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Las inundaciones, cada vez con más frecuencia, ocupan el centro de la escena. La novedad es que el agua llega a regiones que nunca antes fueron afectadas. Expertos indican que no existen políticas públicas que ataquen el origen del problema y la respuesta del Estado está centrada en la asistencia de la emergencia y la promesa de obras. Las ONG señalan que existen causas naturales, pero también una búsqueda de lucro desmedida y falta de control oficial. El desmonte de bosques nativos, la urbanización en zona de humedales y el uso ilegal de glaciares son algunos de los ejemplos.

Textos: Andrea Vulcano

Desolación, bronca, soledad, dolor. Viviendas arrasadas, chicos sin escuela, enfermedades, rutas que se cortan, caminos que ya no lo son, contaminación, falta de agua potable, destrozos, cosechas y ganado perdidos, tambos paralizados. De manera cada vez más recurrente, Argentina parece quedar bajo el agua. Estas noticias inundan y rápidamente abandonan los medios de comunicación, pero la desazón y la impotencia continúan transitando, a duras penas, el camino de la reconstrucción e implorando que el agua no vuelva, una vez más.

“Son múltiples las causas que se conjugan para que, en gran parte del país, la situación haya llegado a ser crítica, como ahora. Algunas de ellas son naturales, pero las más importantes son claramente humanas”, sostiene Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre.

Entre las variables que se concatenan para el desastre, señala “la falta de planificación en el desarrollo urbano, algunos comportamientos ciudadanos –como el tratamiento de los residuos– y el cambio en los usos del suelo”. En este último aspecto, advierte sobre “la transformación de un sistema que absorbía el agua por otro cada vez más impermeable”.

General Villegas, Junín, Lincoln, Pehuajó, Melincué, Comodoro Rivadavia y La Madrid son apenas algunas de las localidades afectadas por las últimas inundaciones. Ante esa situación, la respuesta inmediata fue la ayuda, tanto desde el Estado –Nacional, provincial y local– como de la sociedad civil, porque en medio del agua también aflora la solidaridad de millones de argentinos.

Desde el Gobierno Nacional, la respuesta fue la coordinación de esfuerzos para atender la emergencia y la promesa de una inversión de más de 1.000 millones de pesos en obras para prevenir inundaciones en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. También la extensión del Plan Maestro de obras en el Río Salado.

“Muchas veces la respuesta desde el Estado se centra en las obras, pero no necesariamente éstas constituyen una solución a mediano y largo plazos. Necesitamos recuperar la amortiguación de los propios sistemas naturales”, advierte Jaramillo, de la Fundación Vida Silvestre.

Para entender este planteo, es necesario poner la mirada en el origen de las inundaciones:

“El factor climático es primordial, es lo primero, pero lo segundo es la forma en la que manejamos los suelos, que va a incidir en la magnitud –es decir, en la gravedad–, en la velocidad y en cuánto dura ese proceso de inundación. En esto intervienen tres factores: los cambios de usos de la tierra (deforestación, conversión de pasturas y pastizales y urbanizaciones); la cantidad y tipos de cultivos en la rotación; y los procesos integrados de cuencas hidrológicas, porque lo que me ocurre a mí lo puedo estar heredando de problemas que ocurren aguas arriba”, explica Miguel Taboada, director de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

 

La reacción popular

Es lunes, ya pasado el mediodía. La consigna es clara: “Saquen el agua”. La cita es en el cruce de las rutas 226 y 188. Los protagonistas: los vecinos de la localidad bonaerense de General Villegas. La definición: “La crisis hídrica más importante de nuestra historia”. Según aseguran, la cantidad de agua caída en ese distrito bonaerense duplicó el promedio habitual en el último año. A ese caudal se suman, sostienen, los excedentes hídricos de las provincias vecinas de La Pampa y Córdoba.

