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Vivir en estado de alerta

Drogas y pobreza atraviesan el reclamo social de medidas orientadas a reducir la violencia.
Vivir en estado de alerta

Aunque muchos apuntan a los jóvenes sin estudios ni empleo como principales protagonistas de hechos delictivos, las estadísticas relativizan esas afirmaciones. Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil cuestionan que estas políticas se debatan en el Ministerio de Seguridad y no en la cartera de Desarrollo Social. Qué opinan los especialistas.

Textos: Noelia Leiva

Por cada 100 mil argentinos, 165 están en prisión, en penales o comisarías. Un relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en mayo de este año detectó que en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, donde hay 10.074 personas detenidas, el 59,7% de los presos no tiene condena. Ese índice coloca al país por encima de la media mundial en momentos en que América Latina desplazó a África como la región con mayor cantidad de asesinatos del mundo –según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito– sobre todo por la violencia fuera de control en Honduras, Venezuela o El Salvador. El mismo estudio atribuyó el elevado índice de asesinatos en la región al crimen organizado y a décadas de violencia política. En cuanto a robos y hurtos, la Organización de Estados Americanos (OEA) calculó que en 2012 estos delitos colocaron a la Argentina en la cima de la “inseguridad”. Mientras la tasa promedio del continente es de 456 cada 100 mil habitantes, en el país asciende a 973. Aunque investigaciones académicas locales confirmarían la vinculación entre la pobreza, la venta de sustancias ilícitas y la violencia, desde las organizaciones barriales gana terreno la denominada posición garantista, en sintonía con la protección de los derechos humanos, sobre todo de quienes son el frecuente blanco de las acusaciones: los y las jóvenes. Atravesado por ese complejo entramado, el concepto seguridad figura en cada discurso político: slogans versus propuestas. 

“Me asaltó un motochorro”, “te matan por un celular", “antes había más códigos, te robaban pero no te mataban”. Los lugares recurrentes del decir popular identifican un “otro” que quita lo que no es propio, los chicos y chicas de identidades populares encabezarán esa lista, y el reclamo por la baja de la edad de punibilidad será su consecuencia inevitable. La seguridad se vuelve un concepto polimorfo, y, a su vez, excluye de su denuncia a otras formas de violencia que pueden generar que alguien no salga tranquilo de su casa.

En 2014, el Observatorio de Seguridad Ciudadana aseguró que el sitio donde más muertes se registraron fue en la capital de Santa Fe, seguida de Rosario y el Gran Mendoza. Este organismo que llegó a contabilizar homicidios hasta 2012 afirma que la tasa nacional era de casi 7 por cada 100 mil habitantes. 

 

Dolor sin consuelo  

“El recuerdo de nuestro ser querido permite que encontremos la paz en el alma, nos da la fuerza para resistir”, sostiene desde su perfil de Facebook la OSC Familiares de Víctimas de Delitos de Mar del Plata, que comenzó a funcionar en 2003 tras el asesinato de Pablo Dagatti el 7 de julio de 2003 en Mar del Plata, cuando asaltaron el local de fotografía donde trabajaba. Durante los primeros cinco años, realizaban marchas cada lunes en el centro costero para reclamar justicia, pero su promotor y padre de Dagatti, Erico, recibió sucesivas amenazas y decidió emigrar junto a su esposa e hija a España. Hoy, tomaron la posta nuevas personas, que mantienen los recordatorios online, vía redes sociales, y decidieron vincularse con allegados a fallecidos en siniestros viales, en cuya memoria colocan estrellas amarillas para señalizar dónde ocurrieron las muertes. Es que detrás de los números siempre hay historias. Cuando se trata de buscar a los culpables, “La justicia y la seguridad presentan dificultades” en toda América latina, afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe sobre seguridad ciudadana. Más acá en el mapa, la Comisión Provincial por la Memoria, de Buenos Aires, tiene un programa exclusivo para postular la “seguridad democrática”, que consiste en “cuestionar los postulados que orientan la intervención estatal hacia la acción represiva y el empoderamiento de las agencias policiales”. De la mano, se espera una participación popular y más horizontal en las instituciones que dictan sentencia y determinan el encierro, mientras se acusa a la corrupción policial y el abuso de poder como una de las verdaderas causas de la inseguridad.

Entonces, ¿cómo juegan las garantías personales y las condiciones de dignidad de todas las personas, víctimas y victimarios, cuando se trata de garantizar que la población esté segura?  

