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Nuevo Gobierno

El desafío de ampliar la agenda social
Nuevo Gobierno

Asignación Universal por Hijo y por embarazo, matrimonio igualitario, desempleo de un dígito, movilidad jubilatoria, voto joven, repatriación de científicos, ley de fertilidad asistida, distribución gratuita de netbooks, financiamiento educativo. La última década en Argentina ha quedado constituida como una época de inclusión y ampliación de derechos sociales y civiles. No obstante, según la visión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quedan pendientes asignaturas que representarán un desafío para el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Mantener y profundizar los logros, así como modificar aquellas políticas que necesitan corregirse son los ejes sobre los que deberá trabajar la nueva gestión. La exigua diferencia con Daniel Scioli traza además un panorama político que se presenta con la necesidad de acuerdos programáticos entre oficialismo y oposición. Ante la expectativa que genera el traspaso de mando y la urgencia por retomar los aspectos de la agenda social que quedaron postergados en la última década y sobre todo en el último año signado por la coyuntura electoral, Tercer Sector consultó a una treintena de instituciones de diferentes sectores. Las organizaciones precisaron las prioridades en materia de pobreza estructural, infancia, vivienda, salud, educación, medio ambiente, juventud, empleo y políticas de género que el nuevo gobierno debería tener en cuenta a la hora de administrar el país en los próximos cuatro años.  

Textos: Fátima Cheade y Silvina Oranges

Niñez: Igualdad de oportunidades

En materia de infancia, las OSC consultadas coinciden en destacar los avances logrados en los últimos años en equidad y advierten sobre la necesidad de consolidarlos en los próximos años.  

Sebastián Wasigrais, economista especialista en monitoreo y evaluación de programas de Unicef, destaca la AUH y la asignación por embarazo, pero advierte que “el 13,1 por ciento de los niños no está incluido en la normativa, mientras que el 12,4 por ciento no está todavía cubierto”.

En cuanto a la educación que reciben los niños, pondera la inversión en educación, del 5,1 por ciento del PBI, pero plantea como desafío “mejorar la calidad y continuar reduciendo las diferencias territoriales que hoy son de hasta el 50 por ciento”.

Conscientes de la necesidad de seguir trabajando por la niñez, Unicef lanzó recientemente la campaña #12 millones para llamar la atención de los candidatos presidenciales. Doce millones –explica Wasigrais– es “la cantidad de votos que necesita un candidato para convertirse en presidente, y de niños, niñas y adolescentes que hay en Argentina. Como la mayoría no vota, sus voces no se escuchan ni figuran en las encuestas”, dice.

Desde su mirada, Fundación SUR Argentina –dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de niños y adolescentes– ve la llegada de un nuevo gobierno como “una oportunidad para reabrir y profundizar un debate serio y riguroso sobre las políticas para la infancia-adolescencia que muchas veces ha confundido la asistencia con la garantía de derechos”, según explica Laura Musa, su directora ejecutiva.

Musa reconoce como hitos de los últimos años la ley de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, que fijó “estándares altos de garantías de derechos de la infancia en su relación con las obligaciones del Estado”, pero dice que falta que los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– hagan su parte para que el niño “sea un verdadero sujeto de derecho”. 

Betina Perona, directora general de la Asociación Civil El Arca, que promueve y protege los derechos de la niñez en Argentina, pone el foco en la “adaptación” de las escuelas a los nuevos tiempos, y plantea la necesidad de que existan dentro de ella “dispositivos para la resolución pacífica de conflictos ante situaciones de violencia”, ya sea entre alumnos como dentro de las propias familias, así como “clubes públicos en los barrios para que tengan acceso al deporte y a actividades artísticas”.

En su análisis, El Arca marca como asignatura pendiente “más vacantes en escuelas primarias en determinados lugares del país, nuevas escuelas públicas y gratuitas, y también nuevos jardines de infantes para poder incorporar a los niños y niñas a partir de los 3 años”. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) marca como una prioridad de cara al cambio de gobierno “asegurar la igualdad real de oportunidades de la niñez en situación de pobreza y cumplir el derecho de la niñez con discapacidad a asistir, aprender y participar en escuelas comunes”, según explica su codirectora Dalile Antúnez.  

