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Los desafíos de la salud pública

Salud Pública
Los desafíos de la salud pública

Las organizaciones coinciden en que la situación es grave. Con un sector fragmentado, hospitales desbordados, falta de servicios en los barrios, ausencia de insumos y profesionales agredidos, las inequidades están a la vista. Expectativa por los anuncios del Gobierno que prometen Cobertura Universal de Salud para 15 millones de personas.

Textos: Andrea Vulcano, Silvina Oranges y Fátima Cheade

Desbordado, desfinanciado, devastado, sin recursos, en situación prácticamente terminal. Las voces varían pero el diagnóstico coincide. Las miradas sobre el sistema de salud en general y sobre el público en particular apuntan todas hacia el mismo lado. Y es allí donde la pobreza traza una clara línea divisoria entre la salud y la enfermedad, la certidumbre y la incertidumbre, y también, muchas veces, entre la vida y la muerte. 

“La situación es grave y está empeorando”, asegura Justo Carbajales, coordinador nacional de la Red Solidaria de Profesionales de la Salud, en diálogo con Tercer Sector. Incluso señala que, en los últimos tiempos, “se han quintuplicado los pedidos de ayuda a la Red”, integrada por unos 5 mil médicos en todo el país. 

En tanto, desde Médicos del Mundo, Gonzalo Basile, coordinador regional, sostiene que, en Argentina, “el sistema de salud es inequitativo” y que “las necesidades básicas insatisfechas impactan en la forma de enfermar y de morir”. “No hace falta recorrer muchos kilómetros para ver esta inequidad. Existe un sistema de salud para ricos, otro para trabajadores formales y otro para empobrecidos y, si bien la proporción del PBI destinada a Salud es cercana a los 10 puntos, tan sólo 2 van al sistema público y, el resto, va al privado y a las obras sociales”. 

 

En los bordes

En su reciente trabajo titulado “Vivir en los bordes. La vida en ocho barrios, villas o asentamientos del conurbano bonaerense”, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio cuenta, entre otros aspectos, de la atención de la salud. “En general cuentan con servicios de salud en las proximidades, pero advierten que éstos no llegan a atender las necesidades de la población; la atención suele ser deficitaria, faltan insumos, medicamentos, e incluso, profesionales, por lo que la obtención de turnos constituye toda una preocupación”, detallan las conclusiones. 

Uno de esos barrios es La Palangana, ubicado en Gregorio de Laferrére, del partido bonaerense de La Matanza. Allí, “no existen salitas ni dispensarios, y sus habitantes deben recurrir al Hospital materno-infantil Teresa Luisa Germani, al que suelen llamar el ‘hospitalito’, distante unas treinta cuadras” pero, dicen los habitantes, “hay que ir a las 4 de la mañana y hacer cola”. También, nombran al Hospital Zonal General de Agudos en González Catán, llamado “Simplemente Evita”, que si bien fue inaugurado y contaba con médicos contratados, funcionó sólo un par de meses. “A los médicos les robaban y les destrozaban los autos, lo que llevó a la renuncia masiva. Es probable también que la falta de personal esté vinculada al retraso en el cobro de sueldos o, directamente, a la falta de pago”, indica el estudio de la UCA.

Desde el Gobierno Nacional aseguran que, en la actualidad, la inversión pública en Salud representa el 8,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI); 2,5 puntos por encima de la referencia mínima recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, ese estándar no se ve reflejado en una equitativa y eficiente atención de la salud para todos los sectores sociales y en todos los puntos del país. Todo lo contrario. 

Primero, las Naciones Unidas en el 2012 y, dos años más tarde, la OPS definieron como línea estratégica la cobertura universal de salud. En Argentina, el 6 de mayo pasado fue publicada en el Boletín Oficial la resolución que crea una Cobertura Universal de Salud, cuyo lanzamiento fue oficializado por el propio Presidente Mauricio Macri con el nombre de Plan Universal de Salud. El ambicioso programa –que aspira a reducir las inequidades del actual sistema– en los hechos parte de la base de lo que fueron –durante la gestión kirchnerista– el plan Remediar, con 16 millones de beneficiarios inscriptos, y el programa Sumar, con alcance a 12,7 millones de personas. 