Casi en paralelo con la jornada de esa manifestación, la conducción nacional de la Federación Agraria Argentina se reunía en su filial de Huinca Renancó, en Córdoba, con productores afectados por inundaciones para debatir sobre “el uso del suelo y el impacto ambiental de estos fenómenos que asfixian al interior productivo”.

No obstante, lo que ocurrió en la Argentina es que el país, lejos de haberse preparado para enfrentar la problemática, descuidó las variables que hacen que sus efectos sean aún más graves. Y los costos, siempre, son pagados por quienes quedan bajo el agua.

“Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza a la Argentina. Representan el 60 por ciento de los desastres naturales y el 95 por ciento de los daños económicos”, advierte el informe Análisis Ambiental de Argentina, realizado por el Banco Mundial en 2016.

“Sin lugar a dudas, el cambio climático transformó el régimen de lluvias a nivel global y nuestro país lo está sufriendo claramente. Eso estaba anunciado y Argentina no hizo nada para adaptarse a esa situación”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques, de la organización Greenpeace.

Y las perspectivas, de no mediar voluntad para implementar una política de Estado integral para enfrentar esta problemática, no son alentadoras: según información del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ipcc), los escenarios a futuro proyectados generarán importantes consecuencias sobre el sistema hidrológico argentino, entre ellos el aumento del estrés hídrico en el Norte y el Oeste, retroceso de la precipitación nival en la Cordillera de los Andes, alta frecuencia de precipitaciones intensas e inundaciones en las zonas anteriormente afectadas, retroceso de los glaciares y afectación de algunos puntos del litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata por el aumento del nivel del mar.

“Las respuestas que damos a los problemas no son integrales sino puntuales; no existe una mirada ecosistémica”, plantea Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), quien además alerta sobre las “intervenciones directas” como por ejemplo “los drenajes y terraplenes que se hacen en campos –para su conversión a tierras agropecuarias-, que no son autorizados ni fiscalizados por las autoridades” e incrementan el riesgo de desbordes e inundaciones.

Al analizar los efectos del cambio climático en el país, el Informe del estado del ambiente presentado en abril último por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación señala, en lo que atañe a las precipitaciones y entre otros muchos aspectos, que “se produjeron los mayores aumentos en el este del país ocasionando inundaciones de gran impacto socioeconómico”.

 

Sin colchón

Según el informe del Banco Mundial del año pasado, entre 2001 y 2014 en la provincia de Santiago del Estero se dieron “los mayores niveles de desmonte en el mundo” y, en ese mismo período, la Argentina “se posicionó novena en la pérdida de cubierta forestal a escala global”, con la pérdida de “más del 12 por ciento de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de una cancha de fútbol cada minuto” y a lo que se suman “los efectos de la agricultura industrial”.

En el mismo sentido, un trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), a razón de 300.000 al año.

“Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”, asevera Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques, de Greenpeace, quien subraya que “la deforestación implica pérdida de biodiversidad, desalojos de campesinos e indígenas, genera cambio climático y nos vuelve más vulnerables a sus consecuencias”.

En medio del agua, en abril pasado el intendente de la localidad bonaerense de Salto, Ricardo Alessandro, supo ilustrar la situación: “Acá la hectárea de campo vale 20 mil dólares, entonces siembran soja hasta en las macetas. Eso debe influir, como también deben hacerlo los famosos humedales de los pastizales que había antes y hoy no están más. A eso hay que sumarle los plaguicidas y fertilizantes”, enumeró el jefe comunal.

“Venimos denunciando hace tiempo la gran deforestación y la transformación de ecosistemas, lo que empeora muchísimo lo que ya son las graves consecuencias del cambio climático”, señala Javier Goldschtein, coordinador de Campañas de la Fundación Banco de Bosques, quien remarca que “uno de los grandes errores” actuales es “pensar los ecosistemas de manera aislada. El ambiente no tiene fronteras y afecta drásticamente a todo el mundo”, subraya.

