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De cara a las próximas elecciones, las Organizaciones de la Sociedad Civil delinean las prioridades que deberán atender los futuros legisladores en materia social. Pobreza, género, infancia, educación, salud, empleo, seguridad, vivienda y medio ambiente son algunos de los temas. Aquí, un relevamiento sobre las principales asignaturas pendientes.

Texto Fátima Cheade, Silvina Oranges y Andrea Vulcano

 

Más allá del trabajo que día a día llevan adelante miles de Organizaciones de la Sociedad Civil a lo largo y ancho del país, muchas de ellas bregan, al mismo tiempo, por promover transformaciones y garantizar derechos a través de la incidencia parlamentaria. Basta con ver la dinámica de las reuniones de comisión en el Congreso, para comprobar que, allí, la voz de las OSC se hace sentir e, incluso, deja huella.

Cada una desde su área de acción, son convocadas por legisladores y asesores para que expresen su opinión, o bien son las mismas instituciones las que salen a buscar espacio en esos debates, que son –o deberían ser– pivote de cambios en la realidad.

Por eso, frente al inminente recambio legislativo –con un primer capítulo en las Paso y su posterior definición en las elecciones del 22 de octubre–, Tercer Sector recopiló temas y proyectos que, a criterio de las OSC, deberían ser prioritariamente atendidos por el Congreso de la Nación con la composición que surja del voto popular.

“Argentina es un país de legislación de avanzada pero de muy bajo o difícil cumplimiento”, advierte Torcuato Tozio, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Su mirada parece resumir la de muchos: “Más que nuevas leyes, lo que necesitaríamos es que se cumplan las que ya existen”, postula Alejandra Sánchez Cabezas, referente de Surcos Asociación Civil.

A continuación, un repaso por las principales inquietudes del sector.

Pobreza

Pobreza cero fue una de las consignas con que asumió el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015. Pero la Argentina sigue lejos de alcanzar ese objetivo y revertir la tendencia de pobreza estructural, que se mantiene invariable desde los ’80. Luego de transparentar los números del Indec, las cifras oficiales dan cuenta de que tres de cada diez argentinos viven bajo la línea de la pobreza. En ese marco, las OSC coinciden en que el Congreso prácticamente no tuvo protagonismo en esta materia. De hecho, de un total de 153 leyes sancionadas entre 2015 y 2017, sólo el 10 por ciento tuvo algún tipo de impacto directo en pos de reducir la pobreza. Así lo determinó un relevamiento realizado por la organización Pilares, que trabaja junto a las familias de la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires para promover su desarrollo integral. “Vemos un esfuerzo muy moderado y limitado. Iniciativas como la Ley de Emergencia Social, el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales son significativas para mejorar las condiciones de vida de muchas personas que viven en contextos adversos, pero aún resta mucho por hacer”, dicen desde la organización.

Agustín Salvia encabeza el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Como primera demanda, expresa su esperanza de que el nuevo Congreso, a partir de “puntos de acuerdo interpartidarios”, contemple en su agenda “una mirada más activa en materia de políticas de Estado de mediano y largo plazos, con iniciativas estratégicas para superar la pobreza en el marco de un programa de desarrollo”.

Al igual que Pilares, destaca la sanción de la Ley de Emergencia Social pero admite que “no es suficiente. Se requiere hacer posible que los microemprendimientos familiares de sectores populares y cooperativas que pululan en sectores informales se constituyan en plataformas de inclusión a través del trabajo, con plenos derechos en materia de seguridad social, modernización y reconversión económica”, indica Salvia. Impulsada por movimientos sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, y elaborada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, la emergencia social fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y contempló la creación del Consejo de la Economía Popular y de un salario social complementario. La norma fue reglamentada en marzo y recién en mayo pasado se comenzaron a realizar los primeros pagos. “Esta ley tiene dos valores: el reconocimiento de la existencia de una economía que opera por fuera del segmento formal y la creación de un organismo con representación pública y sectorial que permite discutir políticas, en el que se ponen en juego recursos fiscales para pasar a esa economía”, remarca Salvia.

 

Indigencia, adicciones y situación de calle

Desde Chaco, uno de los distritos con mayor índice de pobres del país, Rolando Núñez, director del Centro Nelson Mandela, dice que los gobernantes “entendieron que el combate contra la pobreza debía instrumentarse a través de programas y planes asistenciales; sin embargo, la pobreza y la indigencia fueron aumentando”. Según Nuñez, la Ley de Emergencia Social “no fue correctamente planificada ni ejecutada”, lo que generó “muchas fallas en la llegada concreta de la asistencia a los sectores más excluidos y necesitados”, si bien remarca que es un “paliativo que contribuye a combatir el hambre”.

