los virus controlados. El cambio climático amplifica la problemática. El incremento de las temperaturas produce que aves e insectos migren a nuevas zonas tropicales y transmitan enfermedades en latitudes que antes eran más frías. Por esta razón, la mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad.

 

Legislar para cuidar

Según un informe realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Argentina perdió, entre 1998 y 2018, 6.500 millones de hectáreas de bosques nativos. El 87 por ciento ocurrió en el Parque Chaqueño, el segundo foco de deforestación más grande de Sudamérica después del Amazonas.

Esta destrucción se debe a la expansión de la frontera agroindustrial. El informe del Ministerio indica que la reducción de las retenciones a las exportaciones de granos, establecida en 2016, incentivó el desmonte para ampliar los cultivos, en detrimento de la superficie de bosques nativos. “En nuestro país es más punible robar un caramelo en un kiosco que prender fuego 20.000 hectáreas para expandir una plantación de soja o realizar un negocio inmobiliario”, afirma Federico Pellegrino, coordinador del Departamento de Investigación y Política Socio Ambiental de Eco House, una de las organizaciones que promueve la tipificación de los delitos ambientales en el Código Penal, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Jóvenes por el Clima y otras entidades.

La falta de legislación específica en materia de delitos ambientales origina impunidad. En la actualidad, la única herramienta legal que existe es la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, sancionada en 1991, que prevé penas para quien envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua o la atmósfera. “No alcanza con una sanción civil o administrativa. Es necesario contar con penas disuasorias”, asegura Nahuel Cáceres, coordinador de la Clínica Jurídica de Farn. “Hoy en día, las sanciones son ridículas en comparación al negocio económico que realizan al destruir el ambiente. Muchas veces, las empresas prefieren pagar las multas, porque les sigue siendo más rentable”, sostiene Pellegrino.

A su vez, la Ley de Residuos Peligrosos no logra cubrir el enorme abanico de acciones contra el medio ambiente. Deforestación, destrucción de glaciares o humedales, pesca ilegal e incendios intencionales son algunos de los delitos que gozan de impunidad en el país.

 

Cinco proyectos

Actualmente hay cinco proyectos en el Congreso de la Nación que buscan modificar el Código Penal e incorporar la tipificación de delitos ambientales, algo que ya es un hecho en países como España, Alemania y Estados Unidos. “Por primera vez, este tema está en debate. Nunca antes lo habíamos logrado”, reconoce el abogado ambientalista Enrique Viale, quien participó de la elaboración de la iniciativa que en 2019 presentó el ex senador Fernando “Pino” Solanas.

Los proyectos de ley prevén penas que van desde los 2 a los 25 años de prisión. Además, determinan sanciones de 1 a 6 años a los funcionarios públicos que por negligencia, acción u omisión autoricen o sean cómplices de algún perjuicio contra el medio ambiente. “Queremos que se puedan penar los delitos contra la naturaleza y que el Poder Judicial no tenga ninguna excusa a la hora de juzgar”, asevera Mijael Kaufman Falchuk, cofundador de la ONG Consciente Colectivo.

El proyecto del senador Alfredo Luenzo cuenta con el mayor respaldo dentro de la Cámara Alta. Luenzo define al delito ambiental como de peligro abstracto y no de resultado. La diferencia radica en la obligación de demostrar el daño causado a una comunidad o una persona en particular. Para el texto presentado por el legislador chubutense, con el sólo hecho de usar material contaminante, deforestar, incendiar bosques o de pescar de manera ilegal ya se constituye el delito. “Pedir el daño grave sería un retroceso. Generaría una situación de gran impunidad, porque los resultados dolosos en cuestiones ambientales se manifiestan con el tiempo”, advierte Viale.

La configuración de un delito abstracto se puede encontrar en el Régimen Penal Tributario Ley N°27.430 o en la Ley de Estupefacientes N°23.737. No hace falta determinar el daño ocasionado por la evasión impositiva o la comercialización de drogas. La posesión de cantidades que superen el límite establecido o el no pago de impuestos por encima de un monto determinado ya origina la condena. “La posibilidad de establecer un delito de resultado es perversa. ¿Es necesario que muera un nene intoxicado con plomo para decir que la empresa cometió un delito ambiental? Sería como sostener que alguien debe morir de sobredosis para secuestrar un kilo de cocaína”, manifiesta Gustavo Gómez, fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán.

 

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