También plantea la designación de un defensor del niño, órgano independiente de control y defensa de los derechos de la niñez, “previsto en la ley de protección integral y que nunca fue implementado”, y destaca “el incremento de la inversión en educación, en las tasas de escolaridad, y la política de distribución de computadoras.”  

 

 

AUH: Garantizar derechos

Una medida de inclusión social emblemática de los últimos años es, sin duda, la Asignación Universal por Hijo (AUH), reconocida desde distintos sectores como un paso necesario para achicar la brecha de desigualdad y combatir la pobreza estructural, comenzando desde la infancia.Actualmente, más de 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes la reciben.  

En el libro de reciente aparición El gran desafío. Romper la trampa de la desigualdad desde la infancia, un equipo de investigadores coordinados por Bernardo Kliksberg e Irene Novacovsky analiza el impacto de la AUH. “Los programas sociales de transferencias de recursos en América latina se focalizan en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. La AUH establece un salto cualitativo dado que se concibe la estrategia de intervención no como un programa, sino como una extensión del sistema de asignaciones familiares al que ya tenían acceso otros sectores de la sociedad”, concluyen.

Según Novacovsky y Kliksberg existe una importante contribución de la AUH a atenuar la desigualdad dentro de los hogares de menores ingresos y se muestra como “fuertemente coadyuvante a la mejoría de la salud infantil y la reducción del riesgo alimentario”. “Es la recuperación de un derecho, no es que la sociedad le hace un favor a los pobres. Sería un escándalo ético que se deje de lado la AUH”, afirmó recientemente Kliksberg. Desde su implementación hace 6 años, la AUH ha sido elogiada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Unicef. 

Desde el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) se analizó que la AUH tiene un impacto positivo sobre la pobreza extrema de los niños y también –aunque de manera menos progresiva– para reducir el riesgo de inseguridad alimentaria y exclusión escolar, pero su impacto fue mucho menor a la hora de garantizar seguridad económica y reducir el trabajo infantil. “Sin lugar a dudas, la AUH constituye una herramienta clave para dar asistencia, protección y garantizar un piso mínimo de inclusión social a casi un tercio de la población infantil de nuestro país; sin embargo, estos resultados son insuficientes para brindar sustentabilidad a este proceso”, indica el equipo de la UCA en un informe.

Desde Chaco, Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela –que viene denunciando la falta de atención sanitaria y social adecuada para los sectores más vulnerables de esa provincia– indica que la asignación universal “ha combatido la pobreza de ingreso, pero no la estructural”.

“La AUH ha mejorado el ingreso promedio mensual para el financiamiento de la economía familiar, pero no la pobreza estructural que tiene que ver con la vivienda, el trabajo estable y permanente, un sistema óptimo de calidad educativa, infraestructura”, dice Núñez, quien precisa que en Chaco el nivel actual de pobreza es del 40 por ciento.  

 

Vivienda: Una casa para cada familia  

De cara al nuevo gobierno, las OSC destacan la política habitacional y de infraestructura de los últimos años, al tiempo que plantean para el futuro la necesidad de un “trabajo conjunto” entre Estado, ONG y destinatarios de programas habitacionales. La Fundación Pro-Vivienda Social (Fpvs), creada por un grupo de dirigentes de empresa, cree que la próxima gestión deberá impulsar “un cambio de paradigma” en la política habitacional, que mantenga los programas de construcción de vivienda nueva, pero que incluya otros específicos de mejoramiento habitacional, de infraestuctura y de barrios. Según apunta Ana María Vásquez Duplat, coordinadora de Sistemas y Monitoreo de Proyectos de Fpvs, este cambio es necesario porque el “déficit cualitativo triplica el cuantitativo”. 

