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Los pueblos indígenas quieren ser parte del desarrollo económico

Reportaje a Mikel Berraondo
Los pueblos indígenas quieren ser parte del desarrollo económico

Nació en Navarra, pero desde joven se interesó por la lejana Amazonia. 

Esto lo motivó a estudiar Derecho y dedicar su vida a visibilizar la situación de las comunidades originarias en América latina.

Textos: Alicia Cytrynblum

Desde hace casi dos décadas trabaja en el territorio con las comunidades y como asesor de gobiernos, entidades internacionales y empresas. Visitó la Argentina en el marco del programa Empresas y Derechos Humanos del Pacto Global para América latina y el Caribe. 

-¿Qué ve en común en los pueblos a lo largo del continente?

–Hay un tema común de exigir derechos ya participación en las decisiones. Del mismo modo existe un patrón de racismo que se manifiesta de manera muy seria a nivel de los gobiernos y provincias. Las sociedades americanas siguen teniendo un nivel de rechazo al mundo indígena. Además, los años de crecimiento en la región no sacaron a los pueblos indígenas de la pobreza extrema. 

–¿Cómo es la tensión entre su cultura y la de las sociedades mayoritarias?

–La aculturación es una estrategia permanente de todos los países de la región. En Argentina, particularmente es chocante la invisibilización de estos pueblos. En el sur, por ejemplo, en Bariloche o Villa La Angostura se encuentra turismo high class, pero a la vuelta de la curva se entra en un túnel del tiempo donde las comunidades no tienen luz, gas y ninguno de los servicios básicos. 

–¿A qué lo atribuye?

–Hay una estrategia muy consciente, fruto del racismo, que coloca al indígena como un problema a eliminar y no como el poblador originario que hay que respetar en tanto persona y por eso tiene los mismos derechos. Fue gestada en la década de los 60 y continua en la actualidad en todo el mundo. Un ejemplo es el convenio 107 de la OIT que promueve la aculturalización. Tiene como objetivo la integración que implica garantizar los derechos de los indígenas a costa de que abandonen sus costumbres.

–¿Cómo impacta esta política en los pueblos originarios?

–Ha calado en muchos pueblos, en especial en el mundo andino donde se une el desprecio al racismo. Por eso hay muchos indígenas que han preferido llamarse campesinos para evitar la discriminación. 

–¿Qué intereses se mueven detrás de esta maniobra?

–El modelo de Estado centralizado tiene que cambiar por un modelo descentralizado, plurinacional y pluricultural. Si bien son conceptos que están presentes en varias constituciones, los actores políticos no lo quieren aplicar. Además, hay intereses económicos en los territorios de los pueblos indígenas. Los Estados han considerado más fácil quitarse de en medio a los indígenas que darles participación en los desarrollos económicos. En este momento se empiezan a ver pequeños cambios. Hay proyectos que empiezan a tener en cuenta a los indígenas, un planteo de desarrollo económico con más respecto por los derechos. Es un modelo que está promoviendo las Naciones Unidas y que los pueblos indígenas apoyan. 

–¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas respecto del desarrollo?

–Los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo económico sino que quieren ser parte. Lo que es inaceptable es que se construya una represa en un territorio indígena para dar luz a una ciudad y que esa comunidad no tenga electricidad. Existe una presión internacional liderada por Naciones Unidas que hace que sea un modelo insostenible.

–¿Cómo se produce este cambio de paradigma?

–Son procesos muy lentos. Por un lado están las exigencias de los PI y, por el otro, la exigencia a los Estados por parte de Naciones Unidas. La propuesta del Pacto Global en fortalecer el área de derechos humanos en las empresas ha generado una pequeña revolución en el mundo corporativo. Empiezan a ver que la única forma de avanzar es en el marco de los derechos humanos.

–¿Cuál es el rol del Estado?

–El Estado tiene un papel fundamental; debe garantizar los derechos de todos y todas, lo que incluye a las comunidades. Tiene que actuar con debida diligencia y evitar que las compañías vayan en contra de los derechos humanos. Los países tienen que cumplir con los tratados internacionales que han firmados e integrarlos a las políticas públicas. Además, la exigencia de derechos se está planteando cada vez más en el ámbito judicial que condena a los Estados y empresas por la vulneración de los derechos de los indígenas. 

–¿Cómo sería esa regulación?

–Se deben hacer procesos de consulta y participación de los PI. Hay países de la región que ya están desarrollado estructuras y protocolos para poder realizar consultas pero en Argentina todavía hay mucho por recorrer. 

–¿Cuál es el país que mejor implementa políticas de respeto?

–No hay una receta única. Colombia, por ejemplo, tiene un modelo de consulta controvertido pero que a ellos les resulta efectivo. Perú estableció una ley de consultas. El gran reto son los proyectos extractivos donde hay intereses económicos muy fuertes. En Bolivia y en Perú, las comunidades participan de los beneficios y controlan sus recursos. 

–¿Influyó que Evo Morales fuera el primer presidente indígena de América?

–Hay mucho mito alrededor de eso. Morales se define como cocalero antes que como Aymará. 

–¿Cree que las empresas, por su propia conciencia, van a respetar los derechos humanos?

–Las empresas hacen negocios, hay muy pocas empresas concienciadas, pero se van dando cuenta que no hay otra forma de actuar, incluso por una cuestión de rentabilidad. Un desarrollo económico con una situación de conflicto con una comunidad indígena acaba generando muchos costos. Vemos sentencias de tribunales de primera instancia que están condenando a empresas por no actuar con debida diligencia y es lo que está moviendo la agenda empresarial.

 

BIO

Nació en Navarra en 1974.

Licenciado en Derecho.

Máster Europeo en Derechos Humanos y Procesos Democráticos.

Asesor legal de comunidades de América Latina ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Participa de la ONG Grupo Intercultural Almaciga y del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (Ipes Elkartea). 

Miembro del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, (Perú) y del Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de Neuquén, (Argentina).




 
 
 
 
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