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La reforma del Código Civil y Comercial.

Nuevas reglas de juego.
La reforma del Código Civil y Comercial.

Desde el 1° de agosto rigen los casi 2.500 artículos que regulan aspectos fundamentales de las relaciones sociales y comerciales.

Tercer Sector hizo un recorrido por los avances, desafíos y asignaturas pendientes del renovado cuerpo normativo.

Cómo impactaráen la vida cotidiana de los ciudadanos y qué cambios significativos trae para las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Textos: ANDREA VULCANO - Testimonios: DANIELA CASTRO

 

Identidad, diversidad, responsabilidad parental, reproducción asistida, matrimonio, filiación, uniones convivenciales; adopción, protección del medio ambiente, divorcio, defensa de los consumidores, derechos de las personas con discapacidad, facultad de los niños a ser escuchados, propiedad comunitaria indígena, muerte digna. 

 

La enumeración parece no tener fin y abarca tan sólo a algunos de los muchos y diversos aspectos alcanzados por la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC). 

 

Se trata de un conjunto de normas que, desde el 1° de agosto, reemplazan a los más de 4.500 artículos que antes, por andariveles separados, sumaban el Código Civil y el Comercial. En lo que constituye una vuelta de página crucial en la historia jurídica del país, atrás quedó el cuerpo normativo creado por Dalmacio Vélez Sarsfield allá por 1869 para dar paso a una nueva regulación de la vida cotidiana de las personas,que incorpora conquistas en materia de derechos consagradas por diversas leyes sancionadas en las últimas décadas y por la propia Reforma Constitucional de 1994. 

 

El andamiaje del nuevo texto –sancionado por el Congreso Nacional el 1°de octubre del año pasado– descansa en 2.671 artículos, surgidos de un anteproyecto elaborado a pedido del Poder Ejecutivo por una comisión encabezada por los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, y sometido luego al debate parlamentario y a audiencias públicas en distintos puntos del país. 

 

En todas esas instancias, la mirada del tercer sector tuvo protagonismo, y sus voces fueron escuchadas en algunos casos y, en otros, no. Definida como “histórica” por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como “un logro de la democracia argentina” por el ministro de Justicia, Julio Alak, y como fruto de “una obra colectiva que involucró a los tres poderes del Estado”por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la reforma y la unificación del Código Civil y Comercial cosechó, al mismo tiempo, apoyos mayoritarios y rechazos focalizados. 

 

“Se trata de un cambio de paradigma. Estas cuestiones facilitarán la vida cotidiana de las personas que no encontraban una solución legal a sus problemas actuales”, destaca Sandra Elena, directora del área Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), quien destaca la incorporación de “la pluralidad de las familias, la regulación del matrimonio igualitario, la creación de la unión convivencial, el divorcio exprés –por voluntad de un solo cónyuge–, el reconocimiento de la filiación o de la adopción en caso de reproducción humana asistida”. 

 

“Es una gran reforma; de algún modo, era una deuda pendiente”, sostiene desde Unicef Manuela Thourte, especialista en Protección de Derechos. 

 

En tanto, Celeste Leonardi, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), subraya que “la reforma era necesaria para actualizar normas relevantes sobre la vida de la comunidad”. Amnistía Internacional Argentina es otra de las organizaciones que celebra y critica el nuevo Código. 

 

“Se logró armonizar los institutos del derecho privado con los principios, derechos y obligaciones en materia de derechos humanos, lo que ha sido un gran paso”, afirma Mariela Belski, directora ejecutiva. 

 

En sintonía con esa postura, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), remarca que “la mayor parte” de las modificaciones “constituyen un paso significativo para modernizar el Código y repensarlo a la luz de las transformaciones sociales y los cambios jurídicos e institucionales producidos por la Reforma de 1994 y la necesidad de avanzar en la constitucionalización del derecho privado”. Sin embargo, al hilar fino, comienzan a aflorar las diferencias sobre aspectos puntuales. Y a ellas se suma la frenética carrera que transitan jueces, fiscales, abogados y escribanos por adecuar al nuevo marco el día a día de sus procedimientos y su trabajo. “El excesivo margen de interpretación al que queda librado el nuevo Código Civil es inconveniente y, de entrar en vigencia, serán los jueces los encargados de brindar la certeza que el Código no da”, advierte Fernando Madina, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de San Andrés, en un blog de la institución que es un foro de debate sobre esta cuestión.

 

 

Divorcio

“Muchas parejas están esperando el nuevo código”

 

La abogada María Fernanda Prieto, especialista en Familia, asegura que “muchas personas están esperando la implementación del código para divorciarse. 

