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Tanto el Barómetro de la Deuda Social de la UCA como el Cippec advierten sobre una creciente “infantilización” de la pobreza en el país, y las cifras oficiales lo confirman. Las inequidades golpean de lleno la vida de 8 millones de niños, niñas y adolescentes. A partir de las voces de diversas ONG, Tercer Sector relevó las múltiples caras de esta realidad.

 

Textos Fátima Cheade, Silvina Oranges y Andrea Vulcano.

 

Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en Argentina. De hecho, se trata de la población más empobrecida del país: las estadísticas dan cuenta de que los hogares con presencia de chicos menores de 18 años exhiben tasas de pobreza que, en promedio, son 16 puntos mayores que aquellos que no los tienen.

Las recientes cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no hicieron más que corroborar una realidad que ya se palpaba en comedores, barrios y calles: en el primer semestre de este año, la pobreza creció 1,6 puntos, hasta alcanzar al 27,3 por ciento de la población. No obstante, tanto desde el Gobierno como desde los distintos sectores políticos y de la sociedad civil advierten que, cuando sea medida la evolución en la segunda mitad de 2018, la cifra será aún mayor. Por lo pronto, los nuevos datos reflejan que al menos 4,5 millones de chicos viven en la pobreza y, de ese total, 900 mil están en situación de indigencia.

“La infantilización de la pobreza se caracteriza por niveles de pobreza más elevados en la infancia que en la población general. Si bien en los últimos quince años la situación social promedio de la Argentina mejoró, este incremento fue mayor para los hogares sin niños que para los hogares con niños y adolescentes”, plantea un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de los datos relevados por el Indec en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que señala que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, frente a un valor del 25,4 por ciento para la población en general.

En esa misma línea se expresa la última edición del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), de junio pasado, según la cual, el 48,1 por ciento de los niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza y refleja el impacto concreto de esa situación en más de 8 millones de chicos que –de acuerdo con el informe– sufren algún tipo de vulneración en sus derechos. De ellos, más de 5 millones pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse.

En este contexto, Unicef Argentina y el colectivo Infancia en Deuda rechazaron la reciente decisión del Gobierno Nacional de derivar una porción del presupuesto asignado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia al Ministerio de Seguridad, además de instar a las autoridades a “revisar sus prioridades y abstenerse de ejecutar medidas de ajuste en la población más vulnerable, en lugar de apuntar a mejorar sus condiciones”.

A eso se sumó la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto de las políticas sociales destinadas a la infancia en el país, por “la situación económica en la que pueda verse inmerso el Estado a raíz de los posibles ajustes que corresponda hacer, conforme a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Y también hubo una advertencia manifestada por Unicef Argentina ante “importantes niveles de subejecución presupuestaria” registrados este año “en muchas de las iniciativas con impacto en la niñez”, y posibles “futuros recortes presupuestarios” merced a las metas fiscales establecidas en el acuerdo con el FMI.

“Proteger, ampliar y aumentar las prestaciones del sistema de protección de ingresos para las familias con niños en situación de pobreza, y asegurar que los hogares en situación de vulnerabilidad accedan a la canasta básica alimentaria, a la red de salud pública, a los servicios educativos universales y a mecanismos para promocionar y proteger la economía social” fueron algunas de las prioridades pedidas por este organismo internacional al Estado argentino.

 

Transferencias del Estado

El Estado transfiere ingresos a las familias con niños, niñas y adolescentes con el fin de equilibrar derechos de los hijos de los trabajadores monotributistas, informales o desocupados con los que gozan los de quienes tienen un empleo formal, en un intento por garantizar una vida digna para todos los núcleos familiares.

Actualmente, de los 13 millones de niños menores de 18 años, el 29 por ciento recibe Asignación Universal por Hijo (AUH); el 39 por ciento, asignaciones familiares, y un 5 por ciento, apoyo monetario a través de la deducción del Impuesto a las Ganancias. Del 27 por ciento restante, el 13 por ciento se encuentra cubierto por asignaciones familiares contributivas provinciales y un 3 por ciento, por pensiones no contributivas.

A través de estos pilares, concluye el Cippec, recibe algún tipo de cobertura el 90 por ciento de las familias con niños, mientras que el 10 por ciento restante –casi un millón y medio de niñas y niños– no recibe ningún tipo de transferencia. En este sentido, considera que el esquema de transferencias “es todavía fragmentado e inequitativo”.

 

OPINIÓN

Un desafío estructural // Por Gala Díaz Langou *

A principios de 2018, cuatro de cada diez menores de 18 años vivían en situación de pobreza. Probablemente esta proporción ya haya aumentado y siga creciendo ya que, en contextos de crisis, los más afectados son los más vulnerables, especialmente las familias con niños/as.

Que las familias con niños/as concentren peores condiciones es síntoma de la dificultad de compatibilizar las tareas de cuidado y crianza con la generación de ingresos. Como esta conciliación es dejada en manos de las familias, su resolución depende de los recursos económicos, sociales y simbólicos de cada hogar. Resolver esta situación requiere la intervención del Estado. Reformar el esquema de transferencias a las familias; expandir el acceso y los horarios de los espacios educativos y de cuidado, y modificar el régimen de licencias por maternidad, paternidad y familiares son las principales políticas públicas que deberían implementarse.

Directora del programa de Protección Social de Cippec.

 

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