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Inmigrantes en Argentina

Informe Especial
Inmigrantes en Argentina

Casi el 6 por ciento de los habitantes del país nació en otro Estado. Llegan con la esperanza de conseguir un empleo digno y suelen ser bien recibidos, aunque se topan con algunos prejuicios y actos de discriminación. De la oleada europea a la latinoamericana. La reciente implementación de políticas migratorias restrictivas.

Textos: Noelia Leiva

Cerca de seis de cada cien personas que residen en Argentina nacieron en otro país y decidieron migrar para establecerse en este territorio. Las causas son diversas, así como sus realidades: desde crisis económicas, hasta conflictos armados que pusieron en peligro sus vidas. Como a partir de fines del siglo XIX y parte del XX, los inmigrantes forman parte del mercado interno como productores, pero también como consumidores. Sin embargo, en una gran mayoría trabajan en condiciones precarias y de informalidad, dificultad a la que se suman los recientes cambios en la política migratoria, ciertos prejuicios y, en algunos casos, discriminación.

Las últimas estadísticas oficiales datan del censo de 2010 e indican que son casi 2 millones de personas las que eligieron Argentina como destino, lo que ubica al país en el puesto 29 en el ranking de Estados que más migrantes reciben, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Paraguay, Bolivia y Chile son las naciones de origen de la gran mayoría, que suele instalarse en la Ciudad Buenos Aires, sus alrededores y los centros urbanos de las provincias. La motivación fundamental para dejar la tierra que los vio nacer es la esperanza de acceder a un empleo digno en este país.

Aunque la mayor parte de las personas que migran llegan a la Argentina en edad económicamente activa, su “inserción laboral es complementaria y adicional a la de los nativos argentinos, no la sustituye ni desplaza”, según la Dirección Nacional de Migraciones. Lejos de la aseveración de que los inmigrantes “le quitan el trabajo” a los nativos, las organzaciones que los asesoran sostienen que aportan su experiencia, sobre todo en el mercado “frutihortícola, de la construcción, textil y de la salud”. Así lo señala Carla Barriga Montero, comunicadora boliviana e integrante de la Asociación Civil Yanapacuna, que se encarga de asistir a extranjeros con sus trámites ante el Estado argentino en el ámbito porteño y la localidad bonaerense de Ezpeleta.

Los prejuicios se pueden detectar cuando se tamizan las oportunidades laborales según la nacionalidad. Por caso, muchas de las mujeres de Paraguay, Bolivia o Perú trabajan como empleadas domésticas, incluso si cuentan con otro tipo de experiencia previa, menciona Wanda Perozzo, socióloga colombiana de la Asociación Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (Amumra). Barriga Montero incluso plantea que se publican avisos clasificados que “piden personas migrantes” porque el salario será inferior que para un argentino o argentina. 

 

Un decreto que endurece la ley 

La Ley de Migraciones (25.871) fue promulgada en 2004 en reemplazo de la que había dictado la última dictadura cívico-militar, que habilitaba a la Dirección de Migraciones y su policía auxiliar a ordenar y ejecutar detenciones y expulsiones de extranjeros, sin ningún tipo de intervención o control del Poder Judicial. La normativa vigente reconoce “el derecho a migrar como esencial e inalienable de la persona”, destacó la Organización Internacional para las Migraciones cuando entró en vigencia. Fue una decisión de avanzada en el concierto mundial, mientras otros países encasillaban al proceso migratorio bajo el concepto de “controlar y vigilar”, grafica Jennifer Londoño Jurado, abogada colombiana que llegó a la Argentina hace tres años para especializarse en Derechos Humanos y califica su experiencia en el territorio como “muy buena”.

A partir de enero último, la lectura política de la migración se acercó al ámbito de lo penal cuando el decreto presidencial 70/2017, que modificó la ley vigente, planteó que el “perfeccionamiento del orden normativo migratorio” responde a “fenómenos actuales como el crecimiento del crimen organizado internacional", entre otros factores. El Gobierno cuestionó que el proceso de repatriación puede demorarse “hasta siete años” debido a procedimientos administrativos y judiciales. La medida tiene puntos en común con el reciente cambio implantado por Donald Trump en los Estados Unidos (ver recuadro).

