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El acceso a la información pública es esencial para la calidad institucional de un país. Sin embargo, en Argentina, ésa es una asignatura pendiente. Cómo favorecer que la ciudadanía utilice activamente esta herramienta clave para el fortalecimiento de la democracia.

 

Texto Sofía Moure.

 

El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental para las personas y para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. Esto es así, porque está vinculado a la posibilidad de ejercer otros derechos, como lo son, el control ciudadano sobre el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones y la participación ciudadana.

“Habilita a la sociedad a ser parte de las políticas públicas y hace que éstas gocen de mayor legitimidad y calidad: si son públicas, se dan a conocer sus procesos de formulación y ejecución y se habilitan espacios de consulta y co-creación a partir de esa información”, explica Nina Sibilla, coordinadora del área de Democracia y Calidad Institucional de la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps).

 

Transparencia activa

Desde 2017, en Argentina está vigente la Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. Antes regía un decreto del Poder Ejecutivo que únicamente regulaba este derecho dentro de su ámbito y que, además, limitaba el alcance de su definición. “La Ley regula el modo en que la ciudadanía puede solicitar información a nivel nacional, así como las vías de reclamo, en caso de que las entidades no brinden la información requerida”, explica Sibilla.

En este sentido, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial –así como los organismos que funcionan dentro de sus ámbitos– son sujetos obligados por la Ley a proporcionar información pública a la ciudadanía. Y deben hacerlo según la obligación de transparencia pasiva, es decir, a partir de una solicitud por parte de un ciudadano; pero también, según la obligación de transparencia activa. Esto supone que deben publicar de manera “proactiva, accesible y actualizada, información que se considera fundamental para la ciudadanía, como presupuesto o escalas salariales de funcionarios”, sostiene Clara Lucarella, abogada del Programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

“El Estado debe tender hacia una mayor publicación y producción de información, porque las políticas públicas deben estar siempre basadas en esa información”, continúa la abogada. En este sentido, y de manera novedosa, la Ley creó una serie de órganos que deben regular y garantizar el cumplimiento de la misma, así como resolver los reclamos de la ciudadanía frente a su incumplimiento.

A nivel nacional se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (Aaip). “Cumple un rol fundamental en el ejercicio de este derecho y hasta ahora ha tenido un muy buen desempeño de sus funciones”, dice Sibilla. Pero desde diciembre, la dirección de la agencia está vacante. Lo que sucede es que el candidato presentado por la Jefatura de Gabinete –tal como lo establece la Ley, en una secuencia que incluye, también, observaciones o impugnaciones por parte de la ciudadanía y una audiencia pública–, Gustavo Fuertes, “no cumplía con los requisitos de idoneidad necesarios para el cargo”, explica la coordinadora de Fundeps.

Entonces “una serie de Organizaciones de la Sociedad Civil –entre ellas, Fundeps y Acij– presentamos observaciones, porque el candidato no contaba con antecedentes en materia de acceso a la información pública y datos personales que pudieran otorgarle autonomía e idoneidad”, sostiene Lucarella. Finalmente, la jefatura de Gabinete no confirmó a Fuertes como autoridad de la Aaip. “Esperamos que el Poder Ejecutivo proponga un candidato que sí presente los antecedentes necesarios, que es tan importante y relevante en este contexto, siempre que se trata de un derecho humano fundamental”, cierra Lucarella.

 

 

Cómo conectarse

Acij: www.acij.org.ar | info@acij.org.ar

Fundeps: www.fundeps.org | info@fundeps.org

 

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