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La pandemia expuso la brecha en la accesibilidad a las TIC. Organizaciones sociales y referentes del ámbito académico resaltan la importancia de garantizar el acceso a Internet para todos los ciudadanos.

Texto Celeste Gómez Wagner.

 

Cuando hace alrededor de un año, el Gobierno dictaminó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) como medida excepcional de salud pública; la vida se volcó, casi por completo, a la modalidad online. Pero, quedarse en casa no significó lo mismo para todos y expuso desigualdades tan profundas como preexistentes.

“Cuando se habla de derechos digitales se alude a la protección y garantía de derechos humanos en el entorno de Internet”, explica Ana Bizberge, Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y Directora de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Esto significa que, en materia de derechos humanos, “los principios consagrados offline también valen en el entorno online”.

El derecho a la libertad de expresión es uno de ellos, pero también el acceso a internet “funciona como plataforma para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, asociación y reunión, entre otros”, explica Mariela Baladron, docente e Investigadora de la Facultad de Sociales (UBA).

 

#AcaNoHayInternet

“El sector social se vio afectado, tanto en sus dinámicas interorganización, como en el acceso a sus causas territoriales” explica, por su parte, Cou Infante, Coordinadora de Proyectos de Tecnología de la ONG Wingu. Es que, según la Cámara Argentina de Internet (Cabase), en marzo de 2020, la penetración de internet fija, cada 100 habitantes era del 63 por ciento, pero en 8 provincias disminuía a menos del 40 por ciento y, para el 27 por ciento de los hogares, su costo representaba una carga significativa.

Por eso, para hacer visible las dificultades en el acceso a internet, Wingu lanzó con otras organizaciones, #AcáNoHayInternet, una plataforma que mapea, de manera comunitaria y participativa, la situación de comunidades rurales y asentamientos informales en América latina e incluso permite acceder a testimonios.

“Es fundamental que las organizaciones del tercer sector incluyan la universalización de la conectividad en su agenda de reivindicaciones”, dice Manuela González Ursi, coordinadora del proyecto Atalaya Sur, una experiencia pionera de conectividad comunitaria que nació antes de la pandemia, en el marco de la organización Proyecto Comunidad. En la villa 20 de la ciudad de Buenos Aires desplegaron una red comunitaria de internet, 14 puntos de wifi públicos gratuitos y una red domiciliaria que espera llegar a 500 hogares.

“Nuestra experiencia demuestra la absoluta viabilidad y sostenibilidad de un proyecto que garantiza el acceso a un servicio de calidad y a bajo costo”, dice la referente, que además resalta que “la generación de redes comunitarias es una estrategia para garantizar el derecho a la comunicación desde una lógica no mercantil”. “Es fundamental la desmonopolización del mercado de las telecomunicaciones”, dice en sintonía con un artículo reciente donde Bizberge explica que “América latina se caracteriza por altos niveles de concentración de la propiedad en los servicios de comunicación”.

 

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