Si bien las ONG vinculadas con la defensa de los derechos de los inmigrantes jamás dejaron de reclamar la completa aplicación de la Ley 25.871, en los últimos meses denunciaron que “el panorama recrudeció”, advierte Barriga Montero. Según la integrante de Yanapacuna, antes “la gente que tenía antecedentes penales podía renovar la residencia precaria, obtener el DNI y trabajar en blanco, pero ahora, bajo el discurso de combatir la delincuencia y el narcotráfico, no se les renueva”. Otro factor de cambio influirá en la figura de “unificación familiar”, por la cual, antes, “una madre soltera que migraba no tenía la necesidad de pedir la autorización del padre. Ahora sí la necesitará”, agrega. Estos casos eran frecuentes en mujeres que escapaban de relaciones violentas, por lo que lograr tal aprobación del varón será “reactivar ese vínculo de manera obligada y, de no poder hacerlo, privar de su documentación a muchos chicos”, cuestiona la comunicadora boliviana.

Aunque las organizaciones son cautas y destacan la empatía del pueblo argentino con los extranjeros que cruzan sus fronteras, sí tienen claro a quién apuntar. “La población, media puede verse influida cuando desde los medios se escuchan opiniones racistas y de intolerancia, como sucedió en estos últimos meses”, apunta Sergio Bertini, referente de la Fundación Mirares, que trabaja en articulación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Se refiere a las acusaciones contra “peruanos, paraguayos y bolivianos“ de ser responsables del crecimiento del narcotráfico que profirió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Hay un borramiento de los aportes que hicimos al país a partir de una ola de relatos xenófobos, que indica que los migrantes venimos a usufructuar bienes y servicios públicos o se nos criminaliza”, señala a su vez Wanda Perozzo. La invisibilización es mayor cuando, además de migrante y pobre se es mujer, como cerca de la mitad de quienes dejan sus países de origen.

 

Argentina, un refugio

De Perú, Colombia, Siria, Cuba y Armenia llegó el porcentaje más grande de los 3.401 refugiados registrados en el territorio argentino a fines del año pasado. Son “personas que deben permanecer fuera de su país por un temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias y requieren protección internacional para preservar su vida y seguridad”, explica Juliana Bello, oficial legal de Protección de la Acnur en el país. 

Es la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) la que recibe las solicitudes de asilo. Según los últimos datos oficiales, en 2015 fueron 1.262 las personas que pidieron protección, de las cuales casi un 77 por ciento fueron varones y la mayoría tiene entre 18 y 59 años. Los senegaleses encabezaron la lista de requerimientos. “Argentina tiene una tradición generosa de asilo, como toda Latinoamérica, gracias a un marco legal institucional que garantiza acoger a los refugiados, lo que desde Acnur valoramos mucho”, resalta Bello.

 

El mundo, dividido

Los cambios de signo político que vivió gran parte de América en el último año también se reflejaron en materia migratoria, sobre todo en las decisiones que tomó, en el norte del continente, Donald Trump. A la decisión del presidente estadounidense de construir un muro en la frontera con México se le sumaron restricciones para la permanencia en el país de extranjeros condenados o acusados de delitos penales, aunque el proceso no haya sido resuelto. También los señalados por fraude o por haber abusado de programas sociales. En paralelo, casi 11 millones de personas indocumentadas corren serio riesgo de ser deportadas, mientras que quienes nacieron en Irak, Siria, Irán, Libia, Somalía, Sudán y Yemen tienen el ingreso suspendido ante la probabilidad –evaluada de manera general, no en cada caso– de ser responsables de actos terroristas.

A más de un océano de distancia, el mapa mundial contó a la canciller alemana, Ángela Merkel, como voz opuesta, al garantizar la acogida a refugiados, en su mayoría de África. Señaló que “la migración beneficia” el funcionamiento interno del país.

 

Cómo conectarse

Amumra: amurm@gmail.com 

Oficina Regional de Acnurpara el Sur de América del Sur: 011- 4815-7870 // argbu@unhcr.org

Asociación Civil Yanapacuna: 011- 43723011


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