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La Red Argentina de Abogacía Comunitaria (Raac) reúne a diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de transformar el ejercicio y el acceso a los derechos para todos los ciudadanos; especialmente, para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

 

Texto Sofía Moure.

 

La desigualdad impacta de muchas formas en los sectores más desprotegidos. Podrá comenzar como una brecha económica, pero, gradualmente se convierte en un abismo en todos los aspectos posibles. El acceso a los derechos y su ejercicio efectivo es un claro ejemplo. Por eso, varias organizaciones crearon la Raac, con el objetivo de lograr el empoderamiento jurídico de las comunidades más vulnerables, a través de la práctica de la abogacía en los territorios.

“La Red consiste en un espacio de articulación, apoyo, incidencia y aprendizajes entre organizaciones y profesionales del derecho de todo el país, para acompañar en la resolución de las necesidades legales y problemas estructurales que afectan, de manera similar, a grandes grupos en situación de vulnerabilidad”, explica Natalia Echegoyemberry, abogada del Programa Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), una de las organizaciones promotoras de la Raac, junto con Fundeps, Techo, Capibara, Xumek – Repad y Andhes.

“Es una red federal y apartidaria, que pretende generar alianzas e intercambio entre las organizaciones sociales, profesionales y activistas que entendemos al derecho como una herramienta de cambio y transformación social, y trabajamos en el campo de la abogacía comunitaria y el empoderamiento jurídico comunitario”, aporta, por su parte, Florencia Díaz Peccinetti, directora ejecutiva de Xumek, y señala que “todas las organizaciones que formamos la Raac encontramos, en nuestra labor, problemas comunes vinculados al acceso a derechos de los sectores históricamente vulnerabilizados”. Y, como es dicho comúnmente, la unión hace la fuerza.

 

La brecha jurídica

Existen diversas limitaciones al momento de trabajar en la promoción de derechos, muchas derivadas de la escasez de recursos económicos para responder a las demandas o de las presiones y pujas políticas que sufren quienes ejercen la abogacía. Además, “en Argentina existe una brecha muy grande entre la normativa existente en materia de protección de los derechos humanos y la efectiva implementación de esas normas”, sostiene Mayca Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).

“A su vez, las leyes y políticas públicas no suelen pensarse desde y con las comunidades más afectadas, a pesar de que deberían ser ellas las protagonistas del diseño de aquellas políticas que impacten en la efectiva vigencia de sus derechos”, añade, y señala que este contexto se ve agravado “por la desigualdad en el acceso a la Justicia. El sistema jurídico argentino en muchas oportunidades estigmatiza, criminaliza y hostiga a las personas más vulnerabilizadas, en lugar de procurar su amparo y defensa”, remarca Balaguer.

Frente a estas situaciones es que se crea la Raac. Así lo explica Echegoyenberry: para promover una mayor visibilización de las experiencias vinculadas a la temática, llevar adelante una agenda de incidencia en políticas públicas locales y nacionales; incrementar el debate nacional sobre la abogacía comunitaria y su desarrollo como campo disciplinar, y generar una comunidad de aprendizaje que respete la pluralidad de pensamientos y opiniones, y fortalezca el crecimiento comunitario.

 

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