Compartir
blank

El Senado aprobó la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera, la Argentina quedó ubicada entre los 67 países del mundo que autorizan la práctica.

Tras una sesión que insumió más de 12 horas, el Senado aprobó la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. la norma aprobada anoche por los senadores deberá ser reglamentada ahora por el Poder Ejecutivo.

La votación fue acompañada por miles de manifestantes y representantes de organizaciones sociales y miembros del movimiento feminista que venían reclamando por la sanción de la ley, instalados frente al Congreso Nacional.

De acuerdo a la Ley  aprobada anoche contempla entre sus principales puntos que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tendrán derecho a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.

Además, contempla que en el caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En esas situaciones las adolescentes de entre 13 y 16, deberán tener un acompañante o “referente afectivo”.

El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

Asimismo, la nueva norma establece que las Obras sociales y empresas de medicina prepaga deben incorporar la cobertura gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedarán incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Y entre otros puntos, también se consigna que el Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here