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¿Cuáles serán los principales desafíos en materia de políticas sociales que deberá afrontar la Argentina en los próximos años? Más allá de las urgencias que plantea el presente de crisis, referentes del ámbito académico reflexionan sobre las prioridades que deben ser atendidas, desde ahora, para asegurar la plena inclusión de todos los ciudadanos.

Texto Alejandro Cánepa.

 

Con más del 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, inflación récord y la caída del PBI en tres de los últimos cuatro años, el debate sobre cómo reducir la pobreza y la desigualdad social se vuelve más urgente que nunca. ¿Qué sello deberían tener las políticas públicas para conseguir ese objetivo, más allá del corto plazo y del cambio de gobierno? ¿Qué temas se volverán cada vez más prioritarios? ¿Cómo debería ser la articulación entre las OSC y el Estado? Especialistas que provienen de distintas trayectorias bosquejan posibles líneas para combatir la degradación socioeconómica que afecta al país.

Félix Bombarolo, especialista en programas de desarrollo urbano y social, considera que lo primero es generar un “marco de construcción colectiva”, porque así, “todos tendríamos derechos y responsabilidades y podríamos pensar juntos en las situaciones críticas, en lugar de armar mesas de políticos o gente de sociedad civil acomodada y aparentemente ilustrada pensando en lo que habría que dar a ‘los pobres’ para que dejen de serlo”.

En esa línea, considera esencial “la recomposición del concepto de lo público”, ya que esto “nos amiga con lo común y nos obliga a subir el piso admitido socialmente para vivir dignamente como un ciudadano, una ciudadana argentina, en cualquier parte del país”. Jubilaciones atrasadas, escuelas y hospitales públicos con severos problemas y falta de infraestructura básica son algunos de los signos de ese deterioro que Bombarolo considera fundamental revertir.

Por su parte, la coordinadora de la Diplomatura Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flacso, Roxana Mazzola, advierte que la nueva agenda debería focalizarse “en la desigualdad, más que en la pobreza ligada a carencias. Ese foco lleva a otra batería de políticas públicas”. Una pregunta clave para ella es “qué tipo de desarrollo con reducción de desigualdades se va a promover, y en particular, cómo se considerarán a las mujeres y a diferentes grupos subalternos dentro del mercado laboral”.

La dimensión del trabajo plantea nuevos desafíos, al surgir oficios desconocidos, pero también otros modos de organización de la producción. Sobre ese punto, Sandra Guimenes, socióloga y docente en la UBA y en la Universidad Nacional de José. C. Paz, dice: “Los esquemas de políticas sociales deben avanzar hacia formatos que se desanclen de una mirada que quedó de las políticas sociales vinculadas al trabajo formal asalariado, donde sólo accedía a él el varón”. En particular, ella destaca que “se ha desarrollado la economía popular; un conjunto enorme de la población genera sus ingresos en un mercado que no es el que estamos acostumbrados a pensar”.

La economía social o popular aparece en otros testimonios como una fuerza con potencialidad de transformación social. Encarnada en cooperativas, ferias populares, mercados asociativos y redes de consumo, su presencia llega a distintos rincones del país. Lorena Putero, economista (UBA) e integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), cuenta que “desde el Ceso construimos un plan de reactivación económica donde la economía social es el actor central, porque sus organizaciones están y conocen los territorios donde se desarrollan. Podemos esperar la reactivación económica a partir de inversiones extranjeras, que dependerán de sectores que a ellos les parezcan rentables, o pensar la reactivación desde satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, y en esta segunda opción, la economía social es estratégica”. En esa frecuencia, Ana Miranda, investigadora del Conicet y coordinadora académica del Programa de Investigaciones de Juventud de Flacso, afirma: “La economía va a tener un fuerte empuje y esto va a estar relacionado con la posibilidad de lograr sinergias entre distintos sectores”.

 

Concreciones

¿Qué medidas podrían sistematizarse para combatir fuertemente el deterioro del tejido social? Un ejemplo concreto lo da Putero. Para ella, las cooperativas de vivienda “pueden construir casas para quienes las necesitan (hoy, el alquiler ocupa más del 30 por ciento del salario promedio de un trabajador registrado) y así mejoramos la calidad de vida de los trabajadores de la cooperativa, de quienes acceden a la vivienda y del territorio en el que se desarrollan”.