 

Otros, en cambio, empezaron con el formato anterior, pero se verán beneficiados porque desde agosto ya se dicta sentencia con la nueva reglamentación”, aclara. A través del nuevo proceso, se permite crear un divorcio por la voluntad de uno de los cónyuges sin necesidad de que ambas personas estén de acuerdo. Por eso, recibe el nombre de sentencia de primer despacho, automática o express. 

 

“Es un trámite mucho más simple. Con el código anterior, cualquiera de las partes puede oponerse y poner trabas por distintas causas. Por ejemplo, infidelidad o maltrato”, recuerda. “Con la implementación de la reforma, la presentación de la demanda no puede ser rechazada.Una vez que se notifica, el juez dicta sentencia y el divorcio está hecho”, detalla. De todas formas, la abogada advierte: “Lo que sí puede hacer el otro sujeto es oponerse a la división de bienes”.

 

 

Las OSC frente a los cambios

“Es muy importante y positivo que se haya legislado sobre la materia, porque es un gran avance en relación a la legitimación. Se gana mucho terreno respecto del reconocimiento del fenómeno. Sin embargo, hemos perdido una oportunidad de sentar reglas más claras, realistas y actualizadas”, plantea Viviana Fourcade, abogada especialista en ONG y asesora del Foro del Sector Social y de la Confederación de la Sociedad Civil. En tanto, desde la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (Aedros), Mónica Gardón señala que“lo bueno” del nuevo CCyC es que “contempla a las fundaciones y asociaciones”. No obstante, entiende que, como ambas fueron equiparadas en muchos aspectos, “se incrementaron las barreras –de índole burocrático y económico–para poder conformar las asociaciones”. “Nuestros reclamos no fueron muy tenidos en cuenta”, resume Gardón, quien señala la presencia de “algunas confusiones terminológicas, como por ejemplo que las asociaciones civiles no tienen que tener como actividad principal el ánimo de lucro”, cuando, en verdad –postula– no deberían tenerlo ni como principal ni como secundario. En tanto, en nombre de la Confederación de la Sociedad Civil, Fourcade critica que el nuevo CCyC no haya discriminado al tercer sector “por magnitud de fondos, objetivos y estructura”, y afirma que, de acuerdo con el texto ahora vigente, “caen en el mismo sistema regulatorio figuras muy disímiles”. “Por ejemplo, el peso legal y fiscal será el mismo para una asociación de fomento barrial que para un club de fútbol de primera división”, advierte. Además, la abogada especialista en OSC subraya que los controles establecidos “superan ampliamente el de legalidad, involucrando expresamente el control del mérito, la oportunidad y la conveniencia". "Aquí tenemos un problema que, a esta altura, ya debíamos haber superado: obtener una inscripción de una sociedad comercial de alto giro, como una empresa naviera o petrolera, puede demandar dos o tres semanas. En cambio, en el caso de una pequeña asociación civil como puede ser una asociación de padres, una cooperadora o una sociedad de fomento, no demanda menos de ocho meses”, agrega Fourcade. Por su parte, Alberto Croce, de la Fundación SES, evalúa que, en lo que respecta a las OSC, “es poco lo que se avanzó” en el nuevo Código, “principalmente por la inacción de las mismas organizaciones, que no supimos o no pudimos participar como era necesario en el proceso de debate”.

 

 

Tiempo de conquistas

“Es una reforma que hacía falta. Había cuestiones que tenían que ver con la edad de los niños y la capacidad civil que no se condicen con el momento actual.

Esos aspectos mejorarán bastante la calidad de vida y darán normas más estrictas en cuanto al funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la niñez”. Quien opina es Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). Allí confían en que su puesta en vigencia “mejorará el funcionamiento institucional porque las reglas van a estar mucho más claras”. A su voz se suma, también en diálogo con Tercer Sector, la de la Fundación SES: “Este marco judicial impacta necesariamente en la vida de las actuales generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y, aún más, a las venideras”, postulan Alberto Croce y Mariela Ortiz Suárez. En tanto, para Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “la reforma incorpora aspectos centrales para consolidar una perspectiva en clave de ampliación de derechos”. Entre otros aspectos, el director del área de Litigio y Defensa Legal rescata un cambio “muy significativo”en materia de salud mental: “El consentimiento previo e informado será un requisito ineludible sobre cualquier técnica de intervención sobre usuarios de los servicios de salud mental así como su participación en la definición del mejor tratamiento”, señala. 