Entre los avances de los últimos años, Vásquez Duplat marca “la ampliación de la red de provisión de agua” y apunta a la“extensión de la red de electricidad, cloacas y gas” como asignaturas pendientes. Destaca el “programa federal de mejoramiento habitacional” y pide mayor participación de las ONG como “facilitadoras” del trabajo que realiza el Estado para mejorar viviendas y barrios.

Vivienda Digna-Fundación Sagrada Familia, OSC que ayuda a que “cada familia tenga su casa”, cree en la necesidad de generar líneas de crédito hipotecario que abarquen todos los segmentos sociales porque, dice, “el acceso a la vivienda es un problema que no distingue clases”. Según plantea Alejandro Besuschio, su director ejecutivo, es necesaria “una regulación del mercado inmobiliario para la distribución y acceso al suelo, programas de lotes con servicios de alcance nacional y microcréditos para la reforma, ampliación y mejora de las viviendas”.

Vivienda Digna destaca las distintas políticas de inclusión social implementadas en los últimos diez años, los programas nacionales para construcción y mejoramiento del hábitat y también la continuidad del Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) durante los últimos 20 años, así como la promulgación de la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

La OSC confía en que el próximo gobierno “siga profundizando los programas sociales en asociatividad con las organizaciones y la participación de los destinatarios”, aprovechando “la amplia capacidad de gestión y experiencia en territorio” del tercer sector.

Ana Cutts, directora nacional de Hábitat para la Humanidad Argentina –una OSC basada en principios cristianos–, marca la necesidad de “aplicar los derechos humanos a las políticas habitacionales, evitando la discriminación” y promoviendo el derecho a “una vivienda adecuada”, y propone un trabajo conjunto entre el sector social y el público como camino para encontrar una solución integral y abarcativa.

“Pensar políticas habitacionales de soluciones duraderas de largo plazo para los más vulnerables es una de las prioridades que debería plantearse el nuevo gobierno”, dice y agrega que los planes de vivienda estatales deben llegar también “a quienes no tienen escritura de su propiedad ni ingresos en blanco y pertenecen a grupos minoritarios”.  

 

 

Salud: Universalizar la atención  

La incorporación de vacunas al calendario nacional, una reducción en los índices de mortalidad infantil y un aumento en los trasplantes de órganos son algunos de los logros en materia de salud alcanzados en la última década. Pero, según las OSC, las deudas siguen siendo grandes: una deficitaria atención primaria, hospitales públicos en crisis, sin recursos y con problemas de infraestructura. 

El coordinador de la Red Solidaria de Profesionales de la Salud de América latina y el Caribe, Justo Carbajales, señala que es imprescindible “poner el foco en la promoción y prevención primaria de la salud con personal médico y de enfermería bien capacitado, remunerado y motivad”.

“Los hospitales públicos de todo el país están en crisis”, dice Carbajales, que pone como ejemplos críticos las reformas lentas o paralizadas en los centros asistenciales Posadas (en Morón); el Ramos Mejía (en la Ciudad de Buenos Aires); el Sor Ludovica (en La Plata) o el pediátrico (de Resistencia), que sufrieron inundaciones y graves deterioros en sus instalaciones. También cuestiona la atención “deficiente” de las tan promocionadas 17 Unidades de Pronta Atención (UPA) que fueron creadas en la provincia de Buenos Aires.

Desde Unicef, el economista Wasigrais, considera “indispensable” que el nuevo gobierno consolide los avances en materia de mortalidad infantil, que disminuyó significativamente en los últimos años, al caer de 25,6 a 10,8 por cada 1.000 nacimientos entre 1990-2013, así como también, bajar la tasa de mortalidad materna –aún en niveles elevados– y el embarazo precoz en adolescentes.

Para un referente de la lucha contra el hambre y sus efectos en el desarrollo cognitivo como el presidente de Conin, Abel Albino, la nueva administración debería centrarse en “estimular y alimentar el cerebro del niño adecuadamente en el primer año de vida y durante el embarazo de la mamá. Tiene que ser una política de Estado, el expandir los centros de prevención para erradicar la desnutrición infantil. Queremos una gran nación donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades”, señala Albino, para quien “la clave del desarrollo del país es preservar el cerebro y luego educarlo”.