Desde Cáritas Argentina –el organismo oficial de la Iglesia católica que canaliza su acción a través de 3.500 centros en todo el país– su titular, monseñor Oscar Ojea, destaca que el Gobierno haya puesto el foco “en la realidad de la pobreza” y espera que el nuevo Congreso “pueda profundizar este enfoque”.

“El desafío del trabajo interdisciplinario es enorme”, dice Ojea, quien destaca la aprobación de la ley de emergencia en adicciones –problemática que se suma y agrava la situación de pobreza de los sectores más vulnerables–, aunque advierte que aún no está reglamentada. “Constatamos la ausencia del Estado en los barrios”, indica el titular de Cáritas y suma su apoyo a la declaración de la emergencia social.

Una de las organizaciones que impulsó esta iniciativa, Barrios de Pie, viene impulsando ahora una campaña para que el Parlamento apruebe un proyecto que declare la emergencia alimentaria y cree un consejo federal encargado de seguir la evolución nutricional de los niños que reciban asistencia.

Otra cara visible de la pobreza la constituye el número creciente de personas en situación de calle. Una serie de organizaciones no gubernamentales porteñas –como Abrigar Derechos, Acción Voluntaria, Amigos en el Camino, Ciudad Sin Techo, Comedor El Gomero de Barrancas de Belgrano, entre muchas otras– censaron aproximadamente a unas 26 mil personas en esa condición, mientras que las últimas cifras oficiales dan cuenta de 1.066, un 20 por ciento más que el año anterior. En ese marco, las OSC le reclamaron al Ejecutivo local el cumplimiento de una ley que prevé la realización de un censo que arroje información confiable sobre esta realidad.

 

Género

Paridad de género en la participación política, aumento de licencias por paternidad a los varones, despenalización del aborto y equiparación de las responsabilidades del trabajo de cuidados no remunerados son algunos de los temas prioritarios pendientes de resolución en el Congreso, según las OSC consultadas.

“El Ni Una Menos hizo actuar más rápido a los legisladores. Necesitamos que en casos de violencia se tengan todas las leyes aprobadas rápido y en plena implementación, una tarea de los tres poderes del Estado”, dice Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim). En ese marco, si bien destaca leyes que fueron aprobadas en el último tiempo, advierte que el problema reside en su falta de implementación. Tal es el caso de la asesoría legal y gratuita para las mujeres víctimas de violencia, sancionada a fines del 2015. “Necesitamos que se implemente ya. Es difícil pero no se puede demorar”, plantea.

Algo similar pasa con la llamada Ley Brisa, que cuenta con media sanción en el Congreso y busca otorgar una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. “Es fundamental para que esos niños y adolescentes tengan una protección. Ellos son las víctimas invisibles de los femicidios”, dice Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, para quien “en estos temas, lo partidario debe quedar de lado”.

En materia de licencias maternales, paternales y familiares, las organizaciones coinciden en que es crucial contar con una nueva ley nacional que “contribuya al desarrollo infantil, facilite la inserción de las mujeres en el mercado laboral y favorezca la construcción de una más justa división de roles intrahogar”. Así lo indican Unicef, el Cippec y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que señalaron la existencia de 43 proyectos con estado parlamentario en ese sentido. Desde las tres OSC proponen que la licencia por maternidad aumente a 98 días, en base a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, y por paternidad se extienda a 30 días.

El otro tema pendiente es la paridad de género en la participación política, que volverá a incumplirse en las próximas legislativas. Si bien hay distintas iniciativas presentadas, que establecen una participación del 50 por ciento de mujeres y 50 de varones en las nóminas electorales, ninguna llegó a aprobarse. En un reciente informe sobre los lugares que ocupan las mujeres en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo determinó que la cantidad de representantes femeninas en algunos estamentos de la vida institucional del país resulta ser “excesivamente baja”.

 

Infancia

La designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es la prioridad que, según las OSC, el Congreso debe atender. La directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), Nora Schulman, marca esta urgencia y recuerda que la Ley 26.061 que crea esa figura se sancionó en el 2005 y nunca llegó a implementarse.

