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Varias organizaciones contribuyen a integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral. Pero a la creciente concientización se contraponen el incumplimiento de las normas vigentes y el contexto socioeconómico desfavorable.

Texto Alejandro Cánepa.

 

Laura tiene 38 años, vive en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en la cooperativa En Buenas Manos, que ofrece desde servicios de digitalización hasta masajes. Ella además recibe una pensión, porque es ciega. Entre su trabajo, el haber que percibe y tareas de prensa que realiza, junta un poco más de 12 mil pesos por mes. En un contexto de fuerte recesión económica, existen distintas iniciativas que buscan generar empleo para las personas con discapacidad. Tercer Sector relevó algunas de estas experiencias y recogió testimonios de especialistas que plantean la importancia de construir una sociedad verdaderamente inclusiva y justa, en donde el sector civil, el comercial y el estatal sumen esfuerzos para no dejar a nadie al costado del camino.

Si la desocupación y la subocupación son un problema que golpea a un sector considerable del país, ambas dañan más a las personas con discapacidad. Según estimaciones internacionales, entre el 75 y el 80 por ciento de ellas están desocupadas. Ante ese panorama, existen distintas estrategias para intentar garantizar el derecho al trabajo. Una de las formas asociativas más antiguas son los talleres protegidos de producción, entidades que cumplen “actividades productivas, comerciales o de servicio para el mercado, debiendo brindar a sus trabajadores un empleo remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran”, según la Ley 26.816, vigente desde 2013 y que estableció la creación del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

Entre los talleres protegidos de producción están, por caso, el de la Asociación Civil Andar, ubicado en el municipio bonaerense de Moreno y que lleva adelante, con la participación de personas con discapacidad intelectual, una panificadora, un servicio de catering, el buffet de la Escuela Carlos Pellegrini y un servicio de envasado de frutas secas y alimentos saludables. O el Taller Accervil, de la localidad de Olivos, en donde personas con limitaciones motrices fraccionan y embolsan alimentos para mascotas, además de vender miel y bolsas de residuos.

 

Estado sin cupo

En tanto, para promover la inclusión laboral desde el Estado Nacional existe una ley de 1981 según la cual un 4 por ciento de los cargos deben ser ocupados por personas con discapacidad. Sin embargo, la realidad indica que esa norma está muy lejos de cumplirse. Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), cuenta: “El último informe que nos brindaron las autoridades nacionales es del primer semestre de 2018 y dice que hay un 0,91 por ciento de cargos para personas con discapacidad. A nivel de la Ciudad de Buenos Aires la ley establece un cupo del 5 por ciento, que tampoco se cumple, aunque no tenemos estadísticas oficiales al respecto”.

Ante esa situación, también las personas con discapacidad se han agrupado en cooperativas, como En Buenas Manos, donde trabaja Laura. La organización ofrece un variado menú de servicios: masajes, armado de bandejas de frutas, atención de un café y digitalización de archivos. “Somos unas cien personas en total y en masajes seremos unos cuarenta, entre ciegos y personas sin discapacidad”, dice Laura, que también forma parte de Redi.

Betti, que es economista graduado en la UBA, cuenta su recorrido laboral. “Yo tengo disminución visual, esa es mi discapacidad. Busqué empleo por diferentes empresas, fui a montones de entrevistas y terminé entrando a una multinacional a través de un programa de empleo para personas discapacitadas, por diez meses”. Él, que vive en el barrio porteño de Balvanera y tiene 33 años, continuó su carrera profesional en un banco. “Logré ingresar a un banco cooperativo, en donde tienen una perspectiva más amplia”, remarca, para luego explicar que realiza análisis de la evolución de variables financieras e informes de coyuntura.

En una posición intermedia entre la empresa convencional y la organización social sin fines de lucro se encuentran las empresas sociales. Brenda Pignol Ramos, codirectora de Libertate, explica: “Somos una empresa social, porque vendemos servicios, pero las ganancias no se distribuyen entre accionistas. Si damos una capacitación a una empresa, por ejemplo, el excedente lo reinvertimos en la causa”. La organización tiene dos ejes de trabajo: Evolución Inclusiva, mediante la cual forman a empresas en temáticas de discapacidad y organizan actividades de sensibilización, y Dínamo, en donde se promueven programas de voluntariado corporativo y de compras inclusivas y apoyan emprendimientos de personas con discapacidad.

 

Empresas inclusivas

El sector empresarial comienza a incorporar la necesidad de generar puestos para integrantes de ese colectivo. “Vemos que, ya sea por mandato internacional o por propia iniciativa de las áreas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), hay cada vez más apertura en el sector privado, pero es muy lento”, afirma Pignol Ramos. Una experiencia concreta de articulación entre el sector civil y el empresariado es la que lleva adelante la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra). Silvina Alonso, coordinadora del Programa de Inclusión Laboral, la explica así: “Gestionamos puestos de trabajo, nos acercamos a las empresas, analizamos la propuesta y buscamos candidatos en nuestra base de datos”.

Hasta el momento, 190 personas con discapacidad consiguieron empleo mediante este programa de Asdra, en roles que van desde empleados administrativos hasta repositores, pasando por cadetes, recepcionistas, operadores de call centers y peones de cocina. Sin embargo, uno de los puntos que siguen sin resolverse respecto a las políticas de empleo para las personas con discapacidad es que acceder a un puesto de trabajo formal implica perder la pensión que le asigna el Estado. “Lo de la incompatibilidad entre pensiones y trabajos es un problema serio que hay que solucionar. ¡Estamos hablando de pensiones del orden de los 6 mil pesos mensuales!”, advierte Beatriz Pellizzari, fundadora de Libertate y actualmente dedicada a ser facilitadora de empresas sociales.

“Este no es el mejor momento para hablar de empleo, pero ahora al menos hay más concientización. En mi época, sólo conseguías por alguien conocido”, dice, por su parte, la licenciada en Trabajo Social Miriam Migailoff, hipoacúsica y primera vocal de la Mutual Argentina de Hipoacúsicos (MAH). Entre buenas intenciones, tibios avances, cambios de época y un contexto socioeconómico muy desfavorable, las personas con discapacidad y sus organizaciones trabajan, justamente, para tener más y mejor trabajo.

 

Cómo conectarse

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi): www.redi.org.ar

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra): www.asdra.org.ar

Libertate: www.libertate.com.ar

Mutual Argentina de Hipoacúsicos (MAH): www.mah.org.ar

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