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Atravesado por la cuestión electoral, el debate parlamentario vio mermados sus  frutos durante el 2017, también en materia social. A continuación, un repaso de las principales leyes sancionadas en los últimos doce meses, muchas de las cuales no tienen aplicación práctica porque falta su articulación.

 

Emergencia Social

Sancionada en diciembre del 2016, la Ley de Emergencia Social fue puesta en marcha en marzo pasado, con su reglamentación. La norma fue fruto de un extenso y minucioso diálogo entre el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Desarrollo Social, y el denominado “triunvirato piquetero” –integrado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie–, con un rol crucial de la Pastoral Social como articuladora. Entre otros aspectos, la Ley 27.345 crea el Registro de Trabajadores de la Economía Popular; el Salario Social Complementario (cuyo valor es el 50 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil) y el Consejo de la Economía Popular, que funciona como una suerte de “paritaria social” para canalizar los reclamos del sector.

 

Egreso Asistido

En junio pasado, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en contar con una ley que procura garantizar desde el Estado el acompañamiento a adolescentes sin cuidados parentales, desde los 13 hasta los 21 años. La promulgada Ley 27.364 dispone la creación del “Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales”, de adhesión voluntaria por parte de los adolescentes. Por un lado, contempla un acompañamiento personal en distintas áreas –educación, trabajo, salud y vivienda– y, por el otro, estipula una asignación económica mensual, dado que se trata de una población no alcanzada por la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esa ayuda puede extenderse hasta los 25 años si el o la joven está capacitándose, como una forma de incentivarlos a que estudien, trabajen y encuentren un lugar donde vivir.

 

Femicidios y patria potestad

Sancionada a fines de mayo y vigente desde junio, la Ley 27.363 establece la privación automática de la responsabilidad parental a quienes sean condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidio, lesiones y abuso sexual de sus hijos. Merced a esta norma, la suspensión de la responsabilidad parental opera cuando se dicta el procesamiento, salvo cuando se trate de una mujer víctima de violencia de género que, en legítima defensa, mate a su pareja.

 

Electrodependientes

Conmocionados por la lucha de una mamá a la que se le había negado la provisión gratuita de un grupo electrógeno pese a los constantes cortes de energía que ponían en peligro la vida de su pequeña hija, el Congreso Nacional sancionó, en mayo pasado, la Ley 27.35, por la cual las personas electrodependientes ya no pagan la factura del servicio y tienen, además, el derecho a acceder a fuentes alternativas de energía (FAE), un aspecto que quedó reglamentado recién el 13 de noviembre último.

 

Paridad de género en las listas legislativas

De manera sorpresiva y con divergencias aun dentro de los bloques parlamentarios, durante la madrugada del 23 de noviembre pasado fue sancionada la Ley de Paridad de Género, que dispone que las listas que compitan para cargos legislativos a nivel nacional,a partir del 2019, deberán integrarse de manera alternativa y secuencial, por un hombre y una mujer. Esta medida, tendiente a garantizar una participación política equitativa entre géneros, era reclamada por distintas Organizaciones de la Sociedad Civil.

 

Tierras indígenas

En el marco del debate y la polémica generada por la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado en un contexto de disputa por tierras reclamadas por pueblos originarios en la provincia de Chubut, y con el impulso de organizaciones sociales y de la sociedad civil, en noviembre quedó sancionada la prórroga por cuatro años de la vigencia de la Ley 26.160, que declara la emergencia en todo el país en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas con personería jurídica registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Esta norma, promulgada pero pendiente de reglamentación, además impide los desalojos.

 

Represores sin 2×1

Empujado por el malestar generado por una seguidilla de decisiones judiciales que beneficiaron a represores de la última dictadura cívico-militar, el Congreso Nacional sancionó, en un trámite exprés y con el apoyo mayoritario de los bloques, una ley que entró en vigencia en mayo y prohíbe la aplicación del sistema de cómputo de penas conocido con el nombre de “2×1” para los casos de crímenes de lesa humanidad.

 

Brisa

El 31 de agosto pasado, la Legislatura porteña aprobó una ley que fija una reparación económica para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, como consecuencia de un femicidio, perdieron a sus madres. Se trata de una iniciativa que había sido impulsada por la Defensoría del Pueblo porteña y la ONG Casa del Encuentro que, a partir de su reglamentación en noviembre último, está vigente en la Ciudad, mientras que a nivel nacional aguarda el tratamiento de la Cámara de Diputados tras la media sanción que obtuvo en el Senado.

 

Seguridad

En materia penal, el Congreso Nacional sancionó este año normas que ya fueron puestas en vigencia y establecen límites a las excarcelaciones para casos de delitos graves, además de crear un régimen de  protección a víctimas de delitos que prevé la apertura de centros especializados para brindarles contención y la posibilidad para el damnificado de participar en el proceso penal que se siga contra el imputado.

 

Corrupción

Luego de idas y vueltas, y de discusiones sobre su validez jurídica, el 8 de noviembre pasado finalmente fue sancionada una ley que penaliza a las empresas involucradas en hechos de corrupción. Las sanciones van desde multas hasta la suspensión de la actividad y de la participación en licitaciones de Estado. La norma está pendiente de reglamentación y se prevé que comience a regir durante 2018.

FuenteRevista Edición 114
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