“En nuestro país, absolutamente segmentado y fragmentado en materia de salud, la Cobertura Universal de Salud es una necesidad absoluta. Tenemos que lograr que cada uno la tenga, que haya un responsable de eso y que quienes tienen la cobertura del sistema público estén nominalizados”, afirmaba el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, al lanzar el nuevo programa.

Pero los déficits van mucho más allá del acceso. “Todo el sistema gira en torno a la atención de la enfermedad y la muerte, y no apunta ni a la calidad de vida ni a la prevención”, resume Basile, de Médicos del Mundo. 

 

Los números

Según los últimos datos oficiales, el total de establecimientos asistenciales del país, correspondientes a todos los subsistemas –público, privado y obras sociales–, asciende a 17.845, de los cuales menos del 20 por ciento cuenta con internación. De ese total, 7.727 establecimientos pertenecen al sistema público de salud y, de ellos, 1.271 cuentan con servicios de internación, la mitad de ellos distribuidos en la región Centro (ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe). 

En tanto, información elaborada en base a datos del Indec del 2010, señala que el 36,1 por ciento de la población no está cubierta con obra social o plan médico, lo que equivale a más de 15 millones de personas. Y en este punto se advierten los mayores desequilibrios del sistema: mientras en provincias como Santiago del Estero, Formosa y Chaco el porcentaje de la población que no cuenta ni con obra social ni con una prepaga supera el 55 por ciento, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego esa proporción cae al 18 por ciento. 

De todas maneras, excepto estos valores, que datan del 2010, el resto de los datos oficiales en materia de salud se remontan al 2000, con lo cual la falta de estadísticas es una de las principales limitaciones para partir de un diagnóstico más certero en la definición de políticas públicas. 

“Se trata de un sistema darwiniano, donde los que sobreviven son los más aptos y, entre los menos aptos, están los más pobres”, define el titular de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, al referirse, en diálogo con Tercer Sector, a la situación del sistema público de salud. En este sentido, pone el acento en que, para acceder a una adecuada atención es necesario, paradójicamente, tener “la salud y el tiempo suficiente” ya que, en los hospitales, “los horarios están organizados en función de las necesidades de los médicos y no de los pacientes”. “Es una verdadera carrera de obstáculos”, describe Cahn, para quien las propias condiciones del sistema dificultan la prevención y lo circunscriben a la atención de la emergencia. “Eso es inhumano para los pacientes y antieconómico para el sistema”, señala. 

En tanto, para la directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala Díaz Langou, “si bien existe un extendido acceso a la salud y uno de los mayores niveles de gasto público en salud per cápita de la región, la calidad de la atención varía según las múltiples ofertas en un fragmentado sistema”. 

“Aún persiste un acceso diferencial al derecho a la salud durante los primeros años de vida según el lugar y el nivel socioeconómico de la familia en que se nace. Además, Argentina todavía cuenta con tasas elevadas de mortalidad infantil por causas evitables y, quienes nacen en una situación de desventaja en términos socioeconómicos, tienen mayores probabilidades de enfermarse o morir tempranamente”, afirma. 

Según datos del Grupo Inter-Agencial de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil, en el país la tasa de mortalidad entre niños menores de 5 años fue, en el 2015, del 13 por ciento y la tasa de mortalidad infantil, del 11 por ciento. Aunque el valor está por debajo del promedio latinoamericano, su reducción desde 1990 (del 54 por ciento en ambos casos) fue menos pronunciada que en el resto de la región, donde la caída fue, en promedio, del 65 por ciento. 

 

El estado del Estado

A pocos meses de iniciada su gestión, el gobierno de Cambiemos dio a conocer un informe denominado “El estado del Estado”, que refleja la situación recibida en las distintas áreas. En Salud, el trabajo indica que “no estuvo exenta de irregularidades y evidencias de mala gestión en programas de políticas públicas”.