 

 

Puntos álgidos 

El comienzo de la vida, el tratamiento jurídico de la Iglesia Católica, la exclusión del derecho al acceso al agua, la ausencia de la figura de la maternidad subrogada (también conocida como alquiler de vientres), la postergación de una regulación de la función social de la propiedad, constituyen algunos de los aspectos más cuestionados de la reforma. “En muchos temas, el nuevo Código representa un avance pero, del mismo modo que destacamos esos puntos, rechazamos los recortes que se hicieron a último momento en relación con algunos derechos”, sostiene Esteban Paulón, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). En este marco, apunta al artículo 19, que –indica– “define la existencia de la persona desde la concepción, lo que puede constituir un obstáculo para las prácticas de reproducción humana asistida y para encarar el debate parlamentario sobre la legalización del aborto”. Sobre este punto, Amnistía señala que el nuevo Código “adopta una concepción del derecho a la vida y del inicio de la persona humana que impone una sola concepción moral y religiosa, que no respeta la diversidad”. En este sentido, Belski cuestiona que “la agenda de derechos de mujeres y niñas a la igualdad ya la salud reproductiva plena, continúe postergándose frente a la imposición de concepciones morales o religiosas respecto del comienzo de la vida”. Lo mismo es criticado por la ADC, desde donde además, cargan contra “el estatus jurídico especial” que mantiene la Iglesia Católica en el nuevo Código: “Esto hace que, a diferencia del resto de los cultos, no deba ajustar su organización a norma estatal alguna, lo que vulnera el principio de laicidad estatal que se deriva de una interpretación armónica de la Constitución y de estándares internacionales”, postula Leonardi, coordinadora del área de Justicia. En tanto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), pone el foco en la “función social de la propiedad. Lamentablemente, la figura que ya está incorporada en 14 constituciones provinciales quedó afuera del Código, con lo cual se dilapidó una excelente oportunidad para, al menos en la norma, privilegiar las necesidades básicas por sobre el afán especulativo”, afirma Pablo Vitale, a cargo del área Derecho a la Ciudad. Por su parte, desde Cippec señalan como “gran tema pendiente” a la falta de regulación de la responsabilidad del Estado que –indica Sandra Elena– “sí se encontraba incluida en la redacción original” del proyecto de Código Civil y Comercial. En tanto, Andrés Nápoli, de la Farn, coloca en el haber a aspectos “no incluidos, como el derecho al agua”,y a aquellos puntos “aprobados de manera defectuosa o no funcionales para los tiempos actuales”. “Se ha desperdiciado la oportunidad de establecer al histórico camino de sirga como una herramienta apta para el disfrute social y la protección de los recursos hídricos”, ejemplifica. No obstante, distintas OSC adjudican a la incidencia de la Iglesia ciertas modificaciones que cuestionan del texto puesto en vigencia desde agosto, la mirada eclesiástica es crítica para con muchas aristas. “El nuevo Código se enmarca en una tendencia individualista que debilita los vínculos familiares en pos de la autonomía del individuo”, señala el Centro de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA) que, a su vez, entiende que esa perspectiva “no contribuye al bien común y conduce a sutiles formas de desprotección de la persona humana”. 

 

 

 

Pueblos originarios “Queremos que nos entreguen lo que nos corresponde” 

“El gobierno de Salta comenzó a cumplir con la entrega de los terrenos, pero es un proceso muy lento. Deben trabajar fuerte para la demarcación del área de 400.000 hectáreas para la comunidad indígena y 240.000 para las familias criollas”, explica Francisco Pérez, integrante de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. El dirigente se refiere a la transferencia de tierras que realiza la provincia, luego de la firma de un decreto que reconoce el derecho de los pueblos originarios.El proceso involucra a unas 12.000 personas. A pesar de que hay áreas en la zona norte en las que se terminó la demarcación, aún queda “mucho territorio” por litigar pero se espera que para el 1 de agosto se complete en un 60 por ciento, lo que sería un avance para la comunidad, sostienen desde la asociación.“Lo único que queremos –subraya Pérez– es que nos entreguen lo que nos corresponde. Si hay conflicto entre el Gobierno Nacional y provincial, no nos importa. Queremos que trabajen en conjunto para que solucionen esta situación.”

 

 

Otras claves

- El artículo 25 define como menor de edad a quien todavía no cumplió los 18 años e incorpora la noción de adolescente, al que define como el menor que cumplió 13, es decir que la considera una etapa que se transita a partir de los 13 años.

 

- Se incorpora la prueba genética en casos de filiación e, incluso, el artículo 579 contempla que el juez puede valorar la negativa como “indicio grave contrario a la posición del renuente”.

 

- A la figura del matrimonio igualitario se agrega la de la unión convivencial, con derechos para sus partes similares a los del matrimonio. Así, el nuevo Código reconoce la pluralidad de formas familiares e incluye a las familias ensambladas.

 

- Los hijos podrán llevar como apellido tanto el de su madre como el de su padre, o el de ambos, en el orden en que los padres opten. También cada persona, con edad suficiente, puede pedir que se le sume el segundo apellido.

