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Justicia para los chicos

INFORME ESPECIAL: Jóvenes judicializados
Justicia para los chicos
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Distintas OSC trabajan por la protección de los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley. Todas advierten sobre detenciones sin causas, pésimas condiciones de reclusión y las deficiencias de un sistema penal aún sometido a debate parlamentario.

Textos: Maricel Seeger

Me llevaron esposado a la comisaría sin razón alguna. Me decían: ahora te doy un tiro en los sesos y te arrojamos al río. Me ingresan al calabozo del fondo, y entre más o menos quince o veinte oficiales me comienzan a golpear en todo el cuerpo.” El relato de H.A.A., un joven de 17 años de La Plata, no remite a un caso aislado. Son múltiples las denuncias recogidas por organizaciones de la sociedad civil que advierten sobre arrestos sin causa a chicos que no alcanzan la mayoría de edad –generalmente de bajos recursos– y también sobre las condiciones de detención que afrontan adolescentes en conflicto con la ley.

Si bien se registraron avances legislativos en la materia en los últimos años, “hay que seguir peleando para que las normas se cumplan”, sostiene el coordinador de la Red por los Derechos de los Jóvenes, Gustavo Gioseffi. Mientras, persiste el debate parlamentario sobre un nuevo régimen penal juvenil. “Las legislaciones procesales y las garantías mejoran, pero la privación de libertad tiene que ser la última opción posible para los chicos”, afirma Facundo Hernández, del Colectivo por los Derechos de la Infancia, que lleva adelante una campaña para que se conmuten las penas de cinco chicos condenados a cadena perpetua, uno de ellos ya muerto.

En la Argentina hay, al menos, 6.300 menores de 18 años en conflicto con la ley penal, de los cuales el 30 por ciento (unos 1.800) está privado de la libertad y el 70 por ciento (unos 4.500) está incluido en programas no privativos de la libertad, según un estudio presentado en 2008 por Unicef, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. “Se trata de los datos más actualizados con los que se cuenta y no han variado mucho en los últimos tres años”, explica Gimol Pinto, especialista en Protección de Unicef. De todas formas, el informe Anual 2011 de la Comisión Provincial de la Memoria advierte que “resulta una gran incógnita cuántos son y qué medidas adoptan sobre los adolescentes que ingresan al circuito de la justicia penal juvenil” en territorio bonaerense, donde vive la mayoría de los chicos en conflicto con la ley. “Muy poco se conoce acerca de la cantidad de jóvenes que transitan por centros cerrados, semi-cerrados, comunidades terapéuticas o clínicas psiquiátricas”, sostiene el trabajo sobre “violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires”.

Pinto asegura que se han hecho esfuerzos en los últimos años para generar medidas alternativas a la reclusión, pero “falta un adecuado seguimiento, monitoreo y relación con los chicos”, puntualiza. Del total de establecimientos de privación de la libertad en el país, la tercera parte no está especializada en la atención de jóvenes, sino que se trata de comisarías o de servicios penitenciarios de adultos.

Frente a este escenario, las OSC juegan un rol clave en la asistencia y visibilización de la situación que enfrentan los chicos judicializados. “Con la gran crisis de 2001 y 2002, algunos jóvenes empezaron a tener entradas en las comisarías, pese a que está prohibida la detención de menores de 18 años en estas dependencias. Esos chicos entran en un sistema en el que no siempre se respetan sus derechos”, detalla Gioseffi, de la Red por los Derechos de los Jóvenes, que capacita y asesora a adolescentes, especialmente de barrios pobres, donde las detenciones por averiguación de antecedentes se convierten en moneda corriente. “Esta figura legal no sirve porque es muy menor la cantidad de personas detenidas por este motivo que efectivamente tienen antecedentes. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que esta figura está en contra de los tratados internainternacionales que firmó Argentina”, recuerda Gioseffi, para quien muchos de estos chicos son detenidos por el sólo hecho de ser pobres.




 
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