Para la investigadora, los rubros principales en donde el sector de la economía social puede dejar una marca significativa en la reducción de desigualdades superan al tema vivienda. “Producción de alimentos, desde la producción de verduras hasta el procesamiento de alimentos y el textil, que es un sector fuertemente golpeado y donde se encuentran muchos trabajadores no registrados e incluso en talleres clandestinos”, son áreas con posibilidades de crecer, según ella.

En el plano de las propuestas concretas, Guimenes acota: “Hay que reconocer que en la economía social hay gente produciendo alimentos o cuidando personas. Eso requiere un cambio político y cultural importante. Y en ese marco habría que garantizar ingresos para esa población, deberían generarse esquemas de protección social, como cobertura de salud y aportes previsionales”.

En tanto, Mazzola aborda el tema de los cuidados familiares a personas, generalmente a cargo de mujeres, y que no tienen retribución. Para ella, podría modificarse la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que contemple también pagos por ese tipo de tareas. “Falta además legislación laboral sobre el tema, cuando en realidad a la larga todos vamos a necesitar personas que nos cuiden. Ya no se trata de una cuestión privada”, agrega. Mazzola destapa otra cuestión poco transitada últimamente: el sistema fiscal. “Hay que reformarlo, es central hacer eso para volverlo un sistema más progresivo. América latina tiene una deuda muy grande al respecto”, añade.

 

Nuevos escenarios

El envejecimiento poblacional es una realidad palpable y por fuera de evaluar cómo se sostendrá el sistema de jubilaciones cuando crece la parte de la sociedad que adquiere ese derecho pero se reduce la que está en el trabajo activo, existen otras implicancias de ese fenómeno. Bombarolo se pregunta: “En 2050 el 20 por ciento de la población argentina tendrá más de 65 años. ¿Qué vamos a hacer con nuestros mayores? La situación actual, con la mitad de ese porcentaje, ya es alarmante. He ahí un tema crítico a resolver. ¡Hablamos de millones de personas!”.

Como otro desafío, que se conecta con lo mencionado anteriormente por Mazzola, el investigador resalta: “El mundo del trabajo se transforma, cambia. Se reducen los trabajos asociados a la producción de bienes y servicios, informatización, robótica y demás, y crecen los trabajos asociados al cuidado humano (discapacidades, depresiones, niñez, vejez…). ¿Cómo afectará el diseño de la política social este nuevo escenario del mundo del trabajo? ¿Cómo integrar desde un sistema que expulsa?”.

A caballo del cambio climático y de la creciente contaminación del planeta, crece la conciencia social sobre la protección del ambiente. En ese punto, Mazzola reconoce que “la dimensión ambiental hay que incorporarla a las políticas sociales, además de las dimensiones social y económica. No solemos poner el ojo en lo ambiental, pero en general los más pobres viven en zonas inundables. Se trata además del acceso del hábitat, no es sólo tener una propiedad, sino cómo es tu habitar, qué aire respirás”.

 

El lugar del sector social

En ese horizonte, ¿qué lugar le cabe a las OSC? Para Carlos March, director de Comunicación Estratégica de Avina, “la sociedad civil debería cumplir tres roles fundamentales: generar información fidedigna e independiente como lo viene haciendo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA; acercar propuestas de políticas públicas a las áreas de gobierno que correspondan, y controlar y proponer cambios cuando la aplicación de las políticas públicas no optimiza los recursos o malgasta o malversa los fondos destinados a las políticas sociales”.

Según Mazzola, la participación social es trascendente, desde la que se encauza en centros de estudiantes hasta la que se da en organizaciones territoriales. “Los movimientos sociales y sus organizaciones tienen un rol central para poder promover políticas públicas, que siempre son procesos de lucha y conquistas sociales, pero todavía faltan canales institucionales”, evalúa. En tanto, Bombarolo remarca: “Necesitamos generar espacios participativos, democráticos, respetuosos, donde se piense y se implemente la política social, sin clientelismos, sin prejuicios, sin clichés, sin discriminación y sin improvisación”.

Por su parte, Natalia Becerra, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, afirma: “En estas situaciones de emergencia, considero esencial el trabajo junto a las organizaciones de base territorial, que constituyen un actor social y político ineludible para pensar el abordaje de este tipo de problemáticas. Juegan un papel de ampliación de derechos y de canal de acceso a políticas públicas. Por ello, es central pensar el proceso de formulación de las políticas que las contemplen como un actor presente e ineludible, sobre todo en estas situaciones; por ejemplo, con mesas de diálogo”.

¿Qué balance haremos en 2044? ¿Qué se instrumentará de todas estas ideas? ¿La pobreza será apenas medible o seguirá en los crudos números actuales?

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