 

Propuestas de campaña

Salir a la calle sin el miedo a volver herido, o peor. Ésa parece ser la síntesis del concepto de seguridad que en el decir colectivo es lema reclamar más presencia policial, como se demandaron en las innumerables marchas del silencio. Los tres principales partidos hicieron diferentes propuestas sobre el tema.  El candidato a la Casa Rosada por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sostiene que “la victoria de la seguridad es que todas las familias vivan tranquilas”. Durante su gestión como gobernador bonaerense respondió al pedido de incremento de las fuerzas: implementó la Policía Comunal, que a su vez coordina las tareas con los Comandos de Prevención Ciudadana (CPC), y la Bonaerense, a la que se suma la Gendarmería, sobre todo en el marco del Operativo Centinela. Con un discurso más rotundo, el aspirante de UNA, Sergio Massa, propuso "declarar la guerra al narcotráfico y la inseguridad” mediante “las fuerzas armadas” –lo que denominó “seguridad ampliada”– y la creación de una Agencia Federal contra la Droga. En sus spots postuló “cambiar miedo por seguridad”, bajar la edad de punibilidad a los 14 años, crear “establecimientos educativos y terapéuticos para menores”, y que la lógica del encierro sea una “cárcel fábrica, para que el preso pague”.  

A su turno, desde el PRO, Mauricio Macri destacó la creación de la Policía Metropolitana en la Ciudad durante su gestión al frente del Gobierno porteño. Meses atrás, se conoció incluso que busca revocar el fallo judicial que le impide equipar a los oficiales con tasers. En campaña, a diferencia del referente del Frente Renovador, optó por conceptos menos confrontativos, como señalar que la inseguridad es “un drama en todo el país” porque no observa una planificación integral, mientras que ser parte de las fuerzas se convirtió en una salida laboral y no en una elección por “vocación”. No obstante, no se descarta en su entorno analizar recursos para poner en marcha una agencia pública específica para la investigación de narcodelitos. 

Para todos los referentes de los principales partidos políticos, la seguridad no es sólo una “sensación” alimentada por los medios, sino que tiene el cariz de problemática social que requiere presupuesto. Scioli aseveró que para él es fundamental el traslado de la Policía Federal al territorio porteño -según investigó el matutino La Nación, involucraría a unos 15 mil agentes sería uno de los temas a promover. Massa adhirió y prometió revisar documentos burocráticos para hacer posible un mejor manejo de jubilaciones y salarios de la fuerza, y Macri se refiere positivamente a este proyecto ya desde su gestión en la Ciudad, donde puso en marcha la Policía Metropolitana, exclusiva de su territorio. Otro punto en común del trío de presidenciables en campaña fue adjudicar más partidas a la tecnología que las instituciones armadas requieren para combatir delitos.

 

Drogas y violencia

En el relato mediático, cuando hay un episodio de robo o muerte nunca falta la pregunta de si el supuesto responsable había consumido drogas, mencionadas de manera genérica y señaladas como plausibles de generar conductas que provoquen daños a terceros. El informe Aumento del tráfico de drogas en los barrios, problemas de adicciones severas en las familias y poblaciones en riesgo, que dio a conocer este año el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina, acerca datos estadísticos a esa aseveración, a partir de una investigación de 5.700 casos de barriadas populares del país.

Concluye que “el sentimiento de inseguridad es mayor en la medida que existe registro de ventas de drogas en el barrio”. A su vez, el instituto, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), releva que hay un sustrato social para la permeabilidad de los circuitos del narcotráfico porque “con base en la falta de oportunidades educativas, laborales y las dificultades que se presentan en este contexto para llevar adelante proyectos de vida, el reclutamiento de los jóvenes por parte de las redes de delito organizado resulta más efectivo”. Según el análisis, el tráfico de drogas genera un “efecto” en las zonas vulnerables, como deterioro del espacio público, “incremento de los hechos de violencia y del sentimiento de inseguridad”. Para el abogado e investigador de la UBA Alejandro Corda, la mayoría de los casos penales relacionados a la problemática tiene que ver con el circuito comercial ilegal –fundamentalmente con la disputa del territorio de venta– y no con “consecuencias farmacológicas” del uso.  

