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Jaqueados por la emergencia social, 170 talleres protegidos se unieron para pedir al Estado que brinde asistencia y demandan que se garantice la continuidad laboral de más de 9.000 personas con discapacidad.

 

Texto Rode Classen.

 

La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un desafío pendiente. Una de las estrategias para favorecer su ingreso al mundo del trabajo fue la creación de talleres protegidos, en su mayoría pertenecientes a asociaciones civiles o fundaciones iniciadas por familiares. En todo el país hay 271 que dan trabajo a más de 9.000 personas con discapacidad.

Con el inicio de la pandemia, esos espacios dejaron de funcionar y ante la imposibilidad de producir y vender sus productos o servicios encuentran graves dificultades para sostenerse. Los operarios acceden a un incentivo de 3.300 pesos mensuales, por medio de un programa de apoyo del Ministerio de Trabajo –que en muchos casos se complementa con una remuneración brindada por la entidad–, pero las instituciones no reciben aportes del Estado.

Frente a la preocupación de tener que cerrar sus puertas, se agruparon y crearon la Red Federal de Talleres Protegidos, compuesta por más de 170 instituciones. “Esta situación extrema fue una oportunidad, un disparador para juntarnos alrededor de las temáticas, dudas y problemáticas que tenemos”, explica Laura Pelagatti Rey, vocera de la agrupación y presidenta de la Asociación Laboral para Adultos con Discapacidad Intelectual (Alpad).

 

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