Desde la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (Asumen), la salud materno-infantil debe convertirse en prioridad por medio de la “consolidación de un sistema regionalizado en la atención en todo el país”, lo cual implica una “coordinación de las instituciones según la complejidad y el problema de salud que se enfrenta, y la ampliación de la cobertura en las zonas con más dificultades de acceso”. 

Para Asumen –un colectivo que integran una veintena de organizaciones como la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras– está pendiente la implementación de una “política nacional del recurso humano en salud, que abarque aspectos relativos a la formación, distribución, remuneración y capacitación de médicos, enfermeras, obstétricas”. La alianza propone además el “cumplimiento estricto de los objetivos” del Programa Sumar, y “ampliarlo con el fin de transformarlo en una fuente importante de financiamiento como cobertura social”.

 

 

Educación: Consolidar los logros  

Diferentes OSC del área de educación visualizan más allá del 10 de diciembre la necesidad de mantener y consolidar los logros y seguir trabajando para alcanzar una mejor calidad educativa y una mayor inclusión. 

Agustina Cavanagh, directora ejecutiva de Cimientos, que ayuda a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, pondera la inversión realizada por el Estado en educación y las políticas inclusivas que alcanzaron a jóvenes que estaban excluidos.

Cavanagh proyecta como desafío para los próximos años la “universalización de las salas de 3 y 4 años y la jornada extendida, en especial en las escuelas que reciben a la población más vulnerable”, mientras ve con preocupación “la repitencia, el abandono escolar y la sobreedad. Estar hoy en la escuela no es garantía de continuidad, aprendizaje o finalización”, dice.

Ante la asunción del nuevo gobierno, propone el “trabajo personalizado con cada alumno, que desarrolle habilidades, genere compromiso y los prepare para el mercado laboral y de estudios superiores”.

Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Fundación Leer, dedicada a la alfabetización y la promoción de la lectura, hace hincapié en la “calidad educativa” tanto del que la recibe como del que la transmite, y propone un sistema evaluatorio “claro para unos y una estrategia de aprendizaje adaptada a los nuevos tiempos para los otros”.

Por eso, se focaliza en la necesidad de “revisión de contenidos curriculares” y dice que “es esencial definir el perfil del alumno que se quiere que egrese del sistema”, al tiempo que resalta el equipamiento aportado por el Estado a las escuelas, tanto de libros como de tecnología, y la ley que determinó la obligatoriedad de la sala de 4 años y la universalización de la sala de 3 años.

La Fundación SES, dedicada al desarrollo de estrategias para la inclusión de los adolescentes y jóvenes con menos oportunidades, cree imprescindible “dar continuidad crítica a los programas e iniciativas de inclusión educativa, de manera de no producir rupturas traumáticas y, al mismo tiempo, mejorar sus puntos débiles”. Menciona, entre esas iniciativas, a los programas Progresar, Fines, Alfabetización-Encuentro y Envión.

Alberto Croce, director de SES y también secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, apuesta para los próximos años a “restablecer el liderazgo educativo del sector público y crear espacios socioeducativos” comunitarios, gestionados desde las organizaciones sociales, en especial en comunidades con mayores dificultades. Destaca de los últimos años la aprobación de las “grandes leyes educativas” (educación nacional, técnica, sexual integral, de financiamiento, de centros de estudiantes), la construcción de escuelas y nuevas universidades, el crecimiento de la matrícula en la educación secundaria y la ampliación de la educación inicial, así como la ampliación educativa a jóvenes en situación de encierro.  

 

Medio ambiente: Una agenda postergada

Una temática ausente en el debate público de los candidatos fue el cuidado del medio ambiente. “La agenda ambiental ha sido eternamente postergada y hay muchos temas pendientes. Entre los más urgentes, es necesario abordar el cambio climático, el cuidado de los bosques y el saneamiento del Riachuelo”, puntualiza el director ejecutivo de Greenpeace Andino, Martín Prieto. 

