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La infraestructura que forman las organizaciones del tercer sector en muchas de las comunidades más desventajadas de la isla caribeña fue determinante para amortiguar la crisis ocasionada por el paso del huracán María.

 

Texto Sandra Ivelisse Villerrael desde San Juan, Puerto Rico.

 

Cuando los vientos de intensidad catastrófica del huracán María amainaron la tarde del miércoles 20 de septiembre, la primera línea de defensa para socorrer a vecinos y despejar las vías de escombros fueron los propios residentes de los vecindarios, en particular en aquellos donde ya tenían organizaciones comunitarias.

Al día siguiente llegaron los aliados, ese capital social que las organizaciones de base comunitaria y sin fines de lucro cercanas habían desarrollado por años. La ayuda del gobierno tardó más, en parte porque se trató del huracán más devastador que pasó sobre la isla en más de un siglo.

“Fueron los residentes quienes se hicieron cargo”, dijo la planificadora Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva del Proyecto Enlace, un emprendimiento reconocido a nivel internacional por su enfoque integrado para el desarrollo de infraestructura social y económica en ocho comunidades empobrecidas de San Juan. La asistencia oficial demoró casi un mes en llegar, añadió. “En el caso de Enlace, 16 años de organización comunitaria y de alianzas fueron la clave”, afirmó.

En 15 días, gracias a la coordinación con organizaciones puertorriqueñas en Nueva York y grupos aliados, ya tenían 867 techos provisionales para instalar en las pequeñas viviendas de madera dañadas por los fuertes vientos. Ochenta residencias fueron destruidas en su totalidad en las ocho comunidades ubicadas a poca distancia del corazón financiero del país. El 70 por ciento del sector donde viven más de 26.000 personas quedó bajo aguas pestilentes.

Al cabo de varias semanas, ante la llegada de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la intervención del Proyecto Enlace y del liderato comunitario, agrupado bajo el nombre de G-8, fue posible que los funcionarios visitantes modificaran su acción para asegurar la atención directa a los vecinos. El plan oficial original era establecer un centro de atención al que la gente llegara. Pero con el colapso del sistema de telecomunicaciones y sin energía eléctrica, poca gente podría conocer adónde debía acudir. Las organizaciones propusieron visitas a cada casa y, aunque con cierto escepticismo primero, lograron que el personal del gobierno estadounidense recorriera las comunidades.

 

La magnitud de la devastación

El huracán María atravesó la isla con vientos de entre 209 y 251 kilómetros por hora. El gobierno informó que 70.000 viviendas fueron totalmente destruidas. Datos oficiales estiman que el 46 por ciento de la población vive bajo niveles de pobreza. Hasta el 2016, en Puerto Rico operaban 11.570 organizaciones sin fines de lucro que servían a 700.000 personas, de acuerdo con un informe preparado por la firma local de investigación Estudios Técnicos. Estas organizaciones aportan el 6,6 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico, según el documento.

Fue esa plataforma la que utilizó el recién creado Puerto Rico Recovery Fund (Prrf) para distribuir más de 505 toneladas de comida y artículos en 54 municipalidades por medio de 29 organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa fue creada, tras la embestida del huracán, por el Centro para una Nueva Economía, entidad de investigación y formulación de política pública, y la organización Espacios Abiertos, que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Con experiencias de la recuperación del huracán Katrina en el estado norteamericano de Luisiana como referencia, el Prrf ha dirigido sus primeros esfuerzos en la isla a atender las necesidades humanitarias inmediatas de la población damnificada. “Lo que hicimos fue utilizar las organizaciones ya existentes y crear una red”, dijo Cecille Blondet Passalacqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos. “El elemento más importante es que ellas estaban sobre el terreno, estaban cerca de la gente, los conocían y tenían la capacidad de llegar rápidamente”, continuó.

Las redes de telecomunicaciones y de transmisión de energía eléctrica ya habían tenido averías tras el paso del huracán Irma por las cercanías de Puerto Rico. El huracán María, dos semanas después, dejó ambos sistemas colapsados. Dos meses más tarde, el país da pasos lentos a una recuperación y reconstrucción que tomará años y para la que el gobierno ha solicitado al Congreso estadounidense unos 94.000 millones de dólares.

Para la ingeniera ambiental Ingrid Vila Biaggi, la clave de esa reconstrucción es un sistema eléctrico transformado en tecnología y en gobernanza. “El huracán dejó al descubierto la fragilidad del sistema energético. Ahora todo el mundo habla de que no se construya lo mismo y eso presupone un cambio”, dijo. “El primer paso es asegurar que se dé la participación necesaria para que las comunidades, las entidades locales expertas y con soluciones documentadas tengan participación activa en el diseño y la creación de un nuevo sistema”, remarcó.

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