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Recuerdos del horror

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Recuerdos del horror

Organizaciones sociales luchan para que el caso de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Ayotzinapa, México, no quede impune. El relato de uno de los sobrevivientes que también mantiene vivo el reclamo.

Textos: Alejandro Cánepa

El 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que planificaba una marcha para el 2 de octubre, fue atacado a balazos en la localidad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. Después del ataque, 43 de las víctimas fueron secuestradas y hasta el día de hoy las autoridades mexicanas no han podido esclarecer qué pasó con ellas. Como consecuencia de la impunidad que rodea a ese crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a un grupo de expertos para que aportaran pistas y experiencias para revertirla. Tercer Sector dialogó con un sobreviviente de la masacre y relevó el campo de Organizaciones de la Sociedad Civil que luchan para que este caso no quede definitivamente en el olvido judicial y mediático. 

“Fue algo inexplicable, ni yo entiendo cómo logré salir. Era como estar en una lluvia de balas. Recuerdo que giré al suelo, gritaba ‘alto, dejen de disparar, somos estudiantes’ y miré a un compañero que quiso levantarse para correr y al momento en que se levantó recibió todos los impactos de bala. Lo que hice fue arrastrarme para llegar hasta el camión, el primero en el que íbamos. Me quedé ahí adentro del camión, no sabía qué hacer, unos compañeros andaban corriendo, otros estaban tirados en el suelo. Un compañero me dice “corre negro, corre”. Me agarró de la playera y me dijo que corriera. Y corrimos por un callejón”. El que habla es Francisco Sánchez Navq, uno de los sobrevivientes del ataque y que, desde que sucedió el hecho, participa activamente en las distintas iniciativas para pedir justicia por sus compañeros.

Después de unos días de demora, la Procuración General de la República inició una investigación, cuyos resultados responsabilizaban a policías municipales y narcos del grupo Guerreros Unidos. Pero ante los reclamos de familiares, la Cidh convocó y envió a México al Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), que llevó adelante investigaciones y recopilaciones de datos para ampliar y profundizar las pesquisas oficiales. 

Francisco recuerda los instantes posteriores al ataque: “Llegamos a una clínica, le dijimos que nos atendieran pero no nos querían abrir, un compañero sangraba. Después nos abrió la enfermera y un médico llamó al Ejército. Llegaron los militares, nos dijeron delincuentes, vándalos. Al herido le dijeron ‘aguántese’. Después se retiraron diciendo: ‘salven su pellejo como puedan, no es nuestro problema’. Un compañero llevó en taxi al herido al hospital”. Esa noche dejó a 43 estudiantes desaparecidos, 6 muertos, 12 heridos y decenas de detenidos.

Distintas organizaciones de derechos humanos se interesaron por el caso de los estudiantes, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Red Guerrense de Organismos Civiles y el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez, dentro de las mexicanas. A su turno, los familiares y allegados se agruparon en entidades como el Comité de Padres de Familia de los 43 y el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa. También viajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) a colaborar con la identificación de restos humanos en un basurero municipal, en el que presuntamente habrían sido asesinados los estudiantes. 

Amnistía Internacional también se mostró preocupada por la causa de los 43 normalistas desaparecidos. “El caso de Ayotzinapa no es único en un país que enfrenta una crisis de derechos humanos y en el que miles de personas están desaparecidas”, asegura Carlos Zazueta, investigador para México de esa organización para enmarcar ese crimen en una dimensión mucho más amplia de violencia. En este sentido, pide que en esa nación “se inicie una transformación en la forma en que hasta ahora se gestionan los casos de desapariciones forzadas y de otros graves delitos”.

En tanto, José Miguel Vivanco, de Human Rigths Watch, había señalado, tras una serie de informes del Giei en 2015 que hay “que monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre éste y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”. Sin embargo, la relación del gobierno mexicano con las principales OSC se tensionó desde la masacre y a partir de las divergencias que plantearon las entidades del sector social respecto de la “verdad histórica”, como denominó el gobierno al relato oficial sobre la noche del 26 de septiembre. Según esa versión, los responsables fueron civiles y policías municipales, vinculados al narcotráfico, aunque responsabiliza a los estudiantes por haber “iniciado” las agresiones contra las fuerzas de seguridad.

El Giei, en cambio, respaldado por las principales organizaciones de derechos humanos, en su informe final criticó diversos puntos de la versión que difunde el Estado mexicano y pidió una serie de cambios. Entre ellos, se encuentran “investigar denuncias por malos tratos o torturas, con las debidas garantías”, “investigar la posible obstrucción de la investigación” y dejar de “estigmatizar a los familiares”. 

Por su parte, éstos no han dejado de moverse: organizaron el año pasado la Caravana Sudamérica 43, a través de la cual viajaron a distintas ciudades del continente para recordar a las víctimas y exigir justicia y recientemente viajaron a Washington para reunirse con los integrantes del Giei. Mientras tanto, Francisco asegura: “Tenemos que seguir exigiendo la presencia de nuestros compañeros. Yo en particular sufro amenazas, quiero difusión de mi situación”. Su plan más inmediato es poder refugiarse en Estados Unidos. 

 

Cómo conectarse

Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan: cdhm@tlachinollan.org

Amnistía Internacional México: info@amnistia.org.mx


WEB Giei

 
 
 
 
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