Una política de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, medidas para detener los desmontes que ya hicieron que Argentina perdiera el 70 por ciento de sus bosques nativos y el saneamiento definitivo del Riachuelo están al tope de la agenda, según Prieto. “Otra deuda es la inversión en energías limpias. A pesar de tener un enorme potencial en energía solar y eólica, y de leyes que impulsan un cambio hacia las renovables, Argentina ha invertido miles de millones en energías sucias, combustibles fósiles, mega- rrepresas con impactos ambientales o energía nuclear, que es peligrosa”, dice el director de Greenpeace. Para poner el tema ambiental sobre la mesa, la Fundación Vida Silvestre Argentina presentó a los candidatos el documento “Cinco propuestas para una Argentina sustentable”, con ejes de trabajo en educación y acceso a la información ambiental, protección de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, ordenamiento territorial, consumo responsable y producción sostenible. 

“Es prioritario crear áreas protegidas para cumplir el compromiso que tiene firmado Argentina de llegar al 2020 con un 17 por ciento de la superficie terrestre y 10 por ciento de la marina protegida”, dice Diego Moreno, director general de Vida Silvestre. 

En relación con la agenda climática, Moreno considera fundamental que la nueva administración realice un “planeamiento a largo plazo de la matriz energética, con una mirada moderna, tomando en cuenta las múltiples oportunidades que tiene el país a partir del desarrollo de las energías renovables”.

En el mismo sentido, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Andrés Nápoli, pone el acento en que la actual matriz energética argentina depende “en extremo de los combustibles fósiles, lo cual demanda un cambio de composición hacia energías de fuentes renovables y libres de gases de efecto invernadero”.

También se inclina hacia la necesidad de un modelo de desarrollo y explotación sustentable. “Luego de más de una década de un modelo basado en la explotación de los recursos naturales y que sembró conflictos sociales de base ambiental en todo el país, será necesario que el próximo gobierno promueva políticas tendientes a recomponer el daño ambiental y la reparación del tejido social”, expresa Nápoli.

Otro reclamo de las organizaciones se centraba en la necesidad de que la cuestión ambiental sea elevada a rango ministerial, pedido que encontró rápida respuesta en el nuevo gobierno que ya anunció su intención de crear un ministerio de Medio Ambiente que quedará a cargo del rabino Sergio Bergman.

Entre los logros de los últimos años, las OSC consultadas coinciden en destacar la sanción de la Ley de Bosques y de Protección de Glaciares, aunque advierten que falta asignar el presupuesto para que puedan ser plenamente implementadas. Es cuestión de prioridades: según denuncia Greenpeace, en 2010, 144 millones de pesos destinados a la protección de bosques fueron derivados hacia el programa Fútbol para Todos.  

 

Trabajo: Resolver la informalidad  

La importante reducción lograda en el índice de desempleo (del 20 por ciento en plena crisis del 2001 al 7 por ciento actual) no resulta suficiente, según la mirada de las OSC. La informalidad laboral, el trabajo en negro, esclavo o precario continúan siendo un problema urgente a resolver. En definitiva, recuperar la cultura del trabajo genuino y de calidad. Desde La Alameda –símbolo de la lucha contra el trabajo clandestino–, uno de sus integrantes, Lucas Schaerer, estima que medio millón de argentinos trabaja en talleres ilegales. “El mayor tráfico de personas se produce para la explotación laboral y no para la trata sexual, como se cree habitualmente”, precisa Schaerer. 

Su organización, que nació como una asamblea barrial, brega por “fuentes de trabajo dignas y no sólo a través de la asistencia directa”. Diariamente se topan con realidades que se expanden como temibles redes: trata de personas, explotación infantil, proxenetismo y narcotráfico. Ante este panorama, La Alameda indica que “un punto central del nuevo gobierno debe ser recuperar el trabajo de calidad y que el Estado audite a las marcas de ropa de manera obligatoria”. Schaerer combate el “modelo productivo que deja a los trabajadores fuera del convenio laboral” y sostiene firmemente que “la industria esclavista se puede erradicar cuando el Estado trabaja a la par de la sociedad civil”. 

