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Varias resoluciones emitidas por la Inspección General de Justicia representan un cambio en materia de accesibilidad y regularización de las OSC. La simplificación del marco legal y la disminución de costos son factores clave en un contexto económico adverso.

 

Texto Micael Ricco.

 

La pandemia no solamente profundizó la crisis, sino que también agravó la situación económica y financiera de numerosos sectores. Y las Organizaciones de la Sociedad Civil no fueron la excepción, más bien todo lo contrario. En este complicado contexto, una serie de resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) trajeron algo de alivio y representan una esperanza para muchas instituciones que tuvieron que reducir o suspender sus actividades.

“Desde febrero firmamos trece resoluciones con el objetivo de abaratar los costos de los trámites y a la vez eliminar una burocracia que había llegado a niveles extremos”, detalla el abogado Luis Calcagno, director de Entidades Civiles de la IGJ, que es el único organismo habilitado en la Ciudad de Buenos Aires para que las OSC puedan acceder a la personería jurídica.

“Hay un reclamo de larga data desde la sociedad civil, ya que las reglamentaciones nunca nos facilitaron las cosas; todo lo contrario”, grafica Gustavo Curcio, quien dirige Consultora Asociativa, una entidad que, entre otras instituciones, nuclea a numerosos clubes de barrio. En diálogo con Tercer Sector, remarca que, en el año 2015, la reforma del Código Civil implicó que las organizaciones tengan que recurrir a un escribano público para constituirse como tales, lo que representaba un gasto cada vez mayor. “Algunos costos eran similares, tanto para una sociedad comercial como para una civil, algo ridículo”, asevera.

En la misma línea, Calcagno explica que, desde 1995, se les exigía a las asociaciones civiles un dictamen de precalificación profesional. Esto significaba un gran obstáculo, teniendo en cuenta que la habilitación de una organización y la idoneidad de sus objetivos quedaban en consideración de personas ajenas, como abogados y escribanos. “Siempre me opuse a esta norma, ya que la consideré una privatización del bien común”, asegura.

 

Resoluciones con soluciones

Dentro de la nueva normativa hay ciertos puntos que toman preponderancia, tanto para aquellas organizaciones que intentan obtener la personería, como para las que desean regularizar su situación. “La Resolución General 1 establece que un funcionario público, en este caso de la IGJ, puede habilitar el acto constitutivo de una organización sin necesidad de la firma de un escribano, suprimiendo el costo que implica la escritura. También desarancelamos la inscripción y eliminamos el certificado de precalificación profesional”, destaca Calcagno, quien remarca la gratuidad del proceso.

Sobre este punto, el abogado y artífice principal de las resoluciones aclara que el cupo se limita a instituciones que atiendan cuestiones económicas, sociales y culturales de grupos vulnerables, así como temáticas de género. Esta segmentación excluye a otros sectores que están contemplados en la Resolución 7, que abarca a organizaciones de “promoción y defensa de los derechos humanos, clubes de barrio, espacios culturales independientes, centros de jubilados y bibliotecas populares”.

La Resolución 37, inscripta dentro del Plan de Regularización de Asociaciones Civiles, es fundamental para aquellas que cuentan con la personería jurídica, pero se ven imposibilitadas de ponerse al día a nivel administrativo y legal. La normativa prevé, entre otros ítems, una moratoria que facilita la presentación de ejercicios y balances de los últimos cinco años, más allá de que se deban más períodos.

Además, se permite la presentación de autoridades en el mismo período y no es necesario pagar el timbrado ni el sellado en la Rúbrica de Libros. Las asociaciones tienen tiempo para inscribirse hasta el 30 abril de 2021, aunque Calcagno aclara que la IGJ seguramente habilitará una prórroga. “Otra creación nefasta de la gestión anterior es el Registro de Entidades Inactivas. Aquellas asociaciones que se adhieran al plan van a ser eliminadas de ese registro y se les otorgará un Certificado de Vigencia para presentar, tanto en los poderes públicos, como en los bancos cuando busquen financiación”, asegura.

 

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