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El aniversario de Tercer Sector es la excusa para repasar cuáles fueron los acontecimientos que provocaron mayor impacto social en la Argentina desde 1994, cuando nació la revista. Aquí, una nómina de los logros alcanzados, de aquellos aún pendientes y el detalle del camino recorrido por las ONG que movilizan, a diario, a millones de personas comprometidas con mejorar la realidad. Los referentes del sector social aportan sus reflexiones.

 

Texto Andrea Vulcano, Silvina Oranges y Fátima Cheade.

 

La revista celebra sus 25 años y lo hace presentando un repaso de los acontecimientos más relevantes en materia social registrados en el último cuarto de siglo. A continuación, una nómina de los principales hitos que impactaron en la sociedad. En algunos casos, generando cambios rotundos. En otros, madurando procesos que si bien aún no culminaron, marcaron una senda hacia transformaciones impulsadas por distintos colectivos que le dan vida al sector social en la Argentina. Desde Tercer Sector fuimos acompañando estos recorridos, reflejando desde las páginas de la revista los aportes, siempre vitales, generados por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

 

 

  1. Un paso hacia la inclusión

La Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en 2009, constituyó la puesta en marcha de un programa de inclusión social sin precedentes en el país, reconocido por todo el arco político. Se trata de una percepción mensual por cada hijo menor de 18 años, hasta un máximo de 5. Para recibir la totalidad del beneficio, se debe acreditar escolaridad y controles de salud. Su objetivo principal fue equiparar los derechos de los hijos de trabajadores formales con los de los informales y desempleados, históricamente excluidos. A diciembre de este año, el monto de la AUH es de 2.746 pesos y abarca a 3,9 millones de niños y niñas.

La medida fue lanzada frente a altos indicadores de pobreza y desigualdad que –luego de diez años– aún no pudieron ser revertidos. Según un informe de la Universidad de Buenos Aires, si bien el impacto social del programa es significativo, está lejos de ser determinante a la hora de reducir la desigualdad.

 

  1. Conquistas de Género

Para garantizar el derecho de las mujeres a vivir en una sociedad sin violencia, en 2009 fue sancionada la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Sin embargo, la letra fría de la norma aún no se pudo cumplir. En 2019 hubo casi un femicidio por día en el país.

En 2015, el femicidio de Chiara Páez –de 14 años– impulsó el surgimiento de la primera y masiva movilización “Ni una menos”. Los reclamos incluían la efectiva implementación de la Ley 26.485, la elaboración de estadísticas sobre violencia de género, el funcionamiento de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en las provincias y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. La mayor parte de esos reclamos aún siguen vigentes.

No obstante, hubo otros avances: en 2017 se aprobó la ley de paridad en ámbitos de representación política, aplicada en las últimas elecciones nacionales. En 2018 se sancionó la llamada Ley Brisa, que estableció una reparación económica para los hijos de mujeres víctimas de femicidio.

 

  1. Conciencia al volante

El 8 de octubre de 2006 nueve alumnos y una docente del colegio porteño Ecos murieron trágicamente en la ruta 11 cuando volvían de realizar una actividad solidaria en la provincia de Chaco. El micro en el que viajaban, conducido por un chofer no habilitado para hacerlo, chocó frontalmente con un camión, cuyo conductor estaba alcoholizado. “Nuestros hijos murieron, no porque lo decidiera el destino, sino por la negligente e ineficaz seguridad vial”, afirman los familiares que, luego de la tragedia, conformaron la ONG Conduciendo a Conciencia, dedicada a promover campañas de concientización.

Gracias a la prédica constante de diversas OSC y a la lucha de familiares de víctimas, este tipo de acciones se fueron multiplicando. Hoy, las estadísticas registran 20 muertos por día en incidentes de tránsito. Algunos de los últimos avances fueron la incorporación del uso obligatorio de cinturón de seguridad en los micros de larga distancia, así como el de chalecos y cascos para acompañantes en motos.