“Creemos que la relación entre seguridad y drogas es una construcción estereotipada que está en el inconsciente”, sostiene. Es que se registran historias de derechos violentados hacia el interior de este tipo de redes. “Entre las personas detenidas por delitos de drogas, hay un mayor registro de mujeres. Las que venden para el mercado interno suelen ser jefas de familias numerosas, con la necesidad de tener que ocuparse del hogar. Entonces, encuentran en estas situaciones una facilidad”, explica a Tercer Sector.   

 

Edad de imputabilidad

Un insumo frecuente para los discursos de períodos eleccionarios es el pedido de que niños y niñas puedan ir a prisión. En el continente, el país que recientemente fue lejos con ese pedido es Uruguay, que llamó en octubre último a un plebiscito para descender dos años la edad de punibilidad, desde los 18 vigentes.

Finalmente ganó el NO, pero con 8 puntos porcentuales de diferencia.  Los especialistas indican que la implementación de un sistema especial que trate el régimen penal juvenil “garantizaría la efectiva investigación de los hechos”. El marco en el cual se da una privación de libertad “es en la falsa idea de protección, porque toma como un objeto al cual hay que proteger, no sujeto al que hay que proteger”, expresó Jimena Núñez, a cargo de la Clínica Penal de la Fundación Sur. La última vez que se trató con seriedad el tema de la responsabilidad penal juvenil fue con la media sanción del Senado en el año 2009, votada por la mayoría de los partidos políticos. En Diputados se trató, pero no llegó al recinto por la falta de acuerdo en las comisiones. El problema central en la Cámara Baja radicó en la edad. “Hicieron una mala interpretación o una mala publicidad de que era una baja en la imputabilidad. Cosa que no es, porque justamente lo que se pretende con una, sistema de responsabilidad es un debido proceso acorde a las garantías constitucionales de la Convención de Derechos del Niño”, explicó la letrada. Mientras, también hay experiencias de contención para que la falta de respuesta social no deje a la violencia como una opción. Son ejemplos de tal iniciativa las cooperativas de recicladores urbanos del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que se desempeñan en el ámbito porteño; las cooperativas productivas del Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha, que organizan a barrios populares bonaerenses; o los clubes deportivos, como un gimnasio en Villa Diamante, en Lanús, que busca rescatar a los chicos de la zona a través de la práctica recreativa del boxeo. También, las Madres contra el Paco y por la Vida de la lomense Ingeniero Budge, que ofrece contención a chicos que consumen ese descarte de la cocaína. En el campo de las políticas públicas, el Gobierno señala tres herramientas como estrategia de acompañamiento de los más chicos: la Asignación Universal por Hijo, para la primera infancia; el Progresar y el Ellas Hacen, para incentivar la finalización educativa, y el Proemplear, que promueve que las empresas den trabajo a jóvenes capacitados en el marco de los demás programas. Se postula que con empleo y educación se reduce la brecha que discrimina oportunidades. 

 

Gatillo fácil

Pese a los intentos más cercanos al progresismo, la juventud de las barriadas periféricas genera dudas. Para encontrar explicaciones a los estereotipos que apuntan contra ese grupo, la abogada y presidenta del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), Claudia Cesaroni, señala que “no sólo en el país, sino en cualquier sociedad humana hay víctimas que no son reconocidas como tales sino investidas de justificaciones” para ordenarlas en el estante de lo peligroso. Un ejemplo de la historia argentina es, entiende, la masa de militantes considerada “subversiva” durante la última dictadura cívico militar, o los inmigrantes alcanzados por la Ley de Residencia de 1902. En el contexto contemporáneo, se apunta a esos jóvenes porque resultan “más fáciles de apresar y naturalmente disruptivos, desobedecen a la autoridad porque es normal de un joven”, postula. La cuestión de clase, muy evidente en las coberturas periodísticas, juega en la valoración social, porque “si un joven de clase media tiene una actitud cuestionadora en la universidad, está bien; pero si es en un barrio, se responde con un balazo o con el encierro”, denuncia. Entonces, los chicos y chicas de barrios populares “no son considerados víctimas de inseguridad” pese a que deben convivir con el “hostigamiento de la Policía”, esas situaciones violentas que rara vez se convierten en noticia. Precisamente, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que inició sus investigaciones en 1991 a partir del asesinato de Walter Bulacio a manos de la Federal, señala que hay un perfil que se repite en las víctimas del gatillo fácil y la tortura: pibes provenientes de barrios vulnerados, justo aquellos señalados como culpables de delitos y sobre los que se pide que caigan las rejas. “Es lo más fácil, porque terminamos por agarrarnos pobres contra pobres”, sintetizan, a su turno, desde La Garganta Poderosa, una cooperativa de comunicación que edita la revista homónima desde las calles porteñas de Zavaleta. El colectivo reconoce que hay personas de sus vecindarios que cometen robos u otros delitos, pero también sostiene que falta el ejercicio de entender esa acción como una consecuencia. La causa, aportan, es la dificultad que muchas familias tienen para garantizar el trabajo, la educación y la comida. Por eso, la baja de la violencia “hoy se discute en el Ministerio de Seguridad, pero se tiene que debatir en el de Desarrollo Social y Economía”, explica la agrupación. 