Y señala como ejemplo de “la desidia en la administración pública” al funcionamiento “caótico y desarticulado” de la Superintendencia de Servicios de Salud. “No se compartía la información con las obras sociales y, de esta manera, no se optimizaban los servicios de salud brindados. Además, se tardaba entre seis y siete meses en pagarle a los hospitales a pesar de que el organismo contaba con dinero para hacerlo”, indica.

Además, advierte sobre “situación financiera alarmante” del Pami y sobre “una enorme cantidad de irregularidades que están siendo investigadas por la Justicia”. De todos modos, aclara que “los problemas del Pami no eran recientes” sino más bien “resultado de décadas de mala gestión, ausencia de control y falta de estrategia política”. “Una de las principales irregularidades correspondía al manejo de medicamentos, que le costaban al Pami el equivalente a la construcción de un hospital por año”, dice el escrito difundido por el actual gobierno.

 

Los derechos como puerta de acceso 

“Muchas veces las dificultades en el acceso a la salud justamente están relacionadas con la falta de información en general y sobre el universo de derechos que cada uno tiene”, cuenta a Tercer Sector desde Sudáfrica el director de Salud de Cruz Roja Argentina, José María Di Bello.

Por eso, un punto determinante en el que trabajan es la información y el conocimiento de los derechos de cada persona y comunidad. Y lo hacen poniendo el foco en comunidades donde se conjugan distintas situaciones de vulnerabilidad, como necesidades básicas insatisfechas cruzadas con infecciones como el VIH o violencia de género. 

Así, programas contra el sida, de prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, de salud comunitaria, de enfermedades prevalentes (como dengue, zika, gripe), sobre violencia de género y diversidad sexual, estilos de vida saludables y hasta de seguridad vial, conforman la amplia propuesta que despliega la organización internacional con 65 filiales en distintos puntos del país.

 

Un servicio amigable

Fusa para la Salud Integral con perspectiva de Género y Derechos es una asociación civil dedicada a mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes por medio de la promoción, prevención y atención integral de la salud. Entre sus líneas de acción, se cuenta un centro de salud integral, en el barrio porteño de Almagro, que se propone como “un espacio de escucha, de contención y de respeto a la confidencialidad”. 

“Aunque sí se notaron avances en los últimos años, todavía hay varias dificultades que no fueron resueltas”, señala Sandra Vázquez, directora ejecutiva, al referirse al acceso de los adolescentes al sistema público de salud. En este sentido, señala que, ahora, el objetivo debería ser eliminar los rechazos y obstáculos para acceder a los recursos sanitarios del Estado. 

“Entre los derechos a la salud de los y las adolescentes, está, por ejemplo, el acceso a los servicios sin necesidad de presentar un DNI. Además, aún hoy se desconoce que la edad no restringe la posibilidad de consulta individual o el acceso a métodos anticonceptivos”, indica Vázquez. 

 

Medicamentos: industria nacional 

Uno de los capítulos fundamentales del derecho a la salud tiene que ver con los tratamientos y, por ende, con los medicamentos. En ese marco, la denominada Ley de Genéricos, sancionada en el 2002, apuntó a un cambio de paradigma tendiente a garantizar el acceso a los medicamentos a través de la libre elección por parte de los pacientes y de la posibilidad de que los laboratorios produjesen en el país aquellos medicamentos sobre los que pretendieran una patente. 

Pero, desde el momento mismo del origen de la norma, se advertía sobre los riesgos que podía acarrear el poder de lobby de los laboratorios tradicionales para su efectiva implementación. 

Por eso, en la preparatoria de la reunión de Alto Nivel sobre VIH/Sida que se realizó en junio pasado en Nueva York, la Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) y coordinadora general de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), Lorena Di Giano, destacó la necesidad de que los Estados se comprometan a “adoptar, hacer uso y financiar el trabajo en salvaguardas de salud que aseguren el acceso universal a medicamentos genéricos de calidad y a precios accesibles”. 

En ese contexto, la GEP lanzó aquí una campaña de recolección de firmas para exigir a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) el cese del juicio que empresas multinacionales realizan contra el Estado argentino por “la adopción de medidas que favorecen la salud pública”. 

