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Doctora en Ciencias Sociales, investigadora y docente comprometida con la realidad, destaca el impacto de la Asignación Universal por Hijo en la reducción de la pobreza, aunque advierte sobre el aumento de la indigencia y remarca la importancia de que el Estado ponga el acento en mejorar la accesibilidad a las políticas asistenciales.

 

Texto María Elvira Montes de Oca.

 

Pausada, lejos del tono alarmista pero sin eufemismos, Adriana Clemente se refiere a las informaciones oficiales sobre la pobreza: “Bajó, es cierto; pero aumentó la indigencia. Es pavoroso”. Y sabe por qué lo dice. Ese último refugio de la exclusión, en el que un plato de comida hace la diferencia, es su materia de estudio. “Y el tiempo perdido tarda veinte años en recuperarse”, advierte esta doctora en Ciencias Sociales que sonríe cuando le preguntan si es posible hablar de pobreza sin enojar a los funcionarios.

 

–Usted instaló el concepto de pobreza persistente. Difícil. Más que enojar, duele.

–El concepto surgió un par de años después de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tuvo un altísimo impacto y bajó mucho la pobreza; pero quedaban familias que la recibían y continuaban con problemáticas muy complejas y recurrentes, que no se revertían. La pobreza persistente es la indigencia que permanece al salir de la pobreza masiva. Es una situación de condiciones extremas, crónicas, estabilizadas, en las que una asignación no es suficiente.

–¿Cuáles son los principales factores que llevan a persistir en la pobreza?

–La salud, la educación. Hay familias atravesadas por más de un problema, como discapacidad, problemas de salud mental, en los que entra fuertemente la adicción, chiquitas con un hijo… Al mismo tiempo, una misma familia, con su pobreza extrema, puede tener distintas experiencias, según dónde viva.  El contexto puede profundizar la situación. Por eso es importante estudiar los factores asociados y acompañar las políticas asistenciales sin suponer que depositar plata en un cajero resuelve todo. Es cierto que muchas personas organizan su cotidianeidad en función de la AUH. Pero hay que pensar en esa población atravesada por otras problemáticas.

–A ellos deben llegar las políticas sociales. ¿Llegan?

–En la indigencia, los adultos ni siquiera funcionan en una red mínima barrial. Sobre eso estoy trabajando en mi próximo libro: la accesibilidad de las políticas asistenciales. El Estado identifica el problema y el sujeto, y pone a disposición el recurso, pero el encuentro no ocurre.

–¿Cómo se aborda esa accesibilidad?

–Para trabajar la accesibilidad hay que considerar cuatro elementos: 1) el Estado, que diseña la política; 2) las organizaciones sociales, como mediadoras; 3) el destinatario, que se reconoce o no en esa política, se identifica; y 4) el efector inicial: el médico de guardia, la trabajadora de recepción, el portero de la escuela, el primer contacto a quien las personas le cuentan su problema. La accesibilidad es la combinación del comportamiento de estos cuatro actores. Y son clave los factores de proximidad. Es obvio. Pero es importante repetirlo.

–Se refiere a las organizaciones sociales y los efectores iniciales.

–Sí. El trabajo de las organizaciones sociales es fundamental en la traducción y el acceso a los recursos. Siempre que los programas omitieron a las organizaciones fracasaron. Y el efector inicial es quien te recibe y te abraza, o quien te dice: “Venga la semana que viene, no hay turno”. Y esa mujer no vuelve. Estuvo cinco horas haciendo cola. Llegó, cierran. No vuelve.

–¿El Gobierno trabaja en la accesibilidad?

–El Gobierno tiene la hipótesis de trabajar sobre mínimos sociales, transferencias de dinero como la Ciudadanía Porteña, un subsidio a quienes entran en la categoría de pobres. No está vinculada al trabajo sino a la pobreza. Es una diferencia conceptual sustantiva.

–¿Se vive sólo de subsidios?

–No. Eso es parte de la leyenda urbana. Es imposible vivir con una AUH y mandar a un hijo a la escuela sano y bien alimentado. Las familias se organizan alrededor de la asignación porque es el ingreso fijo, seguro. Pero lo completan con ingresos generados en la economía informal. Yo estoy trabajando sobre lo que denomino principio de desvinculación: los vínculos que se generan con el Estado a partir de las políticas asistenciales son vínculos muy conflictivos. La persona quiere salir, no quiere permanecer. Por eso, hasta los niega. Llega a no reconocerlos, porque aspira al mercado de trabajo formal.

–¿Qué medidas debería tomar el Gobierno para mitigar la indigencia?

–No quitar más ingresos indirectos y no sospechar de su adjudicación. Evitar recortes de presupuesto en la prevención de adicciones. Y reconocer que en torno a la pobreza hay una economía activa que debe regular. Los pobres viven de la informalidad. Esa informalidad puede tener mejores condiciones o puede ser extrema y someter al pobre a prácticas de abuso, explotación, prostitución y mercadeo ilegal.

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