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La coalición de organizaciones INFANCIA EN DEUDA rechazó la decisión del Ejecutivo nacional de modificar el régimen de asignaciones familiares en una medida que restringe el universo de quienes percibirán asignaciones a partir de septiembre, ya que se eleva el ingreso mínimo a partir del cual el trabajador en relación de dependencia o grupo familiar accederá al cobro, a la vez que baja el techo para acceder al beneficio.
 
Además, en el caso de las provincias patagónicas y de algunos departamentos de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta -hasta ahora encuadradas en un régimen diferencial- el valor de la asignación que cobrarán las niñas y niños caerá entre 50% y 75%.
 
El recorte de la inversión social en infancia viola la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Estado realizará siempre inversiones crecientes, y dispone “la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.
 
La organización CIPPEC, miembro de la coalición INFANCIA EN DEUDA, confeccionó una Guía para entender los cambios en Asignaciones Familiares y Ganancias: el trabajo advierte que la eliminación de las “zonas diferenciales” podría exacerbar la fragmentación actual del sistema y reduciría el monto otorgado a, al menos, 300.000 niños que reciben las Asignaciones Familiares (al mantenerse los valores, en cambio, para la AUH y para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad se acentúa la actual heterogeneidad de criterios en los distintos tipos de prestaciones).
 
El texto señala que “en contextos recesivos o de menor crecimiento, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de protección de ingresos. Una reforma integral que dote de mayor progresividad pero que, sobre todo, asegure que todas las familias con niños/as o adolescentes cuenten con ingresos suficientes para garantizar un nivel de vida digno, debería ser una prioridad”.
 
Por otra parte, si bien el informe reconoce implicancias positivas en otras medidas relativas al esquema de transferencias (concretamente, la resolución 4286 de la AFIP que cambia la posibilidad de deducción por hijo del Impuesto a las Ganancias también anunciada el 27 de julio pasado), recuerda que todavía hay un millón y medio de niños (11% del total) que no reciben ningún tipo de transferencia.
 
Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación respecto de las políticas sociales ante la delegación argentina que se presentó en Suiza, en mayo de este año, en el marco de la 78º Sesión del Comité, “por la posible situación económica en la que se pueda ver inmerso el Estado a raíz de los posibles ajustes que corresponda hacer, conforme a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”.
 
La infancia es la población más empobrecida del país: casi la mitad de los niños argentinos son pobres, según el último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), que confirmó en junio el dato de 48,1% de los chicos en situación de pobreza. En este marco, resulta alarmante la decisión de ejecutar una medida de ajuste en la población más vulnerable de nuestro país en lugar de apuntar a mejorar sus condiciones.
 
Un escenario inequitativo en las transferencias a la niñez contribuye inevitablemente a lainfantilización de la pobreza.

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