En esa oportunidad, el ex ministro de Salud Daniel Gollán advirtió que “las empresas farmacéuticas distorsionan los precios porque fabrican algo por lo que no se puede esperar”, mientras que la diputada Carolina Gaillard (FpV) señaló que “la producción pública de medicamentos puede evitar los abusos de las compañías”.

Mencionan dos casos concretos: el del sofosbuvir –medicamento que cura la hepatitis C– que cuesta 84.000 dólares el tratamiento en Estados Unidos mientras que el producido en Argentina tiene un valor de 1.400 dólares; y el del Atripla, para el tratamiento del VIH, cuya versión genérica fuera adquirida por el Estado a un laboratorio indio a un precio 19 veces menor que el de la compañía titular de la patente. 

 

Cuestión de contexto

El barrio Garrote es la villa más pobre del partido de Tigre, al norte del conurbano. Allí viven más de 4 mil personas. Se trata de una zona baja inundable en la que las familias no tienen acceso a agua potable ni a cloacas ni a gas ni al servicio de recolección de residuos, entre otros. Además, la situación se vio agravada por la construcción de un barrio cerrado, que amenaza con aumentar el riesgo de inundabilidad. 

En ese marco, patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), los vecinos lograron que la Justicia de San Isidro dictara hace pocas semanas una medida cautelar que puso freno a la obra y obligó al Estado municipal y provincial a dar respuesta a las necesidades primarias de los vecinos. 

Lejos de la fama que le dio el premiado unitario televisivo El Puntero, hoy El Garrote busca resistir al olvido. De hecho, la resolución judicial de junio pasado señala que sus condiciones habitacionales “implican una continua violación a los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida” de sus habitantes. 

“Estar desamparado no significa únicamente carecer de hogar o vivir temporalmente con amigos o familiares; implica también formar parte de un grupo excluido de la sociedad, al que se le impide el acceso y disfrute del derecho a la vivienda, a la salud e, incluso, al de la vida”, aseguraba Leilani Farha, relatora especial sobre derecho a una vivienda adecuada de Naciones Unidas, al presentar su último informe al Consejo de Derechos Humanos.

 

Respuestas que aún no llegan

Desde 1993, la Fundación Mundo Sano procura transformar la realidad de poblaciones afectadas por “enfermedades desatendidas, también llamadas de la pobreza”, mejorando sus condiciones de acceso a la salud. Entre ellas se incluyen el Mal de Chagas, las geoparasitosis, el dengue, la leishmaniasis y la hidatidosis. 

“Son enfermedades que han recibido poca atención y se asocian a la insalubridad del agua, y a las malas condiciones de vivienda y de saneamiento. Cada año matan o causan incapacidad permanente a millones de personas, y los niños son los más vulnerables”, describe Silvia Gold, titular de Mundo Sano. En Argentina, por ejemplo, entre 1,5 y 2 millones de personas se encuentran afectadas por el Chagas. 

La particularidad de este tipo de males es que son “aún más injustos” porque “muchas veces hay recursos médicos disponibles y, sin embargo, la gente no accede a ellos”. 

 

En red

Por segundo año consecutivo, estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) atienden en forma gratuita a los alumnos de entre 3 y 15 años de las escuelas del Patronato de la Infancia, que suman 1.100 chicos en situación de vulnerabilidad, supervisados por docentes de la cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria. 

El objetivo es reducir las necesidades de tratamiento odontológico acumuladas, evitar la aparición de nuevas caries y brindar mayores conocimientos para el autocuidado en salud bucal. 

Las redes con organizaciones sociales como protagonistas se extienden a lo largo y ancho del país. En Córdoba, en plena crisis del 2001, la Fundación Manos Abiertas inauguró el primer hospice o casa de cuidados paliativos en la Argentina, con el fin de albergar a personas desamparadas social y económicamente que atraviesan la fase terminal de una enfermedad incurable, y brindarles la posibilidad de una vida más digna hasta su desenlace. 