 

  1. Fin de la impunidad

En 2003, el Congreso derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar fueran juzgados. Fue una de las primeras medidas impulsadas por el entonces presidente, Néstor Kirchner, en el marco de políticas de Memoria, Verdad y Justicia. A partir de entonces, y más de 20 años después de finalizada la dictadura, se reiniciaron los juicios a los militares acusados, la mayoría de ellos, ya de edad avanzada.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del total de personas investigadas desde la reactivación de los juicios, un 22 por ciento murió. Además, cada vez son más los que acceden al beneficio de la prisión domiciliaria y se registra una importante demora en los juicios. Las cifras señalan que el 40 por ciento de las causas en trámite están aún en etapa de instrucción y, si se mantiene este ritmo, continuaría así al menos hasta el 2025. Desde 2006 son 220 las sentencias dictadas, 901 condenados y 142 absueltos.

 

  1. Transparencia

En los últimos 25 años fueron implementadas diversas medidas en pos de transparentar las distintas gestiones de gobierno. En 1999 fue creada la Oficina Anticorrupción, a fines de 2003 se impulsó la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se puso en marcha el mecanismo de juicio político contra los miembros que habían formado parte de la llamada “mayoría automática” durante la gestión menemista.

Además, fueron incorporadas modificaciones en el sistema de selección de jueces, en procura de mayor transparencia y participación ciudadana. En tanto, en los últimos años se buscó aplicar la modalidad de “gobierno abierto” para fomentar la rendición de cuentas en la gestión pública.

 

  1. Participación ciudadana, un punto de transformación

La crisis de 2001 marcó un antes y un después en las formas de participación ciudadana, con el surgimiento de asambleas barriales que, al clamor del “que se vayan todos”, comenzaron a reunirse en distintos barrios y conglomerados. Muchos de sus integrantes participaban así, por primera vez, de la política activa y hacían sonar sus cacerolas contra las políticas del gobierno de Fernando de la Rúa.

Ya desde años anteriores, al calor del repudio a las políticas neoliberales de los ’90, habían comenzado a consolidarse las primeras organizaciones sociales. A eso se sumaron, en los últimos años, movilizaciones por causas tan diversas como el cambio climático, que involucra especialmente a jóvenes, y el rechazo al uso de agroquímicos, que interpela a asociaciones de médicos y activistas que se congregan en distintas partes del país que sufren las consecuencias de fumigaciones con glifosato. La ciudad chubutense de Esquel se convirtió en emblema de esta lucha, en ese caso apuntando contra la megaminería.

 

  1. Los derechos reproductivos, en escena

En 2006 fue sancionada la Ley de Educación Sexual Integral, que creó un programa nacional para garantizar que alcance a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Sin embargo, su implementación aún no es efectiva. Este año se frustró en el Congreso el tratamiento de una iniciativa que buscaba modificar algunos artículos de la ley para garantizar su cumplimiento.

De la mano del movimiento de mujeres, en 2018 se instaló con fuerza en la sociedad la discusión sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue debatida durante cuatro meses en el Congreso, con la participación de 700 expositores. Una enorme multitud celebró la aprobación en Diputados del proyecto de ley, que luego fue rechazado en el Senado. No obstante, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó este año –por octava vez– la iniciativa, a la espera de que, bajo el nuevo gobierno, se le dé impulso.

 

  1. Ampliación de derechos civiles

Tanto la Ley de Matrimonio Igualitario, de 2010, que habilita el casamiento entre personas del mismo sexo, como la Ley de Identidad de Género –que permite el cambio de sexo y nombre en el DNI– ubicaron en la vanguardia a la Argentina, el primer país de Latinoamérica en establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo y el tercero, después de México y Uruguay, en permitir el cambio de sexo en el documento.

Otro derecho civil consagrado en los últimos años es la posibilidad de voto para los y las mayores de 16, a partir de una reforma al Código Nacional Electoral aprobada en 2013.