Desde que asesinaron al pequeño Kevin Molina en 2013 como consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de venta de narcóticos, La Poderosa conformó la cooperativa Vecinos sin gorra, dedicada, por definición, al “control popular de la fuerza policial”, es decir, a recolectar denuncias sobre abuso de poder y violencias de los uniformados, para denunciarlas ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Procuradora contra la Violencia Institucional. Por mes, recolectan unas 250 acusaciones. Mientras, para ellos “más seguridad es que lleguen las ambulancias del SAME y que no haya más zonas liberadas”, concluyen. Pese a la distancia política, desde la organización kirchnerista La Cámpora compartan la perspectiva respecto de la juventud. Su área de Derechos Humanos indicó que realizan talleres en el marco del programa denominado Si te detienen, que le cuenta a los pibes cuáles son sus derechos ante una eventual privación de la libertad. Por ejemplo, pedir que informen cuál es el motivo de la detención –tanto por averiguación de la identidad, una contravención o un delito– y que lean la versión escrita de la declaración que eventualmente se dio antes de firmarla. La iniciativa es parte de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que bajo el lema Ni un pibe menos, cuenta con un equipo de abogados y militantes para asesorar a las familias ante casos de abuso de poder y para trabajar en su prevención con voluntarios, sobre todo en el ámbito de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. 

 

Tipos de violencia 

Aquello que es considerado delito cambia con las épocas, como con ellas cambian los paradigmas políticos y los hábitos. Para Cesaroni, del Cepoc, un claro ejemplo es la valoración de las relaciones entre personas del mismo sexo, que otrora era causa de persecución y desde 2010 puede consolidarse en Argentina como un matrimonio. Así como la historia penal se modifica, la conformación de lo entendido como “seguridad” debería cambiarse, según la especialista. Desde su perspectiva, se tendría que diferenciar si se habla de violencia intrafamiliar, institucional o en la calle, pero “cuando se discute sobre el delito en general, en realidad, se refiere a un tipo de delito, el callejero, cuerpo a cuerpo, que razonablemente es el que más asusta”, describe. Hay, sin embargo, algunas constantes. Primero, existe “una mirada de clase” en lo que se acusa como agente causal de la inseguridad. Un caso claro fue la sanción de la Ley 25.886 y sus relacionadas, conocidas como Ley Blumberg, que generó una sacudida hacia la derecha: se aprobaron los 50 años de encierro como pena máxima. “Fue uno de los momentos históricos de mayor intervención en el Código Penal, pero es probable que la percepción sobre la seguridad de muchas de las personas que fueron a las marchas no haya mejorado”, analiza. El discurso mediático es en esa instancia un vector de relevancia para que la “sensación de inseguridad” siga instalada.  En América latina, y más incipientemente en Argentina, existe un movimiento integrado por abogados y militantes de derechos humanos que propone abolir la pena para buscar otras herramientas de contención y convivencia, sin represión. Para Cesaroni, es un horizonte, pero complejo de alcanzar. Se trata de “una batalla cultural, porque hay que debatir sobre la centralidad del castigo como modo de combatir el conflicto en todos los órdenes humanos”  

 

Cómo conectarse:

Asociación Civil Intercambios

www.intercambios.org.ar  

prensaintercambios@gmail.com  

Cepoc www.cepoc-cepoc.blogspot.com.ar  

La Garganta Poderosa www.lapoderosa.org.ar  

Yo No Fui www.proyectoyonofui.blogspot.com 

 

Rutas inseguras  

En el país fallecen 20 personas por hora en siniestros viales, lo que constituye "la principal causa de muerte de jóvenes", aseveran desde la Asociación Civil Madres del Dolor, conformada por familiares de víctimas de estas situaciones traumáticas. Sin embargo, cuando se habla de inseguridad en términos mediáticos o del discurso político no se incluye la intranquilidad de no saber si en la esquina sucederá un accidente fatal al volante. A la hora de preguntar por qué la falta de visibilización de esa arista de la seguridad, Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano, sostiene que tiene que ver con lo que interpela.