No obstante, el referente del Banco de Bosques entiende que, en definitiva, de lo que se trata es de “una pulseada entre la producción, y la biodiversidad y los recursos naturales”, en la cual –denuncia– “la que mueve la aguja es lo económico”, con intereses “muy difíciles de torcer” frente a la protección del medio ambiente, sostenida centralmente desde la sociedad civil.

En este sentido Jaramillo, de Vida Silvestre, remarca que “el sector productivo debe comprender que se trata de un búmeran” y que la adaptación al cambio climático requiere necesariamente basarse “en ecosistemas”. Por eso, subraya la necesidad de que exista “una clara vocación política tanto a nivel nacional como de las provincias” para lograr avanzar en ese camino.

“Acá se tira la pelota al costado atribuyendo todo al cambio climático. Mientras, la deforestación avanza y se encaran proyectos inmobiliarios sobre humedales”, grafica Hernán Giardini, de Greenpeace.

De acuerdo con el Informe del Estado del Ambiente, en el país existen 106 millones de hectáreas afectadas por diversos procesos de erosión. “El 30 por ciento de los suelos está degradado. Nosotros, que estamos tan orgullosos de la fertilidad de nuestra tierra, la mala praxis y el mal uso del uso, la degradaron”, aseveró el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la presentación de ese trabajo.

Aunque aún en etapa preliminar, uno de los modos en los que Argentina se propondría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, señala la publicación, sería a través de la rotación de los cultivos, esto es un “aumento de la superficie cultivada con cereales (trigo, maíz) y disminución de la superficie ocupada con oleaginosas (soja, girasol) respecto a la proporción de cultivos de la campaña 1997”.

 

Qué pasó con la ley de Bosques

“Desmontes e incendios forestales intencionales arrasan con nuestros últimos bosques nativos y provocan inundaciones cada vez más perjudiciales. Lamentablemente, en la Argentina estos crímenes contra la naturaleza no tienen condena: quedan completamente impunes o simplemente se les cobra una multa insignificante. Sumá tu apoyo para que la destrucción de bosques se convierta en un delito penal, se condene a los funcionarios que otorguen permisos de desmonte en zonas protegidas y se obligue a los culpables a reforestar”, plantea la petición de Greenpeace, que lleva cosechadas más de 260 mil firmas.

Si bien la Ley de Bosques fue celebrada como un logro sin precedentes por sectores de la sociedad civil que, durante mucho tiempo, habían pugnado por la sanción de una norma que regulara el uso de esos ecosistemas y que castigara a quien infringiera esos parámetros, su puesta en marcha se hizo esperar dos años y, ahora, lleva otros ocho aguardando que, dentro del Presupuesto Nacional, se asigne la cantidad de fondos suficientes para poder hablar de una efectiva puesta en práctica en todos sus alcances, incluido el control de su cumplimiento y la sanción a quienes la infringen.

“Hubo un aumento de 300 millones de pesos (en los fondos), pero no es lo que esa norma plantea”, admitió el ministro Bergman al presentar el Informe del Estado del Ambiente. En este sentido, sostuvo que si bien se trata de un resorte que depende del Congreso Nacional, es necesario “corregir esa distorsión”.

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines de 2014, en el país fueron deforestadas 2,1 millones de hectáreas, de las cuales casi el 30 por ciento correspondía a bosques protegidos, principalmente localizados en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.

Por eso, Greenpeace demanda la urgente sanción de una ley de delitos forestales que establezca al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo) como delito penal, así como también al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas.

Entre 1998 y 2015 se perdieron 4,15 millones de hectáreas de bosques nativos producto de la deforestación, aunque, aseguran desde el Gobierno, la tendencia se redujo un 16 por ciento durante el año pasado.

 

Otras leyes incumplidas

Las ONG ambientalistas lo vivieron como una gran frustración y una nueva señal de alerta. Todo parecía indicar que el Congreso de la Nación, antes de que finalizara 2016, sancionaría la llamada Ley de Humedales. Pero no fue así. “Los humedales permiten mitigar inundaciones y sequías; reservar agua dulce para consumo humano y animal; preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático”, aseveraron las organizaciones.