 

  1. La República, con nuevas bases

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 abrió las puertas a nuevos derechos y garantías que marcaron el inicio de otra etapa en la historia democrática argentina. Acortó el mandato presidencial de seis a cuatro años, con posibilidad de reelección por un solo período, estableció el voto directo con balotaje para el presidente y vice, y para el jefe del Gobierno porteño y amplió la autonomía de la Caba.

Al mismo tiempo, creó órganos como el Consejo de la Magistratura para designar jueces, la figura del jefe de Gabinete, incorporó un tercer senador por la minoría, la regulación de los DNU y la creación de la Auditoría General de la Nación. También estableció la formación de un Consejo Económico y Social con carácter consultivo, aún no implementado, y se incorporó la necesidad de una ley de coparticipación federal, todavía pendiente. Asimismo, el nuevo texto constitucional incorporó tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por la Argentina, una de las llaves que permitió avanzar en los juicios por delitos de lesa humanidad de la última dictadura.

 

  1. Fertilización asistida

La Ley de Reproducción Médicamente Asistida convirtió en 2013 a la Argentina en el primer país de América latina en dar a sus ciudadanos un nuevo derecho, la fertilidad, a partir del  acceso integral y gratuito a los procedimientos y técnicas de reproducción, incluidos en el Programa Médico Obligatorio. Desde su sanción, estos tratamientos pasaron de 10.000 a 21.000 anuales.

La norma dispone que se debe cubrir un máximo de cuatro tratamientos de baja complejidad por persona (estimulación ovárica e inseminación uterina) y tres de alta complejidad (fertilización in vitro o inseminación asistida), con medicación incluida. Los requisitos son ser mayor de edad y no superar los 44 años cuando sean tratamientos con óvulos propios (51 para donados o criopreservados). La ley no discrimina ni por orientación sexual ni por estado civil e incluye diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

 

  1. Una nueva era para el VIH

Los primeros casos de VIH se dieron en el país en 1982, pero fue en los ’90 cuando la enfermedad cobró presencia y comenzaron a buscarse formas para evitar su propagación y métodos de cura. Para 1989, el Congreso ya había sancionado la Ley Nacional de Sida, que declaró de interés nacional la lucha contra esta enfermedad y buscó proteger a las personas infectadas de la marginación o la estigmatización, a través de diferentes formas, entre ellas, el secreto médico.

En el camino encarado por el Estado para terminar con su transmisión, se dispuso la obligatoriedad de la detección del VIH a través de estudios de sangre ante transfusiones, elaboración de plasma u otros derivados sanguíneos de origen humano. A mediados de los ’90 comenzó a desarrollarse el llamado Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo, que cambió la historia de la epidemia a partir de medicaciones que, para muchos, significaron la diferencia entre la vida y la muerte. Con una detección temprana y un tratamiento oportuno, el VIH pasó a ser una enfermedad crónica.

 

  1. El legado de Justina

En 2018 entró en vigencia la Ley de Órganos, Tejidos y Células, que establece que todos los mayores de 18 años son donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. La norma nació a partir de la campaña “MultiplicateX7” –en referencia a la cantidad de vidas que se estima puede salvar cada donante–, que se viralizó en las redes sociales y logró en poco tiempo que la cantidad de gente registrada como donante pasara de 30.000 a 126.000.

La impulsora de este punto de inflexión fue Justina, una nena de 12 años que, en 2017, encabezó durante cuatro meses la lista de espera del Incucai por un corazón. El órgano no llegó y Justina murió el 22 de noviembre de 2017. Siete meses y medio después, sus padres lograron que el Congreso aprobara la ley por unanimidad. Hoy, las más de 10.000 personas que se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante en Argentina tienen más posibilidades de vivir.

 

  1. Las aulas como pilar

La Ley de Educación Nacional fue sancionada a fines de 2006, con el objetivo de unificar el sistema educativo en todo el país y garantizar el derecho a los 13 años de instrucción obligatoria, desde sala de 5 años hasta el secundario. Además, restableció la tradicional división entre escuela primaria y secundaria, que había sido modificada con la Ley Federal de Educación. En su elaboración participaron docentes, padres, OSC, académicos y sindicatos de docentes y no docentes. Como antecedente, en 2004 había empezado a regir otra norma para asegurar un mínimo de 180 días efectivos de clase, y en 2005 la Ley de Educación Técnico Profesional.  En tanto, en 2014, fue sumada la sala de 4 años del nivel inicial como obligatoria.