“Es un tema que nos involucra a todos, no es como con la delincuencia que uno puede señalar al otro. Acá soy yo el que usa el celular y maneja, el que conduce por la banquina o con exceso de velocidad”, plantea. Entonces, si los candidatos lo tomaran en cuenta en sus propuestas de campaña “podrían lastimar susceptibilidades de quienes tienen que votar”, advierte. Una confirmación de que no es una prioridad política parece encontrarla en la dilación que sufre un proyecto de ley elaborado por las Madres del Dolor, que fue presentado este año por tercera vez y señala que si alguien alcoholizado mata al conducir no debe reducirse la pena sino, más bien, funcionar como un agravante.

Tanto en ese caso como si atropella y escapa, proponían una prisión de 4 a 7 años, pero en Diputados fue modificada por una pena de 3 a 6. En la actualidad, el castigo es cárcel de 2 a 5 años, que en la mayoría de los casos no se cumple por las demoras del proceso hasta que la sentencia queda firme. 

 

 

¿Y los femicidios?

Otra problemática que genera muertes y no es asociada a la inseguridad son los femicidios. En Argentina, cada 31 horas es asesinada una mujer por el mero hecho de su identidad de género y, según datos de La Casa del Encuentro, varones violentos mataron a 1.808 niños y niñas como consecuencia del vínculo violento que se perpetraba en la casa, lo que se conoce como “femicidio vinculado”.

Si bien a partir de la marcha masiva conocida como “Ni Una Menos” de agosto último se anunció la creación de un registro de femicidios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, todavía no existe una herramienta de conteo y denuncia de casos en todo el país. Depende de los hechos que llegan a los medios, pero allí opera otro factor, muy propio de las relaciones de sometimiento: el miedo de los allegados de la víctima a denunciar.  

 

Las venas abiertas

Las denuncias por inseguridad no son sólo argentinas. Un caso a escala internacional de la violencia es lo que sucede hace décadas en Colombia por el enfrentamiento entre grupos narcos, con el Cartel de Medellín como uno de los más grandes exponentes del crimen organizado. La CNN recogió que en este país la principal causa de muerte es el asesinato por encargo. Sólo en Bogotá, en 2004 se incrementaron en un 6 por ciento los homicidios y, en función de valores recolectados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad (Ceacs), los robos y hurtos escalaron 31 puntos porcentuales. Este medio recabó de la experiencia de dos abogadas colombianas que cursan un posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, que la muerte y el sufrimiento de esa población tiene una relación estrecha con la acción de fuerzas paramilitares, pero también con la represión oficial en el marco del Plan Colombia, que, a su vez, propone la "reconciliación" como proceso de sutura social, aunque observan el riesgo de que, en verdad, sea un guiño para el olvido. En Brasil, los 100 mil millones de reales que según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública se invierten en la materia no alcanzaron durante 2014 para remendar los índices de violencia en las calles. Por hora, son asesinadas unas 6 personas por día. Un análisis de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con datos del Sistema de Informaciones de Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud de ese país reveló que en la última década creció un 13 por ciento la cantidad de homicidios, que resulta ser un 2 por ciento si se analiza la crecida demográfica. Una mirada a gran escala expone a las favelas como principal nodo delictivo; nuevamente la vacancia de políticas sociales puede leerse de fondo.
El Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD denunció que el recrudecimiento de las políticas de mano dura redundó en focos de violencia, de lo que El Salvador resulta un caso testigo. En tanto, aseveró que Honduras sigue siendo el país con la tasa más alta de homicidios, cuando Costa Rica y Guatemala sí lograron disminuirla. 

