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La adecuada contención a las víctimas de la esclavitud sexual o laboral es una cuenta aún pendiente de la sociedad. Con profundas marcas psíquicas y físicas y el peso de la pobreza sobre sus espaldas, quienes lograron huir de las redes de trata encuentran en algunas organizaciones sociales la única ayuda para intentar rehacer sus vidas después del infierno.

Textos: Natalia L. Calisti

Una llamada anónima, la denuncia de un vecino, una pista policial, una persona (una madre, un amigo, un hermano) que se infiltra en el prostíbulo o en el taller y aporta pruebas, una víctima que escapa y pide ayuda. Hay un allanamiento, hay un rescate y hay un día, el día después, en el que la vida vuelve a empezar en otro lugar, con otra gente y con las marcas que dejan el sexo y el trabajo esclavos.

En la trata sexual la recuperación personal y la vuelta al mercado son mucho más complejas que en los sistemas de explotación laboral. La gran mayoría de las víctimas son mujeres pobres, que no tienen ni el secundario completo ni un oficio del cual aferrarse para empezar de nuevo. Y la vergüenza es un estigma que las deja tatuadas para siempre: hay familias que no quieren recibirlas en sus casas porque fueron violadas o “fueron putas”, y esas son marcas que se viven como una deshonra, sobre todo en los pueblos del interior del país donde las tradiciones machistas mandan.

Para la sexóloga Sara Torres, referente de la filial latinoamericana de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (Catw/LAC, según sus siglas en inglés), una mujer que estuvo cautiva en una red de trata vive un trauma difícil de recuperar, “como quien ha pasado por una mesa de tortura”. “Las redes de trata destruyen la subjetividad de la persona, la salud mental, la salud física –explica–. Y las chicas están solas en la recuperación, con dificultades para integrarse y familias que las rechazan porque de alguna manera las hacen responsables de lo que les pasó, a pesar de que hayan sido forzadas.”

En Argentina, el de la trata y tráfico de personas es, desde hace tres años, un delito federal: si las redes se mueven sin reconocer fronteras, la Justicia está avalada por las leyes para hacer lo mismo. Los allanamientos y las detenciones las hace la Policía. La contención de las víctimas corre por cuenta de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, un equipo interdisciplinario del Ministerio de Justicia de la Nación que asiste a los trabajadores esclavos y a las mujeres prostituidas hasta el momento de su declaración testimonial en el juzgado. El día después, la Oficina de Rescate se retira y las víctimas tienen dos opciones: o regresan a sus lugares de origen o buscan otros refugios, para empezar de nuevo lejos del pasado y de las redes.

Torres repite lo mismo que dijeron todas las organizaciones consultadas por Tercer Sector: la asistencia que el Estado les da a las víctimas se acaba, justamente, cuando empieza una recuperación que puede llevar años. Las redes no hacen concesiones: muchas de las mujeres fueron drogadas en cautiverio y se vuelven adictas; muchas tienen hijos con sus propios captores y después del rescate, no los vuelven a ver nunca más; muchas están infectadas con VIH. Viven amenazadas; la salida no es fácil y el riesgo de volver siempre queda latente.




 
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