 

  1. Medio ambiente, primeros pasos

La protección de bosques y glaciares y el saneamiento del Riachuelo fueron los aspectos más relevantes de la agenda de medio ambiente. A fines de 2007, el Congreso aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, reglamentada en febrero de 2009 tras el reclamo de más de 70 OSC.

El 9 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó la recomposición del medio ambiente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, con la erradicación de basurales clandestinos y asentamientos y un plan sanitario, tareas de limpieza y expansión de las redes de agua potable, desagües y cloacas. A once años, el Estado y sus sucesivos gobiernos no pudieron mostrar avances significativos.

En tanto, este año, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares (sancionada en 2010), que protege los cuerpos de agua y determina dónde puede haber actividad minera y dónde no, y que había sido cuestionada por la minera Barrick Gold.

 

  1. Economía social

La crisis de 2001 generó el cierre de miles de empresas y fábricas, pérdidas de empleo y aumento de la pobreza. Emprendimientos de la economía y la agricultura popular, incluso agroecológicos, ferias y movimientos de recuperación de fábricas y empresas emergieron como salida. Al compás de ese crecimiento surgieron diversas organizaciones que buscaron representar los intereses y las demandas de esos espacios, entre ellas, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que aún hoy persiste y reúne a unas 500 firmas recuperadas por sus trabajadores, y el Instituto de la Producción Popular, abocado a la capacitación de cooperativas. Otro emergente de esta etapa es la orientación social del consumo, expresada en iniciativas como la denominada “Más cerca es más justo”, una alternativa de comercialización que pretende democratizar la economía acercando consumidores a pequeños productores locales, sin intermediarios ni explotación ni abusos.

 

  1. Pluralidad de voces: un camino a medias

En octubre de 2009 fue sancionada la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó a la Ley de Radiodifusión instituida durante la última dictadura y se basó en una propuesta de 21 puntos presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004. La nueva legislación, debatida en foros que se desarrollaron en todo el país, estableció normas para el funcionamiento y la distribución de licencias de medios radiales y televisivos para evitar la concentración.

El Grupo Clarín interpuso medidas cautelares en contra de cuatro artículos de la norma, lo que paralizó hasta 2013 su aplicación. Ese año, la Corte Suprema de Justicia declaró válidos esos artículos y la constitucionalidad general de la ley, estableciendo plazos para su cumplimiento.

Sin embargo, en el inicio de la gestión de Cambiemos, la ley fue modificada por un decreto. Un grupo de OSC llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Suprema por considerar que beneficiaba a ciertos medios. No obstante, el máximo tribunal no se pronunció sobre su legalidad.

 

  1. Hacia la igualdad de oportunidades

En los últimos años se registraron pasos tendientes a garantizar la igualdad a las personas con discapacidad. A través del Certificado Único se pudo acceder a la cobertura del 100 por ciento en las prestaciones del sistema de salud y a la gratuidad de viajes en transporte público terrestre. También a la matriculación de alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas comunes, públicas o privadas; las capacitaciones y talleres de formación con orientación al trabajo, y al Cupo Laboral Obligatorio del 4 por ciento establecido por la Ley 25.689 para las empresas que presten servicios públicos privatizados y entes públicos no estatales. A eso se suman asignaciones familiares por hijo con discapacidad y para cónyuge de paciente con discapacidad, y la ley nacional de accesibilidad para personas con movilidad reducida en plazas, baños públicos, edificios y transporte público. Se destaca también la participación de cientos de deportistas en los Juegos Paraolímpicos y Parapanamericanos, en diferentes disciplinas, con cientos de medallas obtenidas.