“Actualmente, aéreas del Litoral argentino se encuentran devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por actividades productivas intensivas e invasivas. Igual estado de situación aplica para el área que comprende el cauce del Río Luján, el valle del Río Gualeguaychú e islas del Delta, entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de monocultivos, deforestación y construcción de diques”, advirtieron en un comunicado dirigido a los legisladores la Asociación por la Justicia Ambiental (Ajam), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la cátedra libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires y la organización Salvemos el Río Gualeguaychú, entre otras.

En cuanto al estado de los glaciares, la Ley 26.639 –sancionada en septiembre del 2010– ordenó realizar un inventario que permitiría trazar un diagnóstico de situación y que, según aseguran desde el Gobierno, se encontraría en elaboración.

“Greenpeace denuncia el incumplimiento de la Ley de Glaciares y el intento del Gobierno Nacional de modificar la norma para beneficiar a las mineras. Actualmente hay más de 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo”, señala la ONG.

“Las tres normas –bosques, glaciares y humedales– implican una regulación a la producción y ahí entra a tallar la pulseada producción versus biodiversidad”, sostiene Javier Goldschtein, del Banco de Bosques.

 

Sin un plan

Más allá de las voces que desde diversas organizaciones de la sociedad civil reclaman un papel más activo y un compromiso concreto por parte de las autoridades, lo cierto es que, por el momento, las políticas oficiales no parecen mirar al largo plazo. De hecho, cuando en medio del drama de las inundaciones el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ofreció en abril pasado un informe de la marcha de la gestión ante el Senado de la Nación, sus respuestas en relación a la manera en que el Estado había enfrentado esta situación estuvieron estrictamente vinculadas a la atención de la emergencia y las obras a encarar. Pero nada de nada en relación a la recuperación de los ecosistemas. Por ahora, sin mirada a mediano y largo plazos.

 

¿Suficiente?

La norma tiene siete meses de vida y, con las últimas inundaciones, comenzó a ponerse en marcha. Se trata del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir), creado por la Ley 27.287, un organismo que pretende articular la asistencia, medidas oportunas e intervención necesaria ante emergencias y desastres. Desde la OPS/OMS Argentina evalúan a esta flamante norma como “un avance importante en materia de política pública. Fue pensada como innovadora y en consonancia con recomendaciones internacionales, con el fin de que tuviera una visión integradora, con un fuerte énfasis en las actividades de prevención, mitigación y preparación”, subraya Alejandra Bonadé, consultora en Emergencias y Desastres del organismo.

 

Música para salir del barro

Pensó que esos días serían una suerte de retiro. Una pausa. Un bálsamo. Pasadas las fiestas de fin de año, partió desde su San Nicolás natal hacia esa suerte de refugio familiar en La Emilia, una localidad de unos 5.000 habitantes anclada en el norte bonaerense, sobre el límite con Santa Fe.

“Nunca vi algo igual”, resume la cantante folclórica Anabella Zoch (foto). “Llovió tres días y medio sin parar y, en medio de la calma del lunes a la mañana (del 16 de enero pasado), los vecinos empezaron a avisar que algo raro estaba pasando”, recuerda.

Y así ocurrió. Mientras telefónicamente su familia le insistía con que dejara el lugar, ella intentaba rescatar algunas cosas hasta que, finalmente, decidió ir hacia una casa vecina, en una zona más alta. Desde allí, como pudieron, colaboraron con los vecinos, especialmente con la gente mayor. Pero el agua no dejaba de avanzar. Es que ya había traspasado el terraplén que protege al pueblo del Arroyo del Medio.

“La última gran inundación había sido hacía 50 años. Cuando empezó a bajar el sol nos dimos cuenta de que nosotros mismos teníamos que decidir qué hacer porque nadie se había acercado a ayudar”, relata Anabella. Así fue que, al igual que muchos otros vecinos, subieron a la terraza.

