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Generar consensos e incidencia en las políticas públicas para mejorar la educación. Con esa premisa, más de 80 empresas, fundaciones y OSC se alinearon en un llamado a construir un posicionamiento institucional que involucre a múltiples actores.

 

Textos Sofía Moure.

 

Con la pandemia como escenario, muchas empresas locales revalidan su interés en poner foco en la educación, como parte de su compromiso con la comunidad. Así lo demuestra el hecho de que aproximadamente el 70 por ciento de los presupuestos de fundaciones donantes y de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se destinan a iniciativas vinculadas con la educación a través de la inversión social privada (ISP), ya sea en formación docente, equipamiento de escuelas, programas de becas y tutorías, innovación tecnológica y capacitación para la empleabilidad, entre otras acciones.

A partir del Diploma en Políticas Educativas organizado por el Grupo de Fundaciones y Empresas (Gdfe) y la Universidad Torcuato Di Tella, líderes de 80 compañías, fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil se unieron en un posicionamiento político e institucional con el fin de “generar consensos para incidir en mejores políticas públicas” y contribuir a una mejor educación.

“El posicionamiento plantea la necesidad del sector privado de ir más allá de una ética de mínimos y contribuir de manera sensible al bien común”, explica Javier García Moritán, director ejecutivo de Gdfe. En el texto, también plantean objetivos y desafíos a superar desde el sector. “Queremos llevar nuestras experiencias y aprendizajes individuales a una construcción compartida e impulsar estrategias coordinadas y multiactorales”, continúa, y añade que buscan “expresar no sólo qué necesitamos como actores económicos de la educación, sino también qué podemos dar”.

 

Diagnóstico y propuestas

A lo largo de 11 encuentros de construcción colectiva del posicionamiento se consensuaron tres problemas prioritarios en la educación argentina sobre los cuales enfocar los aportes de la ISP: formación docente, gestión educativa y, sobre todo, abandono escolar, hoy, de cada 100 estudiantes que ingresan a la secundaria, sólo 45 logran egresar y apenas 27 lo hacen en la edad correspondiente, según Cippec.

“Estas tres agendas reflejan en qué temas la ISP puede concentrar la energía, pero no significa que sean los únicos para abordar en la Argentina”, sostiene García Moritán y enumera otras cuestiones que fueron parte de la discusión: oportunidad de las políticas TIC, formación para el trabajo, evaluación de aprendizajes, diseños curriculares y articulación con políticas sociales.

En el documento, también se detallan posibles soluciones. “En los tres casos, teniendo en cuenta el rol primordial del Estado a cargo del sistema, la escala y alcances de su gestión, el rol de la ISP puede actuar de manera estratégica y complementaria en implementación de pilotos educativos, apalancamiento de financiamientos, con aportes específicos en gestión, planificación y análisis de eficiencia de asignación de recursos”, señala el director ejecutivo de Gdfe.

Las empresas y organizaciones adherentes están convencidas “de que todos los actores debemos articular en pos del bien común: el Estado, las empresas y fundaciones y las Organizaciones de la Sociedad Civil, cada uno con sus responsabilidades y obligaciones jurídicas”.

“Si el esfuerzo del sector privado converge con el trabajo del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil con diálogo y generación de confianza, podemos hacer un aporte diferencial que transforme la realidad de la educación argentina”, concluye el responsable del Gdefe.

 

Para quienes deseen sumarse a esta convocatoria:

Adhesiones y actores adherentes: www.acutarjuntos.org.ar

Más información: www.gdfe.org.ar

 

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