 

18. Corrientes migratorias

Las personas migrantes y refugiadas representan en la Argentina cerca del 4,5 por ciento de la población. Plasmado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, el país se caracteriza por ser de puertas abiertas. En ese marco, en 2003 fue sancionada la Ley de Migraciones, basada en estándares internacionales de derechos humanos: significó un importante hito, así como también su decreto reglamentario, dictado en 2010.

Esta impronta fue reafirmada, luego con la acogida a decenas de miles de migrantes venezolanos, así como también con la implementación del Programa Siria, que desde 2014 busca dar protección a quienes huyen del conflicto en ese país y alcanzó ya a unas 450 personas.

No obstante, en los últimos años diversas Organizaciones de la Sociedad Civil vienen denunciando retrocesos en esta materia, principalmente a partir del DNU 70/2017, sobre cuya legalidad aún debe expedirse la Corte Suprema de Justicia. Esa normativa se inscribió en un discurso oficial que vinculó la migración con la criminalidad y con un supuesto abuso en el uso de los servicios públicos.

 

  1. La identidad, una conquista histórica

Arista fundamental del proceso de Memoria, Verdad y Justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, la recuperación de nietos, hijos de detenidos-desaparecidos –en su mayoría nacidos en cautiverio– fue quizás una de las conquistas más reparadoras de la democracia. Hoy suman 130 las nietas y los nietos recuperados, entre ellos –en 2014– el conmovedor caso de Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, referente de Abuelas de Plaza de Mayo e ícono de esta lucha.

En todos los casos, jugó un papel clave el Equipo Argentino de Antropología Forense, una organización científica, privada y sin fines de lucro que –con un sólido, silencioso y prestigioso trabajo que ya lleva 35 años– logró conquistas enormes –reconocidas incluso internacionalmente– en la identificación de víctimas, desde desaparecidos de la última dictadura hasta combatientes muertos en la Guerra de Malvinas que habían sido sepultados como NN en el cementerio de Darwin, y de cuyos restos pudieron, por fin, disponer ahora sus familiares.

 

  1. Pueblos originarios

Al menos 955.000 personas habitan más de treinta pueblos originarios distribuidos en todo el país, según datos oficiales. Si bien la necesidad de avanzar en el reconocimiento de territorios ancestrales indígenas sigue siendo una deuda pendiente, lo cierto es que la sanción de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial significó la ratificación de esa obligación del Estado y un paso vital para que las comunidades pudieran avanzar en los procesos de titulación comunitaria de sus territorios.

Sin embargo, a trece años de la sanción de esa norma, su vigencia fue prorrogada en tres oportunidades, ahora hasta el 23 de noviembre de 2021. Organizaciones de derechos humanos advierten que, hasta el momento, solo se ejecutó un 57 por ciento de los relevamientos ordenados y que, de ellos, apenas un 38 por ciento habría sido concluido. Además, denuncian incumplimientos en la orden de suspensión de desalojos, fuente de conflictos y de vulneración sistemática de los derechos de sus habitantes, inmersos en su mayoría en contextos de pobreza extrema.

 

  1. Consumo de drogas

La irrupción del debate en torno del consumo de drogas es quizás otro de los sellos distintivos de este último cuarto de siglo. Las Madres Contra el Paco son un ícono de esta lucha. Se trata de un movimiento que surgió en 2005, a instancias de un grupo de mujeres que encaró una pelea colectiva contra el flagelo que estaba causando entre sus hijos e hijas el consumo de esa sustancia.

En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Arriola, que descriminalizó la tenencia de drogas para consumo personal. Sin embargo, pasada una década, continúan siendo penados tanto el consumo como la tenencia para uso personal.

En 2017, el Congreso legalizó la investigación y el uso medicinal del cannabis, aunque la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo acotó a una sola patología su alcance (epilepsia refractaria), mientras que el autocultivo continúa siendo penado por ley.

 

  1. Red de redes

Aunque se trata de un hito de base tecnológica, su impacto social fue contundente. Se trata de internet, la red de redes, que revolucionó también la esfera de lo social, no sólo en lo que atañe a los vínculos, sino también a la salud, la educación, la gestión de proyectos, la búsqueda de apoyos, la interconexión y la visibilización de denuncias, entre otras aristas.