“En Argentina, las leyes están todas, incluso las más modernas de América latina, el problema es que no se aplican”, afirma, al tiempo que le atribuye parte de la responsabilidad también a la Justicia. Como otro ejemplo de la falta de cumplimiento de las leyes, Schulman cita “los años y años” que los niños transitan hasta estar en condiciones legales de ser adoptados.

Sebastián Waisgrais, especialista en monitoreo y evaluación de Unicef Argentina, comparte que la prioridad es la designación del Defensor del Niño y advierte sobre la necesidad de que se fije también “un presupuesto” a esta función, aunque marca como un avance la reciente conformación de la comisión bicameral para hacerlo.

María del Cármen Ryan, a cargo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), lamenta que la comisión “se haya reunido una sola vez, sin avanzar en el diseño del concurso para la designación del defensor”. Junto con otras treinta organizaciones, Acij forma parte del colectivo #InfanciaEnDeuda, que mediante un recurso de amparo logró que el Parlamento integrara la comisión.

A criterio de las OSC, otra de las problemáticas que debería ser abordada prioritariamente es la gran cantidad de “embarazos adolescentes”, que atribuyen a la ausencia de una política integral. También reclaman el tratamiento de una ley de egreso asistido, que contempla una ayuda económica y un mayor seguimiento de los adolescentes que salen de un hogar a los 18 años. Esa norma cuenta con media sanción de Diputados y espera ser tratada por el Senado.

Sebastián Waisgrais menciona entre las deudas legislativas la modificación del esquema de licencias por responsabilidades familiares, que no se modifica hace más de cuatro décadas y que califica como “fragmentado, insuficiente e inequitativo” y “por debajo de los estándares internacionales”.

En cuanto a los logros, el especialista de Unicef destaca la extensión de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo a monotributistas y el diseño e implementación de operativos de búsqueda activa de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cobertura para asegurar el ejercicio universal de este derecho.

 

Educación

La prioridad es la “equidad”, plantean las OSC. “Hay una enorme diferencia entre los sectores más vulnerables y la clase media alta. Los más pobres reciben una peor educación. Es una barbaridad que esto ocurra cuando la ley exige igual calidad educativa y mayores recursos y mejores herramientas para los sectores más vulnerables”, dice Manuel álvarez Trongé, presidente de Educar2050, para quien la educación en Argentina “está en emergencia”.

La Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad) advierte que no hay tiempo que perder y propone que los diálogos que se mantienen entre los diferentes actores “se plasmen en propuestas consensuadas y en políticas con recursos asignados” para que su aplicación sea concreta, tal como lo define Rolando Kandel, su director adjunto.

Gustavo Gioseffi, de Fundación del Viso, considera que “el primer paso impostergable es fortalecer el financiamiento del sistema”, para lo que se requiere “una nueva ley de financiamiento educativo”. Dice que la Ley 26.075 “cumplió su meta de inversión en educación del 6 por ciento del PBI en 2010” y que “las perspectivas son poco halagüeñas, ya que el crecimiento presupuestario de los últimos años ha estado por debajo de la inflación y ha retrocedido un 50 por ciento en su relación con la deuda pública”.

Magdalena Saieg, directora de Programas de Cimientos, destaca los “esfuerzos” realizados desde el Ministerio de Educación “para llegar a consensos intersectoriales para alcanzar metas específicas”, a través del Plan Maestro, que está previsto que ingrese al Parlamento para fines de agosto para que se convierta en ley.

Destaca que se haya convocado a las OSC del sector para el diseño de este plan de largo plazo, del que Cimientos participa, pero advierte que aún no están claras las metas que tienen que ver con la financiación. Además, plantea que “más que centrarse en que sea obligatoria la sala de 3” deberían enfocarse en el secundario, dado que “cinco de cada diez jóvenes no logra terminarlo”.

Por su parte, el Cippec pone la atención en la equidad salarial provincial para que el derecho a la educación sea igualitario en todo el país, reconoce el aporte del Fondo Compensatorio Salarial a este problema y propone su unificación con el Fondo de Incentivo Docente en forma “gradual” a través de dos criterios: los recursos fiscales por habitante y el esfuerzo financiero por la educación de cada provincia. Además, sugiere sumar “la discusión de una nueva carrera docente”, según un documento con siete propuestas con el que buscan contribuir con el nuevo Congreso.

