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Las leyes Brisa y Justina, surgidas a partir de casos individuales, lograron por unanimidad legislativa una histórica ampliación de derechos colectivos.

 

Texto Laura Eiranova.

 

Un importante avance social se logró con la reciente sanción de dos normas fundamentales que tienen rostro infantil: la Ley Brisa, para brindar reparación económica a hijos de víctimas de femicidios, y la Ley Justina, que convierte a todo mayor de 18 años en donante de órganos, salvo que haya expresado lo contrario.

Marcando una época, el concepto de empoderamiento volvió a imponerse por su capacidad de dar visibilidad a demandas particulares, legitimar la posibilidad de cuestionar usos y costumbres, reclamar nuevos derechos y allanar el camino a otros reclamos.

Quienes analizan estas conquistas coinciden en que son necesarios determinados factores para que la fuerza de un caso puntual se expanda al resto de la sociedad y cobre fuerza para transformarse en ley.

“Sin dejar de lado el poder de la demanda individual, la voluntad y el ímpetu de las familias, es determinante que intervengan otras variables para que suceda, como la adhesión de los medios de comunicación y cierto contexto social y político favorables”, opina la socióloga Paula Ortiz (UBA).

“Sólo de esa manera –agrega– un reclamo particular puede abrirse paso para que el resto de la sociedad se conmueva, acompañe o apoye.”

En el caso de la Ley Brisa, la condición de posibilidad para contener a los hijos de las víctimas fatales de violencia de género es que el femicidio haya sido considerado como tal previamente y que exista como figura en el Código Penal (Ley 26.791 de 2012).

“Ése fue el piso que se consiguió, en su momento, por un movimiento social y político que acompañó y que permite ahora este resarcimiento a sus víctimas colaterales”, observa Ortiz en diálogo con Tercer Sector.

 

Víctimas de violencia

Daiana de los Ángeles Barrionuevo desapareció el 20 de diciembre de 2014. Su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en un arroyo del partido bonaerense de Moreno. Detuvieron como principal sospechoso a su ex pareja Iván Rodríguez. Sus hijos, Elías y Tobías, gemelos de 7 años, y Brisa, de 3, quedaron a cargo de su abuelo materno.

El reclamo fue iniciado por la familia y tuvo el respaldo de la asociación civil La Casa del Encuentro, que lo convirtió en anteproyecto de ley.

“Fue bautizado con su nombre como caso emblemático, pero es una situación que se repite de a cientos en el país”, admitió la diputada Alejandra Martínez (UCR Jujuy), titular de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Brisa es apenas una de los 3.378 niños y niñas que quedaron sin madres en los últimos diez años, según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro.

La norma, aprobada en el Congreso por unanimidad, establece un haber jubilatorio mínimo mensual, con incrementos móviles, que rige desde el momento de procesamiento del femicida.

Está destinada a menores de 21 años o con discapacidad, es retroactiva al momento de la comisión del crimen, garantiza también cobertura integral de salud y es compatible con la Asignación Universal por Hijo, el régimen de Asignaciones Familiares y otras prestaciones que reciban.

La ayuda no tiene efecto indemnizatorio (se extingue a los 21 años de edad) y caduca con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado.

 

Donación de órganos

En la necesidad de visibilizar causas urgentes, hoy las redes sociales cumplen un rol inmediato como espacio para expresar opiniones, apoyar causas y ofrecer cierta contención.

Eso sucedió con Justina Lo Cane, la niña de 12 años que murió en noviembre de 2017 a la espera de un trasplante de corazón. Su imagen angelical, su angustiante agonía y la campaña que iniciaron sus padres a pedido de la niña tuvieron un impacto inmediato.

Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 7.736 personas esperan un trasplante de órganos, de los cuales 250 son niños y adolescentes. Pero fue Justina la que conmovió a la sociedad y abrió la puerta para una nueva ley.

“Jugó un papel clave la extracción social y cultural de la familia, que contó para su causa con el apoyo de artistas, deportistas, personalidades, medios de comunicación y ciudadanos en general”, evalúa la socióloga Paula Ortiz.

El padre de la nena, Ezequiel Lo Cane, armó un equipo para seguir la cruzada hasta las últimas consecuencias. “Le dijimos a Justina: tenemos la posibilidad de hacer un pedido por vos o por más gente. Y ella dijo: ‘Papi, ayudemos a todos los que podamos’. Habernos marcado ella el camino fue maravilloso.”

Con el lema #MultiplicateX7, La campaña de Justina insistió en la idea de que por cada persona que done sus órganos se pueden salvar siete y hasta nueve vidas (gracias a algunos tejidos).

Se armó una página en Facebook con la propuesta de imprimir siete afiches y diseminarlos por todo el país. “No todos usamos redes sociales. En cambio, todos pasamos por una verdulería, supermercado, teatro, cine… ¡ayudemos a todos los que podamos!”, fue una de las consignas.

El día de la sanción de la ley los padres de Justina estuvieron en el Congreso con el senador Juan Carlos Marino (UCR), autor del proyecto junto a la familia Lo Cane. Un aplauso emocionado coronó el momento de la votación unánime. “Justina se fue sabiendo que su lucha les salvó la vida a muchos –dijo Paola, la mamá–. Ninguna muerte es justa. Menos la de un niño. Justina está en el cielo. Desde allá nos está mirando.”

 

Cómo conectarse

Casa del Encuentro // Incucai: www.lacasadelencuentro.org // www.argentina.gob.ar/salud/incucai

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