“Está todo perdido, está todo destrozado, las heladeras flotan, las camas flotan, los colchones flotan. La ayuda nunca llegó hasta esta mañana. Fue una película de terror. Todos subiendo por una escalerita al techo mientras nos rodeaban los sapos, las cucarachas por todos lados y todo flotaba sin parar. Y ahí estaba todo el mundo, sentado en el techo, durmiendo y cagado de hambre. Lo que hay que ver es qué vamos a hacer cuando vayamos a abrir las puertas de las casas”, afirmaba Zoch en un video subido a Youtube que envió a sus conocidos una vez que pudo volver a San Nicolás.

Así fue que la solidaridad, de la mano de Anabella y de colegas y amigos como Peteco Carabajal, Manuel Wirzt y La Mosca (Guillermo Novellis), entre otros, tomó forma de festival, el 8 de febrero, en el Club Social y Deportivo La Emilia, bajo el hashtag #noestansolos, reedición de una consigna surgida de la gran inundación en la ciudad de La Plata del 2013.  “Muchos nos dijeron que el festival le había devuelto la sonrisa al pueblo porque, después de tres semanas, era la primera vez que salían a algo que no fuera limpiar barro”, le cuenta la cantante a Tercer Sector.

Pero hay algo más. “Ante la tragedia, lo primero que sale a la luz tiene que ver con la gente, con las personas y allí sobresale la capacidad de ayudar que tienen los grupos de jóvenes, que es impresionante. Y, al final, lo más maravilloso es la fuerza que sale de los cuerpos de las personas para salir a salvar a otras personas”. Eso, y la ausencia de autoridades en medio de lo peor de la inundación, a Anabella, como a tantos otros, no la dejan de impactar. “La ayuda llegó cuando llegaron las cámaras y el país se enteró de que La Emilia estaba bajo el agua”. Una frase que, cuanto menos, invita a reflexionar. Por la inundación, una persona en La Emilia murió.

 

En emergencia

El 26 de abril pasado, el Congreso Nacional declaró, por ley, la emergencia –por el término de 180 días prorrogables por otro período similar- en once provincias afectadas por las inundaciones. La norma ordena la asistencia económica y financiera de la Nación, y estipula exenciones impositivas para las familias damnificadas.

La zona de “desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social” comprende las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta y Jujuy.

 

EE.UU. se retira del Acuerdo de París

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a comienzos de junio que su país, uno de los que más contribuyen al calentamiento global, abandonará el Acuerdo de París, la principal herramienta para afrontar el cambio climático a nivel mundial.

La decisión causó conmoción por tratarse del segundo emisor de dióxido de carbono a nivel global. Trump dejó a EE.UU. en el minoritario grupo de países (que también integran Nicaragua y Siria) que retiraron su apoyo al histórico pacto, firmado en 2015 y que cuenta con el aval de 194 naciones.

 

S.O.S. suelos

“Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutral del suelo” son algunos de los desafíos fijados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara al 2030, que –entre otros países– deben ser cumplidos por la Argentina.

 

Una respuesta insuficiente. Por Miguel Taboada *

Alrededor de 40 millones de hectáreas de nuestro país son anegables y, de ellas, el 43 por ciento se encuentra en la Pampa Húmeda. En los últimos 25 años, el área agrícola sembrada creció unas 13 millones de hectáreas y ese corrimiento de la frontera agropecuaria se produjo a expensas de bosques y pastizales, lo que las convirtió en zonas con riesgo hídrico por el ascenso de la napa freática, es decir, con el acercamiento a la superficie de las aguas subterráneas.

Hoy, muchos puntos del país, especialmente el centro de la región pampeana, atraviesan un verdadero drama económico y social producto del exceso de lluvias que se viene registrando desde hace tres años. Por poner sólo un ejemplo, en la localidad bonaerense de General Villegas hay campos que se encuentran desde hace 16 meses completamente bajo el agua.