 

Polos inseguros

De los poco más de 525 mil habitantes de Santa Fe capital, 156 fueron asesinados en 2014, según estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Con más habitantes, Rosario tuvo también más muertes durante el último año: 248, apenas 20 menos que en 2013. Son, para el organismo, las dos ciudades con más impacto de la violencia. Hacia adentro de la Ciudad de Buenos Aires, de donde y desde donde suelen comunicar los medios, también existen cifras de los barrios más “peligrosos”, si el indicador es la cantidad de homicidios: por cada caso fatal que se registra hacia el norte, en el sur suceden cinco. La información oficial más actual data de 2003 y es un índice de muertes relevadas por la Corte Suprema de la Nación. Sostiene que el 75 por ciento de los hechos violentos ocurre en las barriadas populares del sur capitalino y de ello el 42 por ciento no está esclarecido. En tanto, en el territorio bonaerense hubo un aumento de 3,6 puntos porcentuales en delitos, incluidos los denunciados en el marco del Fuero Criminal y Correccional y el de Responsabilidad Penal Juvenil. Crecieron un 21 por ciento los actos ilegales realizados por adultos pero decreció un 15 por ciento la cantidad de homicidios en situación de robo. Son datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense presentados en abril último, la única herramienta oficial sobre delitos en esa jurisdicción. A nivel nacional, los relevamientos públicos sobre la temática son escasos o no están actualizados.  

 

Inseguridad, medios y falsas controversias  

Por Mercedes Calzado *  

¿La inseguridad es el reflejo de una realidad o es una construcción mediática?

Esta controversia se dispuso fuertemente en Argentina a mediados de la década del noventa con el aumento de las denuncias de delitos y la instalación del tópico securitario en los medios de comunicación. Los cientos de minutos televisivos y de páginas escritas diariamente bajo el cintillo inseguridad cristalizaron un modo de narrar la noticia policial, de presentar las víctimas y de intervenir frente al escenario político. El diagnóstico común muchas veces pasó a ser que el miedo se conjuga desde discursos y prácticas punitivas. Ahora, más que pensar en las noticias policiales como un reflejo de la realidad o, al contrario, de considerar que el miedo es una construcción mediática, vale la pena analizar la problemática desde un múltiple abanico de actores. Diversos intereses que conforman una matriz de época capaz de definir diagnósticos sobre la violencia urbana y posibles modos de resolución. En esa matriz, la noticia se cuenta desde los ojos del dolor, la política gestiona la urgencia, en tanto que las víctimas buscan intervenir y ubicar sus reclamos desde las pantallas. Por tanto, a la hora de analizar la inseguridad es preciso abandonar los análisis deterministas de los medios. Más bien se requiere analizar la información como producto de una relación multicausal entre política, medios de comunicación y grupos sociales organizados en las sociedades de seguridad.  Doctora en Ciencias Sociales. Autora del libro titulado Inseguros. El rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia. De Blumberg a hoy.  

 

Víctimas silenciadas  

Por Diana Cohen Agrest *  

Una salvedad que se suele pasar por alto: la “inseguridad” alude a una realidad previa al delito.

Una vez perpetrado un delito, la responsabilidad es de la Justicia. Sumergidos en una política criminal ideologizada, la dirigencia política –ejecutivo, legisladores y operadores judiciales– persiste en su negación. ¿A qué se debe esta política colectiva suicida, cuando lo que se juega es ni más ni menos que la vigencia de los derechos humanos? La Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la ONU en la Asamblea General en noviembre de 1985, estipulaba el reconocimiento universal de las víctimas con un apartado dedicado a las víctimas “del abuso de poder”. Las urgencias históricas de la renaciente democracia encapsularon el concepto de víctima en la hoy llamada violencia institucional. De allí que en nuestro país, sólo las víctimas del terrorismo de Estado recibieron “acceso a la justicia y trato justo”, “resarcimiento”, “indemnización” y “asistencia”, estipulados en el documento sesgadamente cumplido. Esa política excluyente persiste hoy en formas burdas o más refinadas aunque igualmente encerradas en una tecnocracia jurídica que marca la agenda de la política criminal. Una muerte violenta no es un hecho aislado, y se estima que varias generaciones –individual y colectivamente– serán afectadas por ese duelo imposible. Impulsada por quienes aspiran a erradicar la impunidad, Usina de Justicia aspira a ser la voz de las víctimas silenciadas para siempre. Esperamos que la sociedad civil, esta vez, nos acompañe.  Fundadora de la Asociación Civil Usina de Justicia. Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Bioética por la Monash University, Australia. Se desempeña como docente e investigadora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 


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