 

Salud

Desde hace dos años, la Fundación Alma se quedó sin tren, luego de 36 años de haber recorrido rincones olvidados del norte del país para llevar atención médica. “Hay que promover el ejercicio en ámbitos rurales, de modo que los médicos puedan trabajar y llevar una vida digna en el interior”, asegura Cecilia García, coordinadora ejecutiva de Alma.

La asociación civil Proyecto Surcos busca promover condiciones de vida más saludables, a partir de los recursos propios de cada comunidad. “Las deudas pendientes más importantes en materia de salud pública tienen que ver con la fragmentación del sistema, las inequidades del gasto entre provincias y la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención”, señala su directora, Alejandra Sánchez Cabezas. Médica ginecóloga y miembro de la Red Ashoka, es de las que piensan que al país no le faltan leyes sino cumplirlas y pone como ejemplo, la de Salud Sexual y Procreación Responsable (sancionada en 2003), Derechos de los Pacientes (2009), Historia Clínica y Consentimiento Informado, y Parto Humanizado (ambas de 2012).

Si bien la referente de Surcos destaca la creación de los programas nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable y de Educación Sexual Integral, advierte que “en los últimos años se produjo un vaciamiento” de los mismos.

“Desde el ámbito legislativo es importante que puedan impulsarse normas para reducir el creciente sobrepeso y obesidad en el país y garantizar el derecho a la información del ciudadano sobre los productos que consume”, postula Sebastián Laspiur, consultor en Enfermedades No Transmisibles de la OPS/OMS.

“Una prioridad es la aprobación de una nueva Ley de Sida que actualice el marco regulatorio, incorpore la cobertura de las hepatitis virales y prohíba el test de VIH en los análisis preocupacionales”, explica Leandro Cahn, director de Comunicaciones y Desarrollo Institucional de la Fundación Huésped, quien también puso el acento en la necesidad de que “mejoren las condiciones de accesibilidad al testeo”.

Aunque a priori podría parecer ajeno a cuestiones de salud, el debate en torno del proyecto oficial de libertad religiosa preocupa a diferentes OSC. “Especialmente el artículo que proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia de las personas y de las instituciones”, advierte Mariela Belski, directora ejecutiva del capítulo argentino de Amnistía Internacional, quien pone, como ejemplo, que “una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos, aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos”.

 

Empleo

Según las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo subió al 9,2 por ciento en el primer trimestre de este año, lo que equivale a 1,7 millón de personas que buscaron y no encontraron empleo. A ellos se suman casi 4 millones en la informalidad laboral. “Esto representa a personas que trabajan de manera precarizada, cuyas remuneraciones medias registraron una caída significativa en el último tiempo”, plantea Gabriela Arrastua, directora de Áreas Sociales de Techo Argentina.

En este sentido, consigna que, según el último relevamiento de asentamientos realizado por la organización, “esta situación alcanza de manera más intensa a las más de 650.685 familias que viven en asentamientos informales”.

“Se requieren transformaciones estructurales que reconozcan y garanticen los derechos de los trabajadores, no sólo en la teoría, sino también en la práctica, como por ejemplo a través de programas que incentiven la formación y desarrollo de habilidades u oficios, pero que además se conecten con oportunidades reales de empleo. A su vez, estos esfuerzos deben ser acompañados por un sistema de contención ante una situación de desempleo”, postula Arrastua.

La Fundación Reciduca destaca como principal desafío actual el de “poner en agenda y realizar una política dirigida a que todos los jóvenes de entre 18 y 21 años puedan acceder a un primer empleo de calidad”.

“Un punto fundamental es que los programas de inserción al primer empleo tengan un modelo de acompañamiento en esa inserción, para que el impacto sea no sólo el acceso, sino también el sostenimiento del empleo por parte de los jóvenes”, plantean desde la OSC y señalan que “es importante que se genere una mayor articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil que están trabajando con los jóvenes”.

Este año, bajo el título “Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social”, un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), puso en debate el tan mentado concepto de los “ni-ni” (usado para identificar a los jóvenes que no estudian ni trabajan). Es que, según ese relevamiento, de los 1.080.682 jóvenes encuadrados en esa categoría, el 67 por ciento correspondería a madres adolescentes que cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores. En este sentido, el estudio plantea que, si se considera al cuidado como una actividad económica, el número de ese sector de la población se reduciría a 324.205.

