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Tiempo de balance

20 años de Políticas Sociales
Tiempo de balance

En el marco de su vigésimo aniversario, Tercer Sector consultó a entidades de la sociedad civil, organismos internacionales y expertos para que brinden su visión sobre las políticas sociales de las últimas dos décadas. Una radiografía con avances y retrocesos. Y un mapa de las asignaturas pendientes.

Textos: MARICEL SEEGER

Las imágenes se suceden, se contraponen, se encadenan: la Carpa Blanca, el Plan Jefes y Jefas de Hogar para enfrentar la emergencia más aguda, la Asignación Universal por Hijo para equiparar derechos, la triste generación de los “ni-ni” que no estudian ni trabajan, las computadoras para chicos de diferentes rincones del país, la toma de terrenos que refleja el drama de la falta de viviendas… la lista es arbitraria, pero busca ser apenas el inicio de una pincelada de los últimos 20 años en materia de políticas sociales en la Argentina. Ya lo decía Aristóteles, “gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia”; a las puertas de un año electoral; y en el marco de su vigésimo aniversario, Tercer Sector se propone recrear hitos y desafíos en materia de infancia, educación, salud, derechos y empleo, para comprender parte de la experiencia ganada y dibujar el mapa de los objetivos para los próximos tiempos. 

Con ese objetivo, fueron consultadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), representantes de organismos internacionales y expertos para que brinden su opinión sobre las políticas sociales de las últimas dos décadas, que atravesaron los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con diversas realidades internas y contextos externos.

“En el 2003, en Argentina se destinaban 4.100 millones de pesos para las políticas sociales y hoy se manejan 75 mil millones de pesos para atención política social, y casi todo es transferencia de dinero directa. Hubo una clara decisión del Estado de volcar más dinero”, señala Daniel Arroyo, quien fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Kirchner y hoy coordina el área social del opositor Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. “Sin embargo –plantea– hay cosas no resueltas como la pobreza, el trabajo informal y un millón y medio de jóvenes que ni estudian ni trabajan. A eso hay que agregarle el problema de las escuelas secundarias y la inflación.”

“Se ha avanzado claramente en la ampliación de derechos”, matiza Félix Bombarolo, docente de posgrado de la Universidad del Salvador. “Esto se da tanto a nivel de nuevas leyes –movilidad y ampliación jubilatoria, niñez y adolescencia, ley de medios, matrimonio igualitario– como de medidas o decretos del Poder Ejecutivo –juicio a los responsables del genocidio de la última dictadura militar, Asignación Universal por Hijo y otras–. También, se amplió la capacidad de consumo de sectores populares en relación a fines de los ’90 y a la crisis del 2001/2002”, argumenta Bombarolo, para quien la Argentina sigue siendo “tremendamente inequitativa”.

Los chicos primero

La Asignación Universal por Hijo –que tiene como contraprestación la asistencia obligatoria a la escuela y la aplicación de vacunas al día- y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes –que desterró a la antigua Ley de Patronato de Menores- representan avances de los últimos años, aunque el desafío aún radica en su efectivo cumplimiento, coinciden las OSC.

“Con posterioridad a la crisis de 2001/2002, hubo un cambio de modelo en la implementación de las políticas sociales, que dejó atrás un esquema focalizado y avanzó hacia un modelo más integral, centrado en la promoción de la protección social, en el intento de la universalización de derechos, con mayor presencia estatal y una ampliación de la cobertura de los esquemas de seguridad social contributivos y no contributivos”, evalúa el especialista en Monitoreo y Evaluación de Unicef Argentina, Sebastián Waisgrais.

En total, según datos oficiales, 3,6 millones de chicos y adolescentes reciben la Asignación Universal, un programa destacado casi al unísono por las Organizaciones de la Sociedad Civil. No obstante, casi un millón y medio de niños no accede a esta asignación por problemas con los trámites, por no cumplir con la condicionalidad educativa, por pertenecer a poblaciones aisladas o por problemas en el registro de identidad, enumera Waisgrais.

Existieron otros avances, como la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061), promulgada en octubre del 2005. La norma creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), actualizó estructuras asociadas a infancia y apuntó a que los niños institucionalizados pudieran permanecer con sus familias. “Es cierto, tenemos ley; sin embargo, el imaginario social tomó el carril contrario, y los chicos son demonizados e incinerados en hogueras donde todas las culpas presentes y futuras quedan sobre sus espaldas”, explica Laura Taffetani, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, quien apunta especialmente al caso de niños que viven en la calle o en conflicto con la ley.

Gustavo García –del Hogar Don Bosco de La Plata y de la Red de Hogares y Centros de Día de la provincia de Buenos Aires (Redba) suma el crecimiento de la violencia hacia los niños. “Se ve en los casos de gatillo fácil, en chicos y adolescentes que desaparecen y luego son encontrados muertos. Se calcula que hay cerca de un millón de chicos que sufren maltrato”, señala. Según el presidente de la OSC Pumas del Sur, Enrique Flores, también es importante que los pibes tengan un proyecto de vida. “Tratamos de inculcarles que se capaciten para lograr mejorar su estándar de vida, prevenir las adicciones y la violencia”, postula.


Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo
Red de Hogares y Centros de Día de La Provincia de Buenos Aires
 
 
 
 
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