 

- Se regula la capacidad de los adolescentes de 13 a 16 años a decidir de manera autónoma tratamientos médicos siempre que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física.

 

- La voluntad de tener hijos (denominada “voluntad procreacional”) bastará para que se garantice el acceso a técnicas de reproducción asistida.

 

- El nuevo Código trae al ámbito civil y comercial enfoques propios del derecho social, con lo cual procura equilibrar relaciones de poder desiguales en lo que respecta al ámbito del mercado y de las relaciones sociales.

 

 

 

Lo que se viene

“El gran desafío es implementar el código y sus cambios en todas las esferas de nuestras vidas. El nuevo texto supone transformaciones en la organización familiar, en la Justicia, en el ámbito de la salud. Creo que eso va a implicar una democratización de las relaciones familiares y de la sociedad en general, basada en que los niños, niñas y adolescentes son sujetos y que sus derechos deben ser tan respetados como los derechos de los chicos”, plantea Thourte, de Unicef. 

 

Desde la Fundación SES celebran la implementación del nuevo Código, al que definen como “un instrumento potente”. “Pero no descansemos en que sólo se haya gestado; es clave que las instituciones que rodean y atraviesan estos grupos sociales (escuela, hospital, fuerzas de seguridad, iglesia, organismos público se instituciones de la Justicia) cuenten con las herramientas y las capacidades para estar a la altura de que estos derechos se efectivicen”, subrayan Croce y Ortiz Suárez.

 

En tanto, la Farn entiende que, a partir del camino trazado por el nuevo Código, ahora es necesario avanzar con herramientas que permitan su instrumentación. De hecho, en lo que atañe a la incorporación de los derechos de incidencia colectiva –centrales para la defensa del medio ambiente– Andrés Nápoli, su director ejecutivo, sostiene que,“para que este avance no quede trunco, será indispensable realizar reformas de carácter procesal que faciliten el ejercicio de estas acciones por la vía judicial y establecer espacios institucionales que, desde el Estado, puedan ejercer estas acciones en representación del público afectado, cuestión que actualmente no existe”. “Expectativa y cautela”, define Paulón, de la Falgbt. “En los cortes y recortes se perdieron cosas del proyecto original y, en general, esas cosas recaen sobre nuestros derechos”,señala, para luego advertir que, incluso, “algunas lagunas dejadas por el nuevo Código pueden generar inconvenientes para su efectiva implementación”. “Los primeros kilómetros se han recorrido, pero hay que subir un cambio”, resume Iñaki Regueiro de Giacomi, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Las personas con discapacidad son la mayor minoría del mundo y la que tiene sus derechos más desatendidos. La historia nos va a indicar la magnitud de la violación de derechos que hoy se acepta livianamente. No hay otra alternativa que seguir avanzando en este camino”, señala. 

 

 

OPINIÓN

El nuevo Código y los derechos humanos

 

POR SEBASTIÁN TEDESCHI 

 

*Un Código Civil es más importante de lo que creemos en nuestra vida cotidiana porque regula la forma en que nos relacionamos entre las personas y grupos sociales para obtener los bienes que satisfacen nuestras necesidades vitales. El viejo Código fue pensado para una república oligárquica, en la que el individualismo y la propiedad eran sus columnas principales. El nuevo Código, aun sin abandonar esa impronta en las cuestiones patrimoniales, cambia los pilares fundamentales de la regulación de estas relaciones. El texto encomienda a los futuros aplicadores (jueces, abogados y funcionarios públicos) a seguir como pauta de interpretación a los tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional. Son varios los fallos que vienen adelantando esta idea y que consiguieron mejorar la vida de muchas personas. En el caso “Sisneros”, por ejemplo, la Justicia les dijo a las empresas de colectivos de Salta que, frente a la libertad contractual que ellas invocaban, debía primar el derecho a la no discriminación de las mujeres para trabajar como choferes. En tanto, en el caso “Castronuovo de Mastandrea”, un juez civil impidió un desalojo en el barrio de La Boca y obligó al gobierno porteño a subsidiar a los ocupantes que, de este modo, pudieron acceder a una propiedad. En ambos casos, quedó demostrada la enorme importancia que tiene la aplicación de principios de derechos humanos para evitar situaciones de discriminación o abuso del poder cuando se invocan aisladamente los criterios individualistas que aún persisten en el Código. El nuevo texto trae, también, estos principios de derechos humanos para mejorar las condiciones de vida de todos, especialmente de los más vulnerables. 

 

De nosotros depende hacerlos valer y evitar que los jueces se hagan los desentendidos. 

 

Profesor Adjunto de Filosofía del Derecho (UBA) y secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación.




 
 
 
 
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