 

Seguridad

La seguridad no pasa por pedir más policías en la calle, sino también por promover la asistencia a las víctimas o limitar las excarcelaciones, aseguran diversas OSC de cara a la agenda de prioridades parlamentarias.

Matías Bagnato impulsó desde Usina de Justicia la ley de asistencia a las víctimas, sancionada en junio último y que establece la creación de centros de protección a las víctimas de delitos, que estarán abiertos las 24 horas, con personal médico, psicólogos, asistentes sociales, investigadores especializados y asesoramiento legal gratuito.

Bagnato también celebra la sanción de una norma que puso límite a las excarcelaciones o salidas anticipadas de condenados por delitos graves, violaciones, muertes por torturas, trata, robos a mano armada y narcotráfico. La modificación de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad dispone que “los condenados deberán cumplir de manera completa sus condenas en la cárcel, sin que dependan de los criterios de jueces inoperantes”, explica Bagnato, quien no obstante advierte que está pendiente su aplicación “en todo el país”.

Sin embargo, la norma que limita las excarcelaciones fue repudiada por otras OSC que trabajan dentro de unidades carcelarias y también con personas que recuperan la libertad, con propuestas de formación en artes y oficios, como YoNoFui, Limando Rejas, Rancho Aparte, Cooperativa Esquina, Libertad y Pensadores Villeros Contemporáneos.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) pone el foco en la lucha contra “las políticas represivas del Estado”. María del Carmen Verdú, una de sus referentes, denuncia en este sentido “las detenciones arbitrarias que violan la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de derogar este tipo de acciones” y agrega que “las consultas semanales relacionadas con situaciones de represión se multiplicaron por cinco o seis”.

 

Vivienda

Habitar Argentina se autodefine como una “iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”. Allí confluyen OSC, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores que promueven un marco normativo que garantice estos derechos. “Resulta urgente que se consensúe un proyecto que permita mejorarles la calidad de vida a las más de 7 millones de personas que alquilan su vivienda”, postulan.

Con ese objetivo, a fines de junio pasado referentes del Colectivo por la Igualdad, Techo Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) y Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) reclamaron en la Comisión de Legislación General de Diputados la sanción de una ley que “mejore las condiciones de acceso al mercado de alquileres y otorgue un mayor nivel de protección al inquilino e inquilina, comprendiendo que son cada vez más las personas que resuelven sus necesidades habitacionales vía arrendamiento”. En este sentido, plantearon que “el actual Código Civil y Comercial considera a inquilinos y propietarios como dos agentes que pactan libremente, sin dar cuenta de la asimetría que existe entre estos dos”. A fines del año pasado, el Senado dio media sanción a una iniciativa y, al mismo tiempo en que ésta era girada a Diputados, el Ejecutivo envió una propuesta propia. “Nuestra idea es que se apruebe la que garantice mejores condiciones para los inquilinos”, explica a Tercer Sector Daniel Field, director de Asuntos Públicos de Techo en el país.

“Creemos que el próximo Congreso tiene que estar a la altura de la situación social del país, que lamentablemente va dejando su condición temporal y se va constituyendo en nuestra estructura. Hablamos de los 4.200 asentamientos informales que existen, según datos oficiales, del 30 por ciento de la población en situación de pobreza por ingreso y del 40 por ciento en informalidad laboral”, plantea Field, quien señala que “las prioridades tienen que ser cómo vamos a integrar a los que hoy viven excluidos y cómo vamos a evitar que esto siga pasando”.

Por su parte, la directora del Proyecto Surcos, Alejandra Sánchez Cabezas, pone el acento en la necesidad de que se legisle “para que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a créditos para vivienda o a programas de inserción laboral y de capacitación”.

 

Medio ambiente

La penalización de la deforestación, la sanción de una ley de humedales, el proyecto de basura electrónica, el establecimiento de un ordenamiento territorial integral y la promoción de energías limpias, son, en lo que atañe a cuestiones ambientales, apenas una muestra de los reclamos y las prioridades señaladas desde las OSC referentes en el sector.