Como en muchos otros planos, en lo que atañe a la salud, también están allí, cerca de los barrios y los sectores más olvidados, muchas OSC que, silenciosas, intentan cubrir baches o transformarse en puentes para articular respuestas del Estado con necesidades acuciantes. 

“No se puede reemplazar al Estado pero sí sembrar semillas, empoderar y trabajar en la capacitación y la concientización. No sólo sería imposible sino también incorrecto pretender reemplazar el rol del Estado”, subraya Pedro Cahn.

 

Los anuncios 

El Gobierno Nacional lanzó en agosto un plan para ampliar la cobertura de salud para 15 millones de personas que actualmente no tienen  atención privada y que asisten al hospital público. 

Los cuatro ejes del programa son la Cobertura Universal de Salud que abarcaría, según el Gobierno, a la población más vulnerable. Se les daría una identificación con su historia clínica y el acceso a medicamentos de calidad.

Además del cumplimiento de una deuda histórica con los sindicatos, el reintegro de 30 mil millones de pesos a las obras sociales que dependen de los gremios.

Una inversión de 8 mil millones de pesos que se destinaría a fortalecer a los hospitales, y la atención especial para personas con discapacidad. Y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud que estudiará los medicamentos, técnicas y procedimientos adecuados en el sistema público.

 

La mirada del Barómetro

El Barómetro de la Deuda Social Argentina, serie del Bicentenario (2010-2016), de reciente publicación, llega a la conclusión de que existen profundas desigualdades en aspectos referidos al estado y atención de la salud, así como en recursos psicológicos, entre la población con menores condiciones de empleabilidad e inferior nivel socioeconómico, con niveles diferentes en varones y mujeres.

Además, a partir del análisis de las especialistas Solange Rodríguez Espínola y María Belén Helou, señala como condicionantes de la salud de la población y de la desigualdad a las condiciones de empleo, al aumento del subempleo y a la exclusión de una franja de trabajadores sin posibilidades de acceder a un empleo de calidad. La amenaza o posibilidad de desempleo, como se observa en trabajos precarios, afectan negativamente tanto la salud física como la mental, remarcan las investigadoras.

También, el informe revela que la salud es mayormente deficitaria a peor condición de empleo. Valga un ejemplo: la realización de una consulta médica anual como hábito de prevención es una característica deficitaria evidente en el 30 por ciento de las mujeres en condiciones de precariedad laboral.

Según los datos de la UCA, el déficit en el estado de salud tendió a incrementarse en el conjunto de la población urbana, en tanto que la percepción negativa del estado de salud cayó 6,6 por ciento entre 2010 y 2015. De cada diez adultos encuestados en el último año, cuatro afirmaron percibir déficit en su salud. Al mismo tiempo, mostraron un incremento en la inasistencia a la consulta anual de rigor.

Por otro lado, uno de cada tres encuestados pertenecientes al estrato medio profesional percibe problemas en su salud y la proporción va creciendo hasta llegar a duplicarse entre quienes pertenecen a la clase trabajadora marginal, donde se observa un aumento del déficit de la salud durante el último año.

 

Un sistema revolucionario

En Jujuy, hace ya ocho años, nació un sistema solidario de prestaciones médicas de la mano de una organización de la sociedad civil, la Fundación SER. Se trata del llamado Sistema SER, creado por el médico ginecólogo Jorge Gronda luego de muchos años de caminar la Puna y de muchas muertes de mujeres por cáncer de cuello de útero. 

Hace apenas un año, ese innovador formato integrado por 80 profesionales y casi 100 mil usuarios se transformó en un proyecto de escala regional que, de la mano de la comunidad Njambre, busca replicar el modelo en otros puntos de Argentina y de Latinoamérica. 

Gronda señala que lo que hace este sistema es “sacar del medio a los intermediarios”. “La gente rica le paga al médico un papel, que es el voucher de su prepaga. Con ese papel, el médico cobra tres meses después entre 100 y 120 pesos. Con nuestro sistema, el paciente le paga los 100 pesos directamente al médico”, explica. 