En ese contexto, las obras acaparan las respuestas y las demandas. Pero hoy nadie quiere recibir el agua. Si el problema es enfrentado sólo haciendo canales, no va a haber capacidad que alcance. Necesitaríamos un caudal similar al de ríos de gran porte, algo que no sólo es imposible sino que, además, se suma al hecho de que no existe pendiente capaz de sacar ese agua municipios abajo.

¿Qué pasaría si, en un consorcio, por solucionar un problema en su departamento un vecino le pasa el problema al de abajo? De algo así se trata. No se pueden dar soluciones aisladas, porque el agua siempre va a llegar a algún lado y allí hay pueblos enteros desesperados. Por eso, es necesario un enfoque integral, que comience aguas arriba, reteniendo las que vienen de las zonas más altas, para evitar que inunden los llanos. A su vez, se debe procurar también que esas llanuras recuperen usos del suelo que les permitan aumentar la capacidad de consumo y de absorción de las aguas.

Ya lo decía Florentino Ameghino en 1884, en un trabajo titulado “Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Obras de retención y no de desagüe”. Evidentemente, 133 años después, todavía no lo hemos escuchado.

* Director del Instituto de Suelos del Inta.

 

La Pampa. Por Matías Sapegno *

En el barrio Almafuerte, de Santa Rosa, la capital de la provincia, algunos muchachos salen a la vereda con las cañas de pescar y tiran la línea en la calle, donde entre aguas de distinto olor y color nadan algunas carpas que llegaron desde la cercana laguna Don Tomás, desbordada por más de 400 milímetros de lluvia que cayeron en seis días.

Durante el pasado verano en La Pampa se quemaron 1.290.000 hectáreas como resultado de doscientos incendios que se produjeron en zonas rurales. Y a fines de marzo empezó a llover y llovió tanto que 1.800.000 hectáreas quedaron bajo agua, informó la delegación local del Inta. El fenómeno afectó a vecinos a quienes les entró agua en sus casas, a productores agropecuarios que quedaron con caminos y campos anegados y a automovilistas que debieron tomar desvíos ante las rutas cortadas.

Por ejemplo, en el noreste, en el departamento Maracó, donde el promedio anual de lluvias ronda los 700 milímetros, cayeron 1.586 entre el 28 de marzo y el 10 de abril, de acuerdo a los datos que releva la Policía pampeana en cada localidad.

Dos rutas nacionales, la 35 y la 188, fueron cortadas. La primera fue tapada por el agua en un tramo cercano a la localidad de Eduardo Castex, y la otra fue abierta con una máquina excavadora para que el agua de la banquina escurriera y siguiera su curso de acuerdo al terreno, en el extremo norte de la provincia.

Ante la contingencia actuó personal de cada municipio, de Salud provincial, Bomberos Voluntarios, Policía, estudiantes secundarios y el Ejército, que tuvo que colocar un puente en la ruta 188. Decenas de manos tratando de mitigar daños, muchas veces sin la coordinación necesaria.

En Santa Rosa, las familias de unas treinta casas del barrio Almafuerte fueron evacuadas en botes. Beatriz Dillon, directora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa, indicó: “Lo que pasó en Santa Rosa no está afuera de los ciclos normales, estamos atravesando un ciclo húmedo. Esto ya ha ocurrido, el último fue hace unos 40 años. Pero tampoco ésta es la única causa, sino una sola de entre un montón de causas que actuaron juntas y que se convirtieron en una catástrofe”.

* Periodista, desde Santa Rosa.

 

Opinión.

Causas de la emergencia. Por Inés Camilloni *

El cambio climático aparece recurrentemente como una de las posibles causas de las inundaciones en Argentina y esto es porque, si bien por una parte se manifiesta asociado a un incremento en la precipitación, en mayor medida se presenta a través de un aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias, de acuerdo con los resultados presentados en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.

