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El Gobierno denunció al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) con el argumento de que frenar los aumentos pone en riesgo el medio ambiente.

 

Una de las principales funciones de las OSC en el Estado democrático es ser contralor de las acciones de los gobiernos y defender los derechos de los ciudadanos. Está función está siendo  vulnerada. El gobierno inició una acción judicial para intentar bloquear medidas cautelares contra el aumento de las tarifas y denunció al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) por su intento destinado a frenar el último aumento del gas. Pero no solo eso, sino también incluye a todas las organizaciones, Las presentaciones las realizó el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El objetivo principal es frenar a Cepis y a “cualquier otra asociación, organizaciones e individuos, y hasta solicitudes cautelares de las primeras, requiriendo interrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional que intente poner en cuestión la política tarifaria.” sostienen el ministro Bergman y Saravia Frías al comienzo del escrito de nueve páginas que presentaron ante al juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 y al que accedió PáginaI12 en exclusiva. El gobierno tiene como argumento principal que el aumento de las tarifas es de interés público porque favorece el ahorro de energía, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

 

Organizaciones en riesgo

“Lo que busca el gobierno es lograr una cautelar para que nadie pueda impugnar la resolución 74/17 que fijó el precio del gas en boca de pozo ni las resoluciones del Enargas que van de la 300 a la 309 a través de las cuales se les autorizó el último aumento a las distribuidoras. En los hechos, la cautelar vendría a funcionar como una suerte de “anticautelar” al garantizar el cumplimiento de las normas. La dirigen contra Cepis por ser la organización que realizó la presentación, pero por las dudas agregan que también está destinada “contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva”. El jueves pasado el juez subrogante Enrique Lavié Pico aceptó el caso y ordenó la inscripción del proceso en el Registro de Procesos Colectivos. De este modo, el Estado Nacional representará al difuso colectivo “compuesto por los habitantes de la Nación, abarcando a las generaciones venideras”, resumió el magistrado.

Para fundamentar el bloqueo de las cautelares contra el tarifazo se afirma que “el estado de incertidumbre así creado atenta contra las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y su obligación de cumplir con el triple deber constitucional de: 1) utilizar racionalmente los recursos naturales, 2) proveer a la protección del medio ambiente, y 3) asegurar servicios públicos eficientes y de calidad”.

“Es una demanda de una pobreza argumental asombrosa. Pero más grave aún que eso, a través de este ataque se pretende instaurar un verdadero cepo judicial al prohibir que cualquier miembro de la sociedad peticione judicialmente por sus derechos, en este caso los afectados por el tarifazo de gas, pero mañana podría ser por cualquier otra vulneración.”, aseguró el abogado Mariano Lovelli, titular de Cepis.

(Pagina 12, 14/5/2018).

 

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