En 1994 se dieron los primeros enlaces de internet en el país y al año siguiente se abrió al ámbito comercial. Así, comenzó un acelerado proceso de multiplicación del número de usuarios.

A esa revolución digital se sumó, más tarde, la irrupción de las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y un sinnúmero de aplicaciones abrieron un abanico que, a la vez, potenció también al mundo de las OSC, al dotarlas de accesibles herramientas que les permitieron darle más visibilidad a sus iniciativas y necesidades. También se registró el surgimiento de nuevas formas de participación ciudadana, expresadas en el ciberactivismo, la búsqueda de incidencia a partir de peticiones, los mapeos y las masivas muestras de solidaridad ante tragedias, epidemias o desastres naturales.

 

  1. Acciones para adultos mayores

Una de las grandes deudas sociales es con la tercera edad. Sin embargo, la Argentina se convirtió en uno de los países de la región con mayor tasa de cobertura del sistema previsional, cercana al 90 por ciento, merced a la moratoria conocida como la jubilación para las amas de casa, que permitió a más de 1,8 millón de mujeres mayores de 60 años sin sus aportes regularizados acceder a una jubilación y a la cobertura de salud del Pami.

El denominado fallo Badaro de la Corte Suprema de Justicia estableció que, desde enero de 2002 a diciembre de 2006, el reajuste de haberes jubilatorio debía hacerse según la evolución de los salarios en base a datos del Indec. Esa sentencia precipitó una catarata de juicios, muchos de ellos aún pendientes de resolución o de ejecución de la sentencia.

Tras ese fallo y bajo dos gestiones de gobierno diferentes fueron establecidas dos leyes de movilidad jubilatoria (en 2008 y 2017), con fórmulas distintas para el cálculo de la actualización periódica. A eso se sumó, en 2016, el Plan de Reparación Histórica, tendiente a disminuir el nivel de litigiosidad previsional, un objetivo alcanzado tan solo parcialmente.

 

  1. La era de la innovación

La creación, en 2013, del talentoso joven argentino Gino Tubaro es tan sólo un ejemplo del potente impacto de la ciencia y la tecnología cuando se las pone al servicio de la transformación social: las prótesis de manos y brazos que construyó a partir de impresiones 3D ya llegaron a más de 1.100 personas.

También lo son la instalación de paneles solares para dotar de energía a escuelas rurales, la fabricación de filtros cerámicos para descontaminar agua y la aplicación del ADN en las ciencias forenses, entre otras iniciativas. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación orientadas a salud, educación, financiamiento colectivo de iniciativas y otras tantas áreas, es otro de los hitos del último cuarto de siglo.

Como contracara, creció también la brecha digital. Frente a esa realidad, en 2010 fue lanzado el programa Conectar Igualdad, que –hasta 2015– permitió la entrega de más de 5 millones de netbooks a docentes y estudiantes. Luego, esa política quedó virtualmente desactivada, hasta su reemplazo por el Plan Aprender Conectados, en 2018.

 

  1. Nuevo código, nuevos derechos

La sanción en octubre de 2014 y su puesta en vigencia, en agosto de 2015, del nuevo Código Civil y Comercial marcó un punto de inflexión en cuanto a reconocimiento de derechos y redefinición de obligaciones en ambas materias que, en buena medida, regulan la vida cotidiana.

Además de recoger instituciones establecidas primero por ley, como el matrimonio igualitario, a lo largo de sus 2.671 artículos el nuevo Código incorporó la unión convivencial, la adopción, el derecho a la identidad, la elección del formato de los apellidos, el divorcio exprés, el régimen patrimonial del matrimonio, la ampliación del derecho a la adopción a personas únicas o no casadas y un énfasis especial en la voz y los deseos de niños y niñas, entre otras muchas medidas. Además, contempló las técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro, con consentimiento previo.

 

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