La ocurrencia de eventos como ‘El Niño’ forman parte también de los fenómenos asociados a la generación de inundaciones, donde las precipitaciones excesivas dan lugar, por ejemplo, a crecidas extraordinarias en los grandes ríos de la cuenca del Plata.

Sin embargo, cuando las lluvias intensas producto de procesos de la variabilidad natural del clima o asociados a acciones antrópicas como el cambio climático caen sobre un territorio que fue utilizado discrecionalmente, las posibilidades de que se conviertan en catástrofe aumentan significativamente. Es así como se identifican múltiples causas de afectación de la superficie que se vinculan necesariamente con la ocurrencia de inundaciones: la deforestación, el monocultivo, las intervenciones específicas que modifican el escurrimiento natural, los desarrollos urbanísticos en áreas inundables y la lista continúa.

Las inundaciones que se desarrollan en Argentina son de diferentes tipos y, según un informe reciente del Banco Mundial, representan el 60% de las catástrofes que tienen lugar anualmente. Las hay urbanas, de llanura, ribereñas y, en todos los casos, las consecuencias representan enormes pérdidas. En particular, aquellas que afectan a ciudades ven los impactos de las lluvias intensas y la falta de planificación exacerbados debido al carácter hiperurbanizado de Argentina, donde 9 de cada 10 habitantes vive en ciudades.

La ocurrencia de inundaciones en nuestro país y el consecuente debate acerca de sus causas se instalan en el centro de la escena pública sólo cuando la emergencia socioambiental se hace evidente. De esta forma, se demoran las acciones de respuesta que deben realizarse antes, durante y después del episodio de la inundación. Los hechos demuestran que es imprescindible el diseño de estrategias de largo plazo donde la prevención sea el objetivo central.

* Directora de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (Cima-Conicet/UBA).

 

En Argentina sí pasa. Por Alejandra Bonadé *

Todos recordamos las inundaciones que afrontó La Plata en 2013 y de las que recientemente se cumplieron cuatro años. Hoy, cuando el cielo gris se asoma con fuerza sobre la ciudad, colapsan los servicios telefónicos locales de Defensa Civil. Está claro: la percepción del riesgo de una población que estuvo atravesada por una emergencia no es la misma que aquella que no la estuvo.

Para que esa percepción se ajuste lo más posible al riesgo real, es clave la preparación para hacer frente a esas posibles emergencias o desastres. En este marco, se debe trabajar sobre las vulnerabilidades de esa población, reconocer las amenazas –es decir, que esa comunidad reconozca a lo que está expuesta– y también comprender cuáles son las fortalezas con las que se cuentan.

Ninguna región del país escapa a las posibilidades de que pueda afrontar una emergencia o un desastre.

Por eso, es muy necesario desterrar aquel mito que indica que, en materia de desastres, en la Argentina “no pasa nada”. En la Argentina sí pasa. A miles de personas les llevó mucho tiempo poder recuperarse de inundaciones como las de Santa Fe y La Plata. Hoy, varias provincias son las dañadas. Pero las tormentas e intensas lluvias no son los únicos eventos que enfrentamos: sismos, incendios, olas de calor, brotes y epidemias, erupciones volcánicas, entre otros, forman parte del mapa de distribución de amenazas de nuestro país. Y si estamos bien preparados, responderemos mejor.

* Consultora en Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Argentina.

 

Cómo conectarse

Vida Silvestre: www.vidasilvestre.org.ar

Greenpeace Argentina: www.greenpeace.org/argentina/es/

Fundación Banco de Bosques: www.bancodebosques.org

Farn: www.farn.org.ar

Asociación por la Justicia Ambiental: www.justiciaambiental.org

Inta: www.inta.gob.ar

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: www.ambiente.gob.ar

OPS/OMS: www.paho.org/arg/

Banco Mundial: www.bancomundial.org

 

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