En junio pasado, un centenar de asambleas, organizaciones, académicos y cátedras presentaron una “solicitud urgente” ante la Cámara de Diputados para que le dé “inmediato tratamiento, sin dilación ni modificaciones”, a un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, aprobado a fines del año pasado por el Senado. La iniciativa, entre otros aspectos, estipula la creación de un “inventario de humedales” y establece criterios de uso sustentable en pos de la protección de estos ecosistemas. “Este proyecto tiene que ser tratado este año en Diputados para que no vuelva a perder estado parlamentario, como ya ocurrió años atrás”, advierte Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

“Las inundaciones recientes, más allá de estar asociadas a fenómenos como El Niño y el cambio climático – que han ocasionado miles de personas evacuadas y millonarias pérdidas materiales– obligan a establecer de manera urgente políticas públicas en defensa de los humedales”, aseveraron las organizaciones e instituciones firmantes del texto, entre las que se contaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Vida Silvestre, Greenpeace y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).

Otra de las propuestas desde el tercer sector es la que busca la penalización de quien ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. “Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación con el dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques”, plantea Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Por su parte, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de Farn, subraya la importancia de que el Congreso avance con la sanción de “una ley de ordenamiento ambiental del territorio, que contenga previsiones que apunten a asegurar un uso ambientalmente adecuado de los recursos naturales, para prevenir y transformar de forma constructiva y democrática la conflictividad socioambiental”.

 

Ciudadanía y derechos

De cara a las elecciones legislativas, el Cippec lanzó siete propuestas para “contribuir a que el nuevo Congreso impulse a la Argentina hacia el futuro”. La definición de una nueva ley de coparticipación federal y de una reforma tributaria, la creación de un Fondo Fiscal Anticíclico, la reformulación de planes sociales por medio de la implementación de una Asignación Universal Familiar y Equitativa, el debate de un Régimen Universal de Licencias laborales, la transparencia e integridad en el financiamiento de la política y la puesta en marcha de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas conforman ese listado de prioridades.

Además, un grupo de organizaciones lleva adelante gestiones en pos de una reforma integral del sistema de inteligencia. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi) reclama una “discusión pública” sobre el sistema de interceptación y captación de comunicaciones, y sobre el régimen de colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con la justicia federal.

Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, subraya la necesidad de una “reforma integral de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública” por entender que, tal como está, “no da respuesta” a situaciones como “los conflictos de interés”.

Por su parte, Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), apunta más a la necesidad de exigir el cumplimiento de leyes vigentes que a propiciar nuevas, por lo que reclama una “urgente” designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde hace ocho años, y una redefinición del rol de la Auditoría General de la Nación para que “pueda intervenir en los hechos antes de que se produzcan y no a posteriori, como ahora”.

Uno de los focos hacia los que apunta Amnistía Internacional Argentina tiene que ver con la Ley 26.160, que en 2006 ordenó la suspensión de los desalojos de pueblos originarios y encargó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por estas comunidades a efectos de su regularización. En este sentido, Mariela Belski, directora ejecutiva, advierte que “la falta de reconocimiento territorial es un denominador común en todo el país y habilita la vulneración de otros derechos humanos de las comunidades indígenas”.

 

Baja en la edad de imputabilidad para jóvenes

En el Congreso hay distintas iniciativas para reformar la Ley 22.278, de la época de la última dictadura militar. El Gobierno Nacional ha encargado a una comisión la elaboración de un proyecto para realizar una modificación definitiva. Esta comisión escuchó, a su vez, la opinión de distintas OSC referentes en temas de infancia y adolescencia antes de elaborar esa iniciativa.

El Casacidin es uno de los espacios que expresó su desacuerdo. Es que, a criterio de Nora Schulman, la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, como piden algunos sectores, “va a llenar las instituciones de menores” y derivaría en una “criminalización de los más chicos, sobre todo de los pobres”. En este sentido, considera que “se termina mezclando el tema seguridad con el régimen penal juvenil” y  advierte que “no se puede legislar para un caso”. Para eso, recurre a las estadísticas: en 2016 hubo un solo caso y en lo que va de 2017, tres, de menores que cometieron homicidios. “La inseguridad se combate de otra manera, no penalizando a los chicos. Lo que se necesita es un sistema penal juvenil moderno”, dice.

Unicef Argentina, que también participa de esa comisión, plantea que “no debe disminuir la edad de punibilidad” de los menores, aboga por una norma “acorde a los estándares internacionales” y sugiere el uso de “medidas alternativas a la privación de libertad”, de modo tal que “para los adolescentes en conflicto con la ley penal, la privación de libertad sea el último recurso”.

El borrador en el que trabaja el Ejecutivo incluye, no obstante, la baja de la edad para la punibilidad de los menores: a 14 años para homicidios y a 15 para los casos de robo calificado con arma de fuego, violación y secuestro extorsivo. Previo al envío al Congreso, el proyecto será puesto a consideración de los ciudadanos a través de la plataforma online del Programa Justicia 2020.