Para utilizar los servicios de Umana se debe pagar una cuota anual de 100 pesos y, luego, cada paciente puede solicitar turno con cualquier profesional de la cartilla, a quien le pagará directamente en el consultorio “un honorario preferencial estipulado”.

 

Entrevista al viceministro de Salud de la Nación, Néstor Pérez Baliño

Primero, la inclusión; luego, la calidad

En diálogo con Tercer Sector, el número dos de la cartera sanitaria remarcó que el actual de-safío es el de la inclusión y que, una vez encaminada esa etapa, la apuesta será mejorar la calidad del sistema de salud. 

–¿Cuáles considera son los déficits 

del sistema de salud en la Argentina?

–En lo que respecta a la salud no se trata de un tema de ‘herencia recibida’. Se trata de un tema histórico, estructural, que tiene que ver con la fragmentación del sistema, signada por la presencia de distintos subsectores. 

–¿Cuántas personas no cuentan 

con ninguna cobertura?

–Alrededor del 35 por ciento, porcentaje que varía al estar asociado a la desocupación, porque, al no tener un empleo o un empleo registrado, esa persona no tiene acceso al sistema de seguridad social. 

–¿Cuál será el objetivo de la Cobertura 

Universal de Salud?

–Se trata de un programa que implica respetar el sistema fragmentado pero dando una cobertura formal desde el sector público. Partimos del modelo implementado en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ley de Cobertura Porteña de Salud. En vez de centrarse en la atención frente a la enfermedad, se buscará focalizar en la prevención. 

–¿En qué se diferenciará este 

sistema al que hoy se brinda?

–Un claro ejemplo de la diferencia es el tema de los medicamentos. Quienes sean pacientes del sistema público de salud tendrán una cobertura del 100 por ciento en medicamentos, lo que implica una continuidad del programa Remediar, que ya no cuenta más con el financiamiento del BID. La idea es no endeudar al país con gastos corrientes. Hoy debemos pagar 174 millones de dólares en concepto de intereses por el programa Remediar. 

–¿Con qué se solventará el programa?

–El financiamiento está garantizado en las partidas previstas para los programas ya existentes. Se precisa una reingeniería para que los recursos lleguen eficazmente. 

–¿Cuáles son los objetivos del 

Gobierno Nacional en el corto plazo?

–En la primera etapa el principal desafío es incluir, llegar a toda la población; luego, vendrá la calidad. Hay todo un camino para transitar en el mejoramiento del equipamiento de los hospitales, como en los tiempos de espera. 

–¿Cuál es el rol que tienen las 

OSC en materia de salud pública?

–Es clave que las Organizaciones de la Sociedad Civil entiendan cómo es el sistema de salud para que puedan ayudar a la gente a transitar los caminos de accesibilidad.

 

Parirás con dolor

Es un secreto a voces que parir en un hospital público es parir con dolor. No se trata de falta de insumos o de la crisis del sistema. No, nada de eso. Por el contrario, todo parece indicar que la ausencia de la anestesia en los partos naturales que tienen lugar en los hospitales responde a “una política deliberada del gremio que agrupa a los médicos anestesiólogos”. 

Así lo denuncia la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) a la luz de un minucioso relevamiento realizado en el sistema público de salud, al que tuvo acceso Tercer Sector. Allí se advierte que, en Argentina, “la anestesiología está tercerizada de hecho” y que se trata de “una suerte de servicio privado en el mundo de la salud pública”. 

“Resulta muy inequitativo que quienes no tienen cobertura de obra social o prepaga no puedan acceder a una prestación mínima y esencial, como es la anestesia durante el parto. Terminan forzando a las mujeres a sufrir un dolor innecesario por esta escasez forzada de anestesistas, y lo más grave es que esto no se da por ausencia de insumos o deficiencias estructurales, sino por la presión que ejerce una asociación –la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación y la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires– a fin de que no haya muchos especialistas en anestesia, y así poder mantener el control y cobrar más caro por su servicio”, explica Pedro Sisti, abogado de la ADC.