Un emprendedor de la economía social como Roberto Killmeate –presidente de la fundación Surcos Patagónicos y creador del sistema de comercio Mercado de la Estepa– sugiere “poner el acento en el concepto de trabajo más que en el de empleo, porque éste aparece ligado a connotaciones de punterismo político” y destaca la importancia de que la persona “recupere la cultura del trabajo, de la sabiduría de mostrar el producto realizado con sus propias manos”.

El emprendedor destaca la sanción de la ley de educación técnica y formación profesional que fomentó la recuperación de unas de las instituciones educativas más golpeadas durante los ’90, como fue la escuela técnica, pero asevera que todavía no se logró revertir el proceso y aumentar la oferta de mano de obra calificada para acompañar la demanda de trabajadores especializados.

Otro aspecto que deberá tener al tope de la agenda el nuevo gobierno es la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a un primer empleo de calidad. “Esto implica trabajar con las empresas y organizaciones como fuentes de las oportunidades de empleo y además trabajar en la formación de los jóvenes”, dice Magdalena Olmos, directora ejecutiva de la fundación Reciduca, que acompaña a jóvenes en riesgo de deserción escolar para que finalicen sus estudios secundarios y amplíen sus oportunidades.

Olmos valora la implementación de planes dirigidos a los jóvenes como el Más y Mejor Trabajo, Progresar y Jóvenes con Futuro, pero advierte que “la cobertura territorial y la llegada a los chicos no ha sido óptima”, ante lo cual sugiere que la nueva administración se centre en “generar una mayor articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil”.   

 

Jóvenes: Mejorar la escuela secundaria

Las OSC coinciden en la necesidad de generar más oportunidades para los jóvenes, motivaciones concretas para que no abandonen la escuela secundaria e inclusión educativa de calidad que llegue a todos los segmentos sociales, en especial a los más vulnerables.  Fundación Crear Vale la Pena apunta a una política de Estado que piense el trabajo con jóvenes tomando “aquellas iniciativas sociales que resultaron exitosas”, pero buscando “escalas más grandes” a partir de alianzas público-privadas, en especial en las zonas con mayor vulnerabilidad del país, para que dejen de ser “el boulevard de los sueños rotos”. Para Paula Mascías, directora ejecutiva de la fundación, la pobreza más importante no es la económica sino la de la “falta de oportunidades, para hacer y también para soñar” y propone el arte “como motor para quebrar el círculo de pobreza y generar verdaderos contextos de transformación social”. 

Por ello, cree prioritario que el próximo gobierno piense “acciones y programas que permitan trabajar el arte no como objeto, sino como vínculo”, que apunte a los 9,5 millones de jóvenes, incluidos los 5,5 millones que son pobres, los que viven por debajo de la línea de pobreza (50 por ciento) y los que viven por debajo de la línea de indigencia. La Red por los Derechos de los Jóvenes está convencida de que el próximo gobierno debe seguir incrementando la inversión en educación y trabajo y “sostener y ampliar el piso de derechos construidos en los últimos doce años”. 

Gustavo Gioseffi, referente de esta OSC, destaca entre los logros la “impronta universalizadora e integradora de las políticas públicas”, la creación de “nuevas universidades públicas”, la obligatoriedad de la educación secundaria, la AUH, el plan Fines, con mayoritaria participación de jóvenes excluidos de la escuela en los ’90, y Progresar, que promueve la continuidad de los estudios.

Para Gioseffi, debe profundizarse la universalización de la educación “con calidad”, que –según dice– “no es otra cosa que inclusión educativa”, y avanzar en el universo de derechos.

Fundación Pescar Argentina sostiene que existen dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta: la mejora sustancial en la calidad y capacidad de retención de la escuela secundaria, y las estrategias específicas para el abordaje de la problemática de los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Silvia Uranga, directora general de la fundación, apunta al “valor” que le dan los jóvenes a la escuela secundaria, dice que el resultado está en que “sólo egresa el 50 por ciento de los alumnos que ingresan” y propone prestar atención a “resignificar su función y utilidad en el contexto actual”, con mayor relación con el sector productivo e integración con el ámbito universitario.

