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“Uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego”

Es abogado especializado en Ciencias Penales y Sociales. Sostiene que “las mujeres no acceden ni compran armas de fuego, pero sí sufren sus consecuencias” y advierte sobre la responsabilidad del Estado en la prevención, control y producción de estadísticas.

Texto Rocío Galván.

 

Cuando habla de la incidencia de las armas de fuego en los asesinatos de mujeres por razón de su sexo, el abogado, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD) Julián Alfie, lo hace desde un profundo conocimiento y análisis de la violencia de género en general y de este tipo de crímenes en particular. Consultado por Tercer Sector, alertó sobre el “grave déficit del Estado en términos del control” de la tenencia y el uso de armamento letal, que en el 98 por ciento de los casos está en manos de hombres.

 

–El Inecip trabaja sobre múltiples temas. ¿Qué tienen en común, cuál es el eje?

–En general, lo que tienen en común todos los temas en los que trabajamos, ya sea reforma de la justicia penal o temas de política criminal e incluso juicio por jurados, es buscar democratizar la gestión de la conflictividad social y reducir los niveles de violencia presentes en la sociedad. Particularmente estamos estudiando cómo se vincula el uso de las armas de fuego sobre una temática tan presente hoy por hoy, como es la violencia de género.

–¿Y qué observaron?

–De distintos modos, lo que hicimos fue realizar una investigación sobre la información disponible a nivel estatal: qué información está produciendo y cuál no. Lo cierto es que es muy poca, pero pese a eso lo que decimos es que así como el Estado es responsable por la violencia de género, es doblemente responsable cuando es ejercida mediante el uso de armas de fuego. Los femicidios, las lesiones y las amenazas pueden ser cometidos utilizando distintos medios. Pero en el caso de las armas de fuego hay dos características principales que las distinguen. Por un lado, la mayor capacidad letal. La sola presencia de un arma de fuego en un conflicto interpersonal aumenta y potencia entre dos y cinco veces las probabilidades de que termine con una persona muerta. La segunda gran característica es que el arma de fuego es el único objeto diseñado con el fin único de matar. Esto hace que la responsabilidad del Estado sea doble y no pueda mirar para un costado. Uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego. Las armas funcionan como un medio de amenaza, ya sea explícita o tácita. Porque llevan a que la mujer no presente la denuncia, no pida ayuda, por el solo hecho de que el arma está en el hogar.

–¿Cómo está siendo regulada en este momento la tenencia de armas de fuego?

–Siempre hablamos de tres grandes políticas del Estado. Por un lado, la prevención, la sensibilización y promoción de la cultura de la no violencia y el no uso de las armas de fuego; por otro lado, el control del mercado legal, y por último la persecución del mercado ilegal. Hay un grave déficit del Estado en términos del control del mercado legal. Hace tres años se sancionó por unanimidad la creación de una nueva agencia de control de armas de fuego, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), con partida presupuestaria propia y mayores posibilidades de incidencia en el área. Desde ese momento el Estado está incumpliendo con la implementación, seguimos con un viejo sistema registral. Significa que la agencia que debería controlar el mercado de armas de fuego se financia simplemente a través de la venta de formularios para aquellas personas que quieran acceder a un arma. En última instancia, la agencia necesita de la plata de esas personas para subsistir, lo cual es un absurdo total.

–En los casos de tenencia legal de las armas, como por ejemplo el de las fuerzas armadas y de seguridad, también generan temor en la familia.

–El problema de las armas de fuego va más allá de la legalidad o ilegalidad. Las armas están hechas para matar siempre. A nivel nacional se reguló que en casos de violencia de género, los policías no se lleven las armas a sus casas, pero el cumplimiento de esa medida es relativo y en la mayoría de las provincias no se aplica, lo cual es gravísimo. Una persona denunciada por violencia de género tiene todavía acceso a su arma de fuego. Y no pasa sólo con los policías. Según la línea telefónica 144, de ayuda a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, entre dos y tres de cada diez casos la mujer denuncia la presencia de un arma de fuego en el hogar, es decir en su entorno, incluso cuando hay una medida de restricción por parte de la Justicia.

–¿Es efectivo el control de las medidas de restricción?

–Los estudios indican que aproximadamente entre 40 y 50 por ciento de las medidas son incumplidas. Es decir que el Estado, si no tiene capacidad de controlar estas medidas, lo que está haciendo es permitir que el resultado letal esté totalmente presente y latente y no hace nada al respecto. Hay casos en los que el Estado no tiene noticias, pero incluso cuando las tiene no hace nada al respecto.

–La inequidad de género y revictimizar a la víctima están a la orden del día…

–Se invisibiliza el efecto de las armas de fuego, en particular porque justamente la mayoría de las víctimas son varones y jóvenes; se suele pensar que no hay una cuestión de género atrás. Lo cierto es que 98 de cada 100 personas que acceden a un arma de fuego legal son varones. Las mujeres no acceden ni compran armas de fuego, pero sí sufren sus consecuencias, entonces es evidente la cuestión de género que está atrás.

–¿Cómo estamos respecto de otros países de la región en cuanto al tema de tenencia de armas y violencia de género?

–Si bien la Anmac no respondió las consultas sobre la distribución según el género de los usuarios de armas de fuego, las estimaciones realizadas en base a la información oficial de solicitudes de credenciales de legítimo usuario y de portación reflejan que alrededor del 98 por ciento de los usuarios de armas de fuego en nuestro país son varones. Esto coincide con las estadísticas a nivel internacional, ya que en todos los países la enorme mayoría de los usuarios son varones. Las oscilaciones en este número van de entre el 88 por ciento en manos de hombres en países como Canadá al 99,4 por ciento en el caso de México.

 

BIO
■ 1993. Nació en Capital Federal, donde vive actualmente.
■ 2011. Comienza a estudiar abogacía en la UBA.
■ 2015. Empieza a trabajar como investigador en el Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Participa de diversas investigaciones,
entre ellas la de violencia de género y armas de fuego en Argentina.
■ 2017. Se recibe de abogado con orientación en Derecho Penal. Integra el equipo de la UBA que ganó el IX Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal.
■ 2018. Además de ser investigador del Inecip en las áreas de Reforma y Democratización
de la Justicia y Política Criminal, es integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD).

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