No es novedad que la agenda 2030 parece estar más lejos y a la vez más cerca que nunca. La misma ONU ha monetizado el financiamiento necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a tiempo: 300 billones de dólares. Una cifra no solo difícil de visualizar, sino también imposible de reunir solo con fondos públicos o filantrópicos. Es tal la envergadura de los cambios que hacen falta que dichas vías de financiamiento ya no alcanzan. El sector privado tiene allí una carta que jugar y la buena noticia es que, según importantes organizaciones internacionales, si se logra movilizar el 1% del capital financiero global hacia el triple impacto podríamos traccionar gran parte de esa brecha.
Ahora bien, ¿cómo hacer para achicar esa brecha que además de financiera también es política y de confianza? Parecería que promover iniciativas de articulación innovadoras ya no es suficiente. Por eso el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA) ofrecen una herramienta clave para transformar al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a los gobiernos municipales y provinciales en verdaderos aliados para el desarrollo: los Incentivos de Bien Público.
Los Incentivos de Bien Público son instrumentos de política pública que construyen consenso sobre las prioridades locales y reconocen a las empresas que contribuyen a solucionar esos problemas con una serie de beneficios, a través de un proceso de gobernanza participativa. Se detallan en el documento “Incentivos de Bien Público. Lineamientos conceptuales y pautas para la implementación”, una guía que contiene reflexiones y propuestas concretas para desarrollarlos en ciudades y colaborar en la construcción de marcos legislativos a nivel nacional.
Es el trabajo que surge del Laboratorio de Políticas de Articulación, un proceso de diálogo entre referentes de empresas, OSC y funcionarios públicos de diferentes niveles organizado por el GDFE y CIMA, que incluyó entrevistas bilaterales y encuentros presenciales multiactorales.
¿Cuál es la oportunidad de los incentivos? Salir de la lógica de “castigar” y comenzar a “premiar” a las empresas más responsables de sus comunidades e involucrar a las que aún no se han comprometido para traccionar con mayor efectividad a un sector privado que hoy tiene la capacidad de ser el actor diferencial en materia de financiación.
El documento pretende romper con algunas de las barreras existentes y con la desconfianza que por lo general existe entre gobiernos municipales y empresas con un primer paso fundamental: esgrimir puntos de encuentro que sean posibles de sostener en el tiempo y que permitan avanzar buscando el desarrollo de las comunidades desde una vocación renovada para crear más y mejores bienes públicos.
Los Incentivos de Bien Público (IBP) son instrumentos de política pública que reconocen a las empresas más responsables de sus comunidades a través de una serie de beneficios.
El documento es una guía que contiene reflexiones y propuestas para desarrollar Incentivos de Bien Público en ciudades y colaborar en la construcción de marcos legislativos a nivel nacional.
Surge del Laboratorio de Políticas de Articulación, un proceso de diálogo entre referentes de empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y funcionarios públicos de diferentes niveles, que incluyó entrevistas bilaterales y encuentros presenciales multiactorales.
Impulsar un modelo de gobernanza – los IBP – que promueva un rol virtuoso de las instituciones locales para el bien público para que toda creación económica sea indisociable del desarrollo sostenible.
Los IBP constituyen una herramienta clave para escalar buenas prácticas y transformar al sector privado y a los gobiernos municipales y provinciales en verdaderos aliados para el desarrollo.
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