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“El 20 por ciento de la población de la Ciudad de Buenos Aires vive en condiciones deficitarias”

Arquitecta e investigadora del Conicet, analiza la situación de quienes no tienen garantizado su derecho a una vivienda digna. Cómo impacta la falta de políticas de promoción habitacional y cuáles serían las alternativas posibles.

 

Texto Silvina Oranges.

 

Sandra Inés Sánchez es doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y arquitecta. Se desempeña como docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu) de la UBA desde 1991, es investigadora del Conicet y colaboradora del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En diálogo con Tercer Sector, hace un repaso sobre la cuestión habitacional porteña.

–¿Cuáles son los principales problemas que se registran en la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista habitacional?

–El tema habitacional en Buenos Aires es una cuestión social, multidimensional, causa y efecto de otros problemas sociales y urbanos. Por eso es inescindible de la caída de los niveles de vida de la clase trabajadora y de los sectores con menos ingresos, así como de las políticas sociales, urbanas y del suelo. Alrededor de 500.000 personas (el 20 por ciento de la población) vive en condiciones habitacionales deficitarias, por vivir en situación de calle, hacinados o por deficiencias en las estructuras materiales de las viviendas y en la provisión de los servicios de infraestructura urbanos. El déficit habitacional se refleja en el aumento de la población que habita los hoteles, pensiones, inquilinatos, casas tomadas, villas y barrios carenciados; la ausencia de control y regulación institucional de estas situaciones habitacionales; la expulsión de los sectores con menos recursos debido a la presión inmobiliaria, que se traduce en desalojos masivos, y la ausencia de propuestas institucionales frente a los desalojos, más allá de un subsidio habitacional que a los únicos que beneficia es a los propietarios de estos establecimientos, que lucran con los que menos ingresos tienen. En síntesis, el déficit habitacional de la Ciudad se encuentra atravesado por dos problemas interrelacionados sin respuesta institucional: la precariedad y la informalidad.

–¿Qué opinión tiene sobre el proyecto del gobierno porteño de realizar cambios en el Código Urbanístico y de Edificación con el objetivo de homogeneizar las alturas para evitar la proliferación de torres en zonas caracterizadas por edificaciones bajas?

–Si bien se argumenta desde el gobierno que se pretende evitar la proliferación de las torres, no es realmente así porque quedarán destinadas a lugares específicamente establecidos para su total e impune implantación. El proyecto no prevé medidas para atenuar los impactos ni para garantizar la sustentabilidad. La iniciativa está hecha a la medida de la especulación inmobiliaria, ya que favorece el incremento de la capacidad constructiva bajo criterios especulativos, no establece criterios de protección ambiental ni patrimonial para los diferentes barrios y tampoco criterios de integración de las villas y barrios carenciados.

–¿Cuál es la situación en las villas de la Ciudad, en particular de las familias que alquilan en esos barrios? ¿Se registraron avances en la implementación del programa de integración sociourbana de cinco de las villas porteñas?

–Un 30 por ciento de los habitantes de las villas y asentamientos son inquilinos, pues la especulación inmobiliaria atraviesa todos los sectores sociales y se replica en toda la Ciudad. En este sentido, un avance incorporado en los procesos de integración sociourbana en las villas 20, 31 y 31 bis, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y Lamadrid es la incorporación, en cada proyecto de ley, del derecho a una solución habitacional definitiva para todos, independientemente de las características de la tenencia, es decir, sean propietarios o inquilinos. Así y todo, estas intenciones no han estado tampoco libres de conflictos internos, pues en muchos casos los propietarios generalmente buscan impedir que los inquilinos sean censados por temor a perder derechos sobre sus viviendas. En líneas generales, los anunciados “procesos de integración sociourbana” tuvieron instancias erráticas y fallidas. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y con equipos de investigación de la UBA hemos denunciado que dichos procesos son participativos sólo de manera aparente y en algunos aspectos que el gobierno considera conveniente.

–¿Hay estadísticas actualizadas de la cantidad de sin techo que hay en la Caba? ¿Cómo funcionan los paradores que ofrece el gobierno porteño?

Desde 1997, el gobierno viene sosteniendo un conteo superficial que daba como resultado que esa población se mantenía relativamente estable y rondaba las 800 personas. Una de las cuestiones más criticadas del criterio de relevamiento es que justamente era superficial, porque se montaba sobre la base de un concepto restringido de lo que significa la situación de calle, porque relevaban la situación de calle efectiva y de manera aleatoria. En 2017, más de 30 organizaciones realizaron el primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que dio un total de 25.872, de las cuales 4.394 se encontraban en situación de calle efectiva, 1.478 estaban alojadas en paradores nocturnos y en instituciones o alojamientos transitorios y 20.000 en riesgo de situación de calle. No existe ninguna política pública destinada a solucionar el problema estructuralmente, más allá de los paradores nocturnos, que no tienen mucha aceptación por parte de los matrimonios y familias con hijos dada la discriminación por sexos y porque, al decir de los afectados, las condiciones de alojamiento resultan denigrantes y conflictivas, al punto tal que muchos prefieren estar en la calle.

–¿Cuáles son las soluciones y recomendaciones posibles para terminar con la crisis habitacional en la Ciudad?

–Las soluciones pasan por decisiones políticas que las gestiones de gobierno nunca han estado dispuestas a abordar de manera integral. La problemática de hoteles, pensiones e inquilinatos nunca ha sido tratada ni se vislumbra ningún tipo de acción que pretenda incorporar a estos sectores sociales que nunca califican para ninguna línea de crédito lanzada por el gobierno. Deberían reverse las políticas de subsidios habitacionales y encauzarse estos fondos para brindar soluciones definitivas y progresivas. Aún con el plan de urbanización de cinco villas lanzado hacia fines de 2015, las políticas resultan inequitativas. Resulta fundamental que se implementen procesos de integración participativos que involucren a los habitantes en todas las etapas y en los ámbitos decisionales. Es recomendable que se planifiquen los procesos de integración sociourbana, no como un eslogan, sino de manera real, para que las viviendas sean sustentables económicamente en el tiempo y sean construidas con materiales y sistemas tecnológicos y constructivos adecuados. Estas problemáticas deberían ser nodales en los nuevos instrumentos urbanísticos que desde el gobierno se pretenden actualizar.

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