 

Hospitales (in)seguros 

Hace pocas semanas, un hombre agredió con un caño a médicos que estaban de guardia en el Hospital Fernández, en el barrio porteño de Palermo. Una doctora terminó con una herida cortante, y también resultaron con daños ambulancias y materiales. La escena, no obstante, es moneda corriente en los hospitales, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. 

“Queremos usar nuestro guardapolvo blanco; jamás un chaleco antibalas”. Con esta frase, el titular de la Asociación de Médicos Municipales de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Gilardi, presentaba públicamente, el 6 de julio pasado, un proyecto de ley tendiente a reformar el Código Penal con el objetivo de que los ataques a equipos de salud sean considerados como un agravante del delito de lesiones. 

A esa iniciativa se suma otra presentada en la Legislatura porteña por el socialista Roy Cortina. Bajo el nombre de Hospitales Seguros, prevé la creación de una mesa de trabajo con los actores involucrados, la elaboración de estadísticas oficiales, el armado de una unidad de gestión de conflictos en cada uno de los 33 hospitales porteños, y la conformación de una división especial de seguridad hospitalaria dentro de la Policía Metropolitana. “La situación de los hospitales porteños se complicó producto de la decisión de la gestión kirchnerista de retirar a los agentes de la Policía Federal”, sostuvo Cortina al presentar su propuesta.

 

OPINION

Las consecuencias sanitarias de las desigualdades sociales. Por Hugo Spinelli *

No se vive mejor cuando hay más riqueza, sino cuando hay menos desigualdades entre los integrantes de un territorio, y hay sobradas evidencias científicas de esto.

La sociedad se aterroriza con cada nueva epidemia. El listado de las últimas décadas incluye cólera, gripe porcina, dengue, zika y chikungunya, entre las más recordadas. Pero las desigualdades –que muchas veces son “las causas” de esas epidemias y de otros problemas o enfermedades– pocas veces son temas de discusión. Por ejemplo, las mayores tasas de homicidios en Argentina desde fines de la década de 1980 a la actualidad coinciden con la hiperinflación y la crisis del 2001, momentos de incremento de las desigualdades. 

En nuestro país, el actual gobierno está profundizando desigualdades que se venían enfrentando con políticas de ampliación de derechos, aunque restaba mucho por hacer. Las consecuencias de las actuales políticas no tardarán en evidenciarse: aumento de las violencias, desnutrición y agravamiento de las enfermedades agudas y crónicas. 

Los sistemas de salud poco pueden hacer ante las desigualdades sociales que expresan la condición estructural de los problemas. Sólo podemos predecir que la gente recurrirá menos a los servicios de salud por no tener cómo llegar, o por saber que no van a poder comprar la medicación. Por ende, se observarán cuadros más graves y mayor mortalidad y morbilidad. Nada que los trabajadores de la salud no hayan visto en las épocas de crisis de otras décadas. Frente a esa realidad no habrá eslogan ni globos ni bailes y seguirá teniendo total vigencia aquella frase de Ramón Carrillo: “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedades son unas pobres causas”.

*Director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús.

 

Cómo conectarse

Red Solidaria de Profesionales de la Salud: www.facebook.com/redsolidaria.desalud 

Médicos del Mundo: www.mdm.org.ar 

Observatorio de la Deuda Social de la UCA: www.uca.edu.ar/observatorio 

Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gob.ar 

Fundación Huésped: www.huesped.org.ar 

Cippec: www.cippec.org 

Cruz Roja Argentina:www.cruzroja.org.ar 

Grupo FUSA: www.grupofusa.org 

Fundación Grupo Efecto Positivo: www.fgep.org 

Cels: www.cels.org.ar 

Mundo Sano: www.mundosano.org 

Manos Abiertas: www.manosabiertas.org.ar 

Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria (UBA): preven@odon.uba.ar 

Fundación Alma: www.fundacionalma.org.ar 

Asociación Médicos Municipales: www.medmun.org.ar 

ADC: www.adc.ogr.ar 

Umana: contacto@umana.red 

Procuvin: www.mpf.gob.ar/procuvin/ 

Organización Panamericana de la Salud: www.ops.org.ar 

Derechos Humanos ONU: www.acnudh.org




 
 
 
 
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