Al mismo tiempo, cree necesario “generar estrategias y políticas públicas específicas para los jóvenes que no estudian ni trabajan, tendientes a generar en ellos un proyecto de vida que puedan desarrollar, a través de habilidades blandas y competencias socioemocionales”.  

 

Género: Ni una menos  

La violencia de género evidenciada en un creciente número de femicidios a lo largo de todo el país, la igualdad de derechos entre varones y mujeres, así como la problemática de la trata de personas, deberán ser cuestiones presentes en la agenda del nuevo gobierno. “Después de la movilización ‘Ni una menos’, quedó claro que estamos ante un estado de emergencia. Los femicidios vienen aumentando y hay una gran cantidad de mujeres que no saben qué hacer frente a la violencia. Hay muchas asignaturas pendientes todavía en la prevención, la asistencia y el acceso a la Justicia”, señala la directora ejecutiva de la fundación Mujeres en Igualdad, Monique Thiteux-Altschul. 

La ley 26.485 de protección integral a las mujeres –sancionada en 2009– que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia representó un gran paso, pero las OSC consultadas advierten que su reglamentación fue “totalmente insuficiente” y no fue asignado el presupuesto necesario para su implementación.

“Una de las prioridades debe ser el desarrollo y puesta en marcha del plan nacional para la erradicación de la violencia, para dar cumplimiento a esa ley con programas integrales, interdisciplinarios, intercontectados y federales”, señala Ada Rico de La Casa del Encuentro, la única asociación que reúne información sobre asesinatos vinculados a la violencia de género.

Aprobada recientemente, la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito para las víctimas significó otro avance, aunque todavía resta esperar su reglamentación. “Hasta ahora, los violentos tienen mejores defensores que las víctimas”, apunta Altschul, quien también destaca la creación de las comisarías de la mujer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, aunque se queja de que algunas siguen estando atendidas por varones.

Por su parte, Rico considera necesaria la publicación de estadísticas oficiales, así como la instalación de centros únicos de asistencia integral y denuncia para que la mujer pueda encontrar “en un mismo lugar todo lo necesario para rearmar un proyecto de vida libre de violencia”. 

Otros pasos positivos fueron la creación de las líneas gratuitas 144 y 145 y la incorporación al Código Penal del agravante por violencia de género, mientras que entre las cuestiones pendientes figuran la pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado y la ley Brisa, que busca garantizar una reparación económica para los hijos cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios.

La presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), Mabel Bianco, introduce otros aspectos pendientes como “asegurar la atención de la salud sexual y reproductiva, que incluye disminuir la mortalidad materna y atender el aborto, promoviendo que se atienda en hospitales y servicios de salud en los casos permitidos por la ley”, además de “impulsar la discusión en el Congreso de una ley de aborto”. Bianco también destaca la necesidad de “asegurar que el trabajo de las mujeres sea formal, como en el caso de las empleadas domésticas, lograr igual pago a igual trabajo, promover que se compartan las tareas del cuidado no remunerado entre hombres y mujeres”, así como instalar más guarderías infantiles y modalidades de cuidado. 

Los desafíos que quedan planteados en cada uno de los sectores de cara a los próximos cuatro años son muchos y muy variados, pero la articulación entre Estado y OSC es un recurso fundamental a la hora de potenciar esfuerzos, recursos, conocimiento y trabajo. Las más de treinta organizaciones no gubernamentales consultadas coincidieron en ponderar este aspecto y en reiterar su disposición a trabajar en forma mancomunada con el Estado –a nivel nacional, provincial o municipal– para llegar a más niños, familias, jóvenes y adultos con sus iniciativas en pos de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.   