En ese marco, Alejandra Sánchez Cabezas, de Surcos, recuerda que, según un trabajo realizado por Unicef en 2015, el porcentaje de jóvenes de 15 y 16 años que cometen delitos graves “es ínfimo”, con lo cual se “debe analizar a qué población está destinada (la reforma), con qué objetivos y a qué costos”. “Es una medida regresiva”, plantean desde Surcos, al recordar que durante la última dictadura, la edad de punibilidad se había fijado en 14 años y que, en 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, volvió a establecerse en 16 años.

 

ONG

A la hora de repasar prioridades en materia legislativa, se cuela la propia realidad de las organizaciones. Así lo expresa, por ejemplo, Mariana Battaglini, directora ejecutiva de la Fundación Cruzada Patagónica. Gastos bancarios, cargas sociales, encuadramiento gremial de los empleados, exenciones impositivas, son algunos de los temas que preocupan e impactan en la economía de las OSC y que podrían ser abordados en el ámbito parlamentario.

“Los gastos bancarios impactan muy fuerte en el presupuesto. Sería bueno que existiera una ley que reglamente este aspecto y que discrimine un poco el tratamiento de lo que son las ONG en relación con lo que son las empresas”, plantea.

 

 “Lobby” ciudadano

“Una plataforma abierta y gratuita, que sirve de altavoz para luchar por un mundo mejor”. Así define Gastón Wright a Change.org. Como director en Argentina, afirma que el crecimiento de la plataforma en el país –a cuatro años de su puesta en marcha– fue “exponencial” y que, de los 30 mil usuarios iniciales, hoy pasaron a 5 millones.

Cuestiones vinculadas a la atención de la salud, temas de corrupción, decisiones políticas y subsidios encabezan el ranking de peticiones en el país. No obstante, la que más adhesiones cosechó hasta el momento en Argentina, incluso con resultados palpables, fue la que promovió la ley para la prohibición de las carreras de galgos, sancionada por el Congreso Nacional en noviembre pasado. Esa petición había reunido unas 430 mil firmas.

“Semanalmente, la plataforma en Argentina suma entre 20 y 25 mil usuarios, y en ella se crean entre 250 y 270 peticiones. Eso genera un tráfico enorme y públicos que se van renovando”, describe Wright en diálogo con Tercer Sector. No obstante, aclara que la plataforma no apunta a reemplazar los “canales formales de la democracia”, sino que se trata de dar la posibilidad de “cerrar la brecha entre ciudadanos y funcionarios”.

 

Fundación SES: comunicacion@fundses.org.ar  // Fundación Cimientos: mesumo@cimientos.org  // Casacidn: casacidn@casacidn.org.ar  //  Correpi: correpi@fibertel.com.ar  //  Usina de Justicia: www.usinadejusticia.com.ar  //  Madres del dolor: www.madresdeldolor.org.ar  //  Centro Nelson Mandela: www.centromandela.com  //  Fundación Pilares: www.pilares.org.ar  //  Cáritas: www.caritas.org.ar  // Barómetro de la deuda social-Uca: www.uca.edu.ar  //  La casa del encuentro: www.lacasadelencuentro.org  //  Feim: www.feim.org.ar  //  Cippec: www.cippec.org  //  Iccsi: www.iccsi.com.ar  //  ADC: www.adc.org.ar  //  Poder Ciudadano: poderciudadano.org  //  Fundación Alma: www.fundacionalma.org.ar  //  Surcos Asociación Civil: www.proyectosurcos.org  // OPS/OMS: www.paho.org/arg  //  Fundación Huésped: www.huésped.org.ar  //  Techo Argentina: www.techo.org.ar  //  Reciduca: www.fundacionreciduca.org.ar  //  Habitar Argentina: habitarargentina.blogspot.com.ar  //  Vida Silvestre: www.vidasilvestre.org.ar  //  Farn: www.farn.org.ar  //  Greenpeace: www.greenpeace.org/argentina/es/  //  Amnistía Internacional: www.amnistia.org.ar  //  Cruzada patagónica: www.cruzadapatagonica.org  //  Change: www.change.org/es-AR

Cómo conectarse: Acij: info@acij.org.ar  //  Unicef: www.unicef.org.ar

FuenteRevista Edición 112
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