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Deudas por saldar

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Deudas por saldar

Ante la renovación legislativa, las Organizaciones de la Sociedad Civil repasan proyectos que consideran prioritarios. Se trata de iniciativas que no llegaron a ser debatidas o que, a pesar de ser ley, no fueron reglamentadas o puestas en marcha. Cuáles son los principales temas que, a criterio de las OSC, deberá atender el nuevo Congreso Nacional.

Textos: MARICEL SEEGER

Afiches que empapelan cuadras y cuadras, encuestas que entusiasman a unos y enojan a otros, declaraciones cruzadas de candidatos y un generoso reparto de promesas. Está claro: es tiempo de campaña y el Congreso se prepara para renovarse. Luego, vendrá la carrera por la definición de la agen da legislativa, la imposición de proyectos, y las peleas y pulseadas de siempre en el terreno parlamentario. ¿El telón de fondo?, las necesidades y reclamos de la población en materia de educación, salud, ciudadanía, medio ambiente y vivienda, entre otros temas que integran una extensa lista de asignaturas pendientes.

Muchos de estos asuntos forman parte de las prioridades que las OSC buscan que sean analizadas por el nue vo Congreso, tras las elecciones del 27 de octubre y la renovación parcial de bancas del 10 de diciembre. En este marco, Tercer Sector realizó un relevamiento entre organizaciones de la sociedad civil acerca de las iniciativas que ya fueron debatidas en comisiones pero que aún esperan ser tratadas en el recinto; otras que aguardan iniciar el camino legislativo y otras que perdieron estado parlamentario y aspiran a ser reimpulsadas.

En la nómina también figuran leyes que, si bien fueron sancionadas, tienen su reglamentación o implementación aún demoradas. A continuación, una pincelada de las normas que reclaman las OSC en cada área de interés. 

Educación e infancia 

Uno de los pedidos comunes de distintas organizaciones es darle sostén de ley a la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a los hijos de las personas desempleadas, con empleo informal o que no llegan a ganar el salario mínimo. “Se trata de un gran logro que sería bueno que no dependiera de una gestión de gobierno, sino que haya un marco normativo”, explica el director de Infancia de la Fundación de Organización Comunitaria (FOC), Alfredo Simón Gómez. La AUH fue creada en el 2009 por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, para percibirla, los beneficiarios deben garantizar que los chicos concurran a la escuela y cumplan con el calendario obligatorio de vacunación.

Con el fin de garantizar los derechos de niños y jóvenes, especialmente de los más vulnerables, entidades como la Fundación Sur Argentina también piden la aprobación de un régimen penal juvenil respetuoso de los estándares internacionales y de las garantías constitucionales. El tema, incluso, se coló en la campaña electoral y volvió a generar miradas bien contrapuestas. “Es totalmente necesario crear un régimen penal juvenil nacional, pero con una agenda de promoción de derechos; es decir, que las personas de 16 años que puedan ser responsables de un delito, tengan un régimen diferenciado al de un adulto”, evalúa Gustavo Gioseffi, de la Red Por los Derechos de la Juventud. 

Desde la Fundación Sur Argentina también reclaman la necesidad de avanzar con la sanción de otras leyes, entre ellas, una que modifique la Ley de Adopción. “Tratamos de impulsar una nueva norma que recepte el derecho a la identidad, y a la participación de la familia de origen y del niño en el proceso, con la debida garantía de un abogado. También deben establecerse plazos y procedimientos claros que brinden seguridad a todas las partes intervinientes”, señala su directora, Laura Musa, también asesora general tutelar de la Justicia porteña. 

Otra de las iniciativas que apoyan las OSC es la creación de un equipo público de abogados del niño. En realidad, esta figura ya existe en el artículo 27 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en el 2005, pero aún no se cumple. 

“La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un gran logro. Sería bueno que no dependiera de una gestión de gobierno, sino que haya un marco normativo”, analiza Alfredo Simón Gómez, de la Fundación FOC.

En cuanto a lo educativo, Gómez, de FOC, afirma que si bien las leyes “son buenas y tienen un carácter prospectivo que permite atender varias cuestiones de la primera infancia”, es necesario reconocer con un salario el trabajo voluntario de las madres educadoras comunitarias que se desempeñan en jardines de infantes. 

En tanto, Marcelo Krichesky, de la Fundación SES, destaca la importancia de fomentar políticas que les permitan a los jóvenes retornar al sistema educativo. “El grupo mayoritario de abandono educativo es el de adolescentes que tienen entre 15 y 17 años. En los últimos años, se incrementó la asistencia escolar, pero el abandono siguió siendo un problema”, detalla. 

Ciudadanía y transparencia 

La obligación del Estado de publicar datos y actos de gestión, plasmada en el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, genera desde hace años incansables debates que derivaron en la pérdida del estado parlamentario de una iniciativa. En realidad, existieron dos proyectos: uno logró media sanción de Diputados en el 2004 y, el otro, consiguió el aval del Senado en el 2010. Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva e, incluso, ambos caducaron. 

“Una ley debería orientar los recursos en función de la situación del déficit y en pos del mejoramiento de las viviendas existentes”, asegura Raúl Zavalía Lagos, de Pro Vivienda Social.

“La discusión se trabó por las diferencias sobre el alcance de la ley, es de cir, en relación a quiénes deberían estar obligados a publicar información. El oficialismo intentó incluir a las empresas y la oposición no estaba de acuerdo. La idea es que no sólo el gobierno publique la información que el ciudadano pide, sino que esté obligado a dar publicidad de sus actos, más allá de las solicitudes”, apunta Renzo Lavin, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij). “Se trata de un reclamo que lleva más de diez años, es una deuda incomprensible de nuestra democracia”, afirma Ramiro Álvarez Ugarte, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 

 

Hoy, sólo existe un decreto del 2003 –dictado por el entonces presidente Néstor Kirchner– que incorpora la regulación sólo para el Poder Ejecutivo. “Es bastante limitado y no establece obligaciones de transparencia activa, que significan que el Estado deba dar publicidad a información de cada área de gobierno. Tampoco tiene un órgano de vigilancia y control”, remarca Lavin.




 
 
 
 
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