 

 

Cómo conectarse

Pro Vivienda Social: www.fpvs.org

Sagrada Familia: www.viviendadigna.org.ar

Hábitat para la Humanidad: www.hpha.org.ar

Crear vale la pena: www.crearvalelapena.org.ar  

Red por los Derechos de los Jóvenes: www.redxder.org.ar

Pescar: www.pescar.org.ar

Leer: www.leer.org.ar

Cimientos: www.cimientos.org

SES: www.fundses.org.ar

Asociación Civil El Arca: www.elarca.org.ar

Unicef: www.unicef.org/argentina

Acij: info@acij.org.ar

Fundación Sur Argentina: fundacion@surargentina.org.ar

Conin: www.conin.org.ar

Asumen: asumen.argentina@gmail.com

Mundo Sano: mundosano@mundosano.org

Vida Silvestre: info@vidasilvestre.org.ar

Farn: info@farn.org.ar

Greenpeace Argentina: activismo@infogreenpeace.org.ar

Feim: www.feim.org.ar

Mujeres en Igualdad: mujeresenigualdad@infovia.com.ar

La Casa del Encuentro: lacasadelencuentro@yahoo.com.ar

La Alameda: www.mundoalameda.com.ar

Surcos Patagónicos: info@surcospatagonicos.org

Reciduca: info@fundacionreciduca.org.ar

Centro Nelson Mandela: www.centromandela.com

 

OpInión

“Sostener una política de distribución equitativa del ingreso”  

Por Abraham Leonardo Gak *  

Ante un nuevo mandato presidencial, resulta imprescindible plantear las prioridades que éste debe asumir en materia de políticas sociales que, sin duda, deben estar dirigidas a mejorar, ampliar y consolidar las logradas en la última década.

Se plantea como objetivo esencial la consolidación del empleo con niveles de remuneración dignos y la sensible reducción del desempleo y del trabajo no registrado. La agenda se completa con la lucha contra la precarización y la necesidad de promover la capacitación para enfrentar los desequilibrios de una sociedad moderna que tiende cada vez más a una producción de alto contenido tecnológico y científico.

Sostener una política de distribución equitativa del ingreso requiere la mejora de los ingresos fiscales del Estado, de modo que está vinculada directamente con una reforma del sistema tributario, que revierta el alto grado de regresividad que hoy lo distingue.

En definitiva, las políticas sociales prioritarias del nuevo gobierno deben ser, como lo fueron en los últimos años, las dirigidas a la permanente ampliación integral de derechos humanos a través de la educación, la salud, el acceso a la vivienda y una vida digna.     

•Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Plan Fénix.  


OpInión

“El cuadro social es preocupante”  

Por Agustín Salvia *  

A fines de la década del ’90, la Comisión Episcopal Argentina hizo público un llamado de atención sobre la situación del país: “La gran deuda de los argentinos es la deuda social.

Todos debemos preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar y a comprometernos para saldarla”. En los últimos 10 años, son innegables los avances logrados en cuanto al progreso económico, oportunidades de empleo y ampliación de derechos sociales. Sin embargo, no hay que perder de vista que el Estado tiene la obligación "no transferible" de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Según la información del Observatorio de la Deuda Social Argentina, a fines de 2014 el 52,7 por ciento de los hogares urbanos del país estaba afectado por lo menos por una de las formas que adopta la pobreza: inseguridad alimentaria, bajos ingresos, falta de acceso a cloacas o a agua corriente, hacinamiento, vivienda precaria, exclusión educativa en niños o jóvenes, bajo clima educativo, ausencia de aportes a la seguridad social y falta de acceso a la jubilación de por lo menos un adulto mayor.

A esta situación, se suma que un 49 por ciento de los trabajadores están excluidos de la seguridad social y que la inseguridad ciudadana se hace más violenta contra los sectores más postergados. El cuadro social resultante, aunque mejor que hace una década, no deja de ser preocupante. Es tiempo de que la política y toda la sociedad asuman el compromiso de saldar las deudas sociales que continúan castigando a las actuales y futuras generaciones del país.  

•Investigador jefe y coordinador del Observatorio de la Deuda Social Argentina-Universidad Católica Argentina. 

 

 

 


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