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Voluntarios, protegiendo el futuro // Por Bernardo Kliksberg *

blankCientíficos de todo el mundo advirtieron que las emisiones de dióxido de carbono crecen, acelerando el calentamiento global, y que si no se actúa en 20 años la mayoría de los ecosistemas colapsarán. Los pobres son los más castigados por causas como mares desbordados, huracanes cada vez más potentes, desertificación y sequías prolongadas. Muchos se ven obligados a migrar por la pérdida de su hábitat. Este año habrá un récord de 22 millones de desplazados climáticos, lo que aumentará las inquietantes cifras de pobreza.

Una encuesta entre millennials de 42 países reveló que su mayor preocupación es la emergencia climática. Los jóvenes crearon un nuevo voluntariado medioambiental y social. La joven sueca Greta exhortó a los chicos en edad escolar a realizar paros en defensa de la naturaleza y logró movilizar a 7 millones de voluntarios. El efecto Greta incidió hasta en la duplicación de la publicación y venta de libros dedicados al tema.

También grupos de jóvenes universitarios están aplicando tácticas pacíficas y bloqueando ciudades para clamar por respuestas ambientales, y denunciar los intereses económicos que las paralizan. Brillantes jóvenes graduados reclutados por los grandes gigantes tecnológicos han organizado protestas masivas para exigirles que no produzcan daños ambientales. Haciéndose eco de los jóvenes, el nuevo ministro de Educación de Italia introdujo la enseñanza obligatoria de la emergencia climática en todo el sistema educativo.

Urge apoyar al nuevo voluntariado que está en la primera fila para defender el aire, el agua y la tierra, antes de que sea tarde. Sus acciones son la concreción de la vieja sabiduría bíblica que dice: “Más vale encender una vela (una luz) que maldecir a la oscuridad”.

* Profesor Honorario y Doctor Honoris Causa de la UBA. Asesor especial de diversos organismos internacionales.

 

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Una responsabilidad ética y legal // Por Sebastián Waisgrais *

blankArgentina enfrenta un problema central: más de la mitad de los 13 millones de chicas y chicos del país viven en situación de pobreza. Ser pobre, para ellos y ellas, implica mucho más que billeteras vacías. Significa no asistir a la escuela o hacerlo a edad tardía, no contar con acceso al sistema de protección social, vivir en casas inadecuadas y sin agua potable, no acceder a los servicios de salud ni a políticas de cuidado, o aquellas que deben protegerlos de la violencia, los abusos y los malos tratos.

Esta situación constituye la principal deuda que tenemos como país. Desde que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño hace 30 años, los niveles de pobreza en la niñez y la adolescencia nunca se han reducido por debajo del 30 por ciento. En momentos de crisis económica, esta situación empeora. Las crisis pueden generar que chicas y chicos abandonen la escuela y comiencen a trabajar (generalmente en el caso de los varones), o tengan que dedicar más tiempo a las tareas de cuidado (en el caso de las mujeres), que enfrenten mayores restricciones en el acceso a alimentos y servicios de salud y sufran mayores riesgos a ser víctimas de violencia. En palabras de las propias chicas y chicos, las crisis pueden implicar dejar de jugar, enfermar y no poder comprar medicamentos o vivir en casas de chapa y cartón.

La respuesta del Estado para cumplir con los derechos de la niñez en un contexto de dificultades económicas es una responsabilidad ética y legal. Políticas como la Asignación Universal por Hijo pueden ayudar a moderar esta situación, pero deben articularse también con esfuerzos desde las áreas de educación, salud, protección, cuidados. El costo de no actuar es enorme. Un país que le da la espalda a su infancia le da la espalda no solo a su presente sino también a su futuro.

* Especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina.

 

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Una pregunta con respuesta // Por Nora Schulman  *

blankA 30 Años de la Convención, ¿se cumplen en la Argentina todos los derechos de la niñas, niños y adolescentes (NNyA)?

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) cambió sustancialmente la mirada acerca de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, y, también, el estatus jurídico de la infancia, que pasó de “objeto” a “sujeto de derechos”.

Sin embargo,a 30 años de su promulgación, todavía hay niños violentados, abusados, victimizados por la Justicia, víctimas de un sistema perverso, antiguo y patriarcal, donde la voz de los niños es silenciada, no tenida en cuenta o desestimada en todos los ámbitos.

También, subsisten malas prácticas, violencia institucional, y violencia de las fuerzas de seguridad contra NNyA, con la idea que muchos de ellos, especialmente los más pobres, deben ser encerrados y castigados. A eso se suman nuevas problemáticas, como el ciberacoso, el ciberbullying y el grooming, vinculadas al uso y la expansión de las redes sociales.

Si bien en materia de legislación y sistemas de protección se avanzó en la aplicación de la CDN, aún falta mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que atañe a la responsabilidad del Estado –reflejada en el artículo 4– como garante de derechos e inversión en infancia. Sin inversión, no hay políticas públicas; y sin políticas públicas, no hay cumplimiento de derechos. Y, si los derechos son vulnerados, se pierden los valores que impone la Convención.

La pobreza, que golpea con especial crudeza a niños y niñas, es, sin duda, otra gran deuda pendiente que no puede ser admitida. También, el debate de una legislación penal juvenil respetuosa de sus derechos, que no tenga en cuenta la baja de la edad de imputabilidad sino las garantías del debido proceso.

Estos son apenas algunos de los derechos de niños, niñas y adolescentes que urge sean cumplidos en nuestro país, sin falsas promesas ni justificaciones absurdas.

* Directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN).

 

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Movimientos sociales: dos hitos recientes // Por Daniel García Delgado y Agustina Gradin *

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¿Qué otorga relevancia y existencia a un movimiento social? ¿Su capacidad de movilización, la novedad de sus demandas, su incidencia en la agenda pública? En los últimos años, hubo dos significativos:

  1. a) El movimiento de la economía popular fue considerado mucho tiempo un fenómeno residual que desaparecería con el crecimiento macroeconómico. Ahora, es posible afirmar que es un hecho que llegó para quedarse. Resulta importante destacar su carácter territorial, sus demandas distributivas. su propuesta de conformar un sindicato único e ingresar en la CGT, y de profundizar su articulación con las políticas públicas del nuevo Gobierno, cuya coalición frentista ha reconocido estas demandas. Una de sus potencialidades es su capacidad de impactar sobre la gobernabilidad, lo que lo constituye en un actor de relevancia.
  2. b) El movimiento feminista fue creciendo, y ganando visibilidad y masividad, principalmente a partir del “Ni Una Menos”, los paros internacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, y las luchas por la despenalización del aborto. Sus demandas fueron tomando fuerza, y abordan hoy una agenda que interpela y atraviesa a diversos sectores, como la política, la cultura y la justicia. Emerge una crítica más profunda al sistema patriarcal, visibilizando desigualdades de género desde enfoques transversales e interseccionales. Se trata de un movimiento que logró impactar en las coaliciones políticas, y generar alianzas intersectoriales entre espacios políticos y sociales.

Ambos movimientos generan conflictos al expresar demandas hasta ahora invisibilizadas y representar grupos sociales excluidos, cuya expresión colectiva empieza a generar una nueva cultura política y nuevos actores. Como lo fue oportunamente el de derechos humanos, estos movimientos forman parte de una nueva agenda y escena pública de la sociedad.

* Área Estado y Políticas Públicas Flacso Argentina.

 

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Ambiente sano: además de posible, un derecho constitucional // Por Andrés Nápoli *

blankEn 2006, un grupo de habitantes de Villa Inflamable, Dock Sud, Avellaneda y La Boca, a quienes luego se sumaron el defensor del Pueblo y varias ONGs, iniciaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una de las primeras demandas por motivos de contaminación que se conocen en la Argentina. En su caso, respecto de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Lo hicieron bajo el amparo de la innovación institucional más importante en el plano ambiental de los últimos tiempos: el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de todas las personas habitantes de la Argentina a gozar de un ambiente sano. Sin lugar a duda, por su impacto e importancia, uno de los principales hitos en la materia de este último cuarto de siglo.

La consolidación de este nuevo derecho marcó un antes y un después: hizo del tema parte de la agenda pública; obligó al Estado a establecer políticas y acciones tendientes a la protección del ambiente, y a personas y empresas a incorporar la noción como parte de sus medidas de cuidado.

Además, vino acompañada de otras herramientas. Por ejemplo, la acción de amparo colectivo en materia ambiental (Artículo 43) expandió notablemente las posibilidades de protección del ambiente en todas sus áreas, al permitir que personas lugareñas afectadas, asambleas, comunidades campesinas y originarias, organizaciones no gubernamentales y los más diversos colectivos puedan realizar acciones tanto para la defensa del ambiente, como para demandar información y participar de manera directa en decisiones que pudieran, eventualmente, afectar sus condiciones de vida.

En 2008, dos años después de su presentación, la demanda de habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, conocida como causa Mendoza, logró de la Corte Suprema una sentencia favorable histórica que promovió, sobre uno de los ríos más contaminados del mundo, acciones de saneamiento vigentes hasta el día de hoy.

* Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

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Los feminismos como vanguardia de resistencia // Por Raquel Vivanco *

blankLas grandes movilizaciones del 3 de junio de 2015 por #NiUnaMenos junto con los cuatro paros de mujeres y la Marea Verde impulsada por la hermosa y poderosa revolución de las hijas, que movilizó a más de un millón de personas en 2018 para exigir la legalización del aborto, fueron los principales hitos del cambio de época en el que el feminismo se constituyó en actor determinante para la resistencia a las políticas neoliberales.

Las políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, diversidades y disidencias estuvieron ausentes en el último gobierno, fomentando la impunidad de los agresores y la desprotección extrema de las víctimas. En 2019, el Instituto Nacional de la Mujer contó con un presupuesto por demás insuficiente para aplicar la ley 26.485 de Protección integral a las Mujeres.

Las estadísticas que elaboramos desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” muestran que desde el Ni Una Menos a la actualidad hubo al menos 1.220 femicidios y, en lo que va de 2019, uno cada 27 horas, siendo el 84 por ciento de los femicidas hombres del círculo íntimo de las víctimas.

Desde el inicio de la democracia, 3.000 mujeres y personas gestantes murieron por abortos clandestinos. Incluso, cuatro de estas muertes sucedieron mientras el Senado de la Nación debatía y rechazaba el proyecto de legalización del aborto. A pesar de ello, conquistamos la despenalización social del aborto y estamos muy cerca de conseguir la ley en un nuevo escenario político en el que, por primera vez en la historia, un Presidente ha manifestado su intención de avanzar en la legalización de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

Frente a este panorama, quienes asumimos el feminismo popular como práctica colectiva y de vida tenemos la responsabilidad histórica de seguir forjando el cambio cultural que nos hará ser libres y felices.

* Presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y referente del Movimiento